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Comuneros mapuche en huelga de hambre

La vida de cuatro comuneros mapuche corre peligro a consecuencia de una huelga de hambre que iniciaron hace más de 100 días en protesta por los procedimientos judiciales iniciados contra ellos en virtud de la Ley Antiterrorista de Chile.

Alfredo Tralcal Coche, Benito Trangol Galindo, Pablo Trangol Galindo y Ariel Trangol Galindo, todos ellos pertenecientes al grupo mapuche, permanecen recluidos en detención preventiva en la prisión de Temuco, en la región chilena de la Araucanía desde el 10 de junio de 2016, tras haber sido acusados de haber quemado una iglesia evangélica ese mismo mes. Su acusación se ha formulado bajo la Ley Antiterrorista de Chile, que permite una detención preventiva prolongada y utiliza una interpretación extremadamente amplia del término “delitos de terrorismo”.

Los mecanismos internacionales de derechos humanos han determinado que la definición de “delitos de terrorismo” debe limitarse exclusivamente a las actividades relacionadas con el uso de violencia mortal o grave contra civiles, y que la detención preventiva prolongada debe ser una excepción, no la norma, para no violar la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Pese a ello, la legislación chilena no se ha modificado en modo alguno, y sigue utilizándose casi exclusivamente contra los integrantes del pueblo mapuche que protestan por su derecho a la tierra en la región chilena de la Araucanía.

En respuesta a esta injusticia, los cuatro mapuche iniciaron una huelga de hambre el 9 de junio de 2017 para reclamar que su caso se juzgara en procedimientos ordinarios de derecho penal, no en virtud de la Ley Antiterrorista. El 25 de septiembre, Benito Trangol Galindo inició una huelga de hambre “seca” —con la que se niega a ingerir líquidos—, en un esfuerzo por obligar a las autoridades a garantizar el debido proceso.

La integridad personal de los cuatro acusados corre peligro, y los cargos en virtud de la Ley Antiterrorista deben retirarse de inmediato para permitir que el juicio proceda según los procedimientos penales ordinarios, de plena conformidad con las normas internacionales.

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