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ELEMENTOS CENTRALES QUE DEBE CONTENER UN NUEVO PROYECTO DE LEY A JUICIO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

11, Abr. 2017

1.- Derechos de las personas migrantes

La legislación migratoria actual se limita a regular desde una perspectiva de seguridad, indicando las condiciones de entrada y salida de las personas extranjeras en Chile. Resulta fundamental que la legislación migratoria establezca expresamente los derechos de las personas migrantes, y que la regulación de éstos se encuentre en línea con los derechos consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos que resultan aplicables.

En términos generales, y siguiendo la normativa de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares – ratificado por el Estado de Chile en el 2005, todas las personas migrantes, sin excepción alguna y con prescindencia de su condición migratoria, tienen derecho a:

  1. El derecho a la vida y a la integridad física y síquica sin distinción alguna respecto de cualquier otra persona, incluyendo expresamente el derecho a la vida (artículo 9), el derecho a no ser sometido a torturas y ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 10), el derecho a la vida privada y a la honra (artículo 14), del derecho a no ser privado arbitrariamente de sus bienes (artículo 15) y el derecho a la libertad y seguridad personales (artículo 16).
  2. El derecho a la vida y a la integridad física y síquica sin distinción alguna respecto de cualquier otra persona, incluyendo expresamente el derecho a la vida (artículo 9), el derecho a no ser sometido a torturas y ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 10), el derecho a la vida privada y a la honra (artículo 14), del derecho a no ser privado arbitrariamente de sus bienes (artículo 15) y el derecho a la libertad y seguridad personales (artículo 16).
  3. El goce de las garantías procesales generales, sin distinción respecto de los nacionales, lo cual incluye el asegurar que, en caso de ser privados de libertad, lo sean en condiciones humanas (artículo 17), el goce de igualdad de derechos ante los tribunales de justicia (artículo 18), el principio de legalidad en materia penal (artículo 19) y el derecho a no ser encarcelado por no cumplir una obligación contractual (artículo 20).
  4. El derecho a salir libremente de cualquier Estado, salvo restricciones autorizadas por el propio convenio, y a volver en cualquier momento al Estado del cual es nacional (artículo 8). Tratándose de las personas migrantes en situación regular, además tienen el derecho de ausentarse temporalmente de un Estado, sin que ello afecte su autorización de residencia o empleo (artículo 38).
  5. El derecho a que la expulsión de un Estado se rija por las limitaciones y regulaciones del Convenio, las cuales incluyen el derecho a no ser expulsado ni privado de la residencia por el sólo hecho de cumplir con una obligación del contrato de trabajo (artículo 20), la prohibición de adoptar medidas de expulsión colectiva, derecho a que las expulsiones sean aprobadas caso a caso y siguiendo estándares mínimos de legalidad y bilateralidad (artículo 22). Existen además limitaciones adicionales a la expulsión para trabajadores en situación regular (artículo 56).
  6. El derecho a la personalidad jurídica (artículo 24) y a que los documentos de identidad sólo sean confiscados o destruidos por autoridades debidamente autorizadas de acuerdo a la ley – y en ningún caso se permite la destrucción del pasaporte (artículo 21). Los hijos/as de personas migrantes – estén o no en situación regular – tienen derecho a un nombre, al registro de su nacimiento y a una nacionalidad (artículo 29).
  7. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluyendo la adopción de la creencia o religión, y su expresión (artículo 12), así como los derechos a opinión y a la libertad de expresión (artículo 13).
  8. Derecho a tener un trato igual a los nacionales en el sistema de seguridad social (artículo 27), y a recibir atención médica de urgencia (artículo 28). Tratándose de personas migrantes en situación regular, derecho a completa igualdad de trato en el acceso a servicios sociales y de salud (artículo 43 e)).
  9. Los hijos/as de personas migrantes en situación irregular tienen derecho a la educación en igualdad de trato con los nacionales (artículo 30). Este derecho se extiende a la propia persona migrante y a su familiares, tratándose de personas en situación regular (artículo 43 a), b) y c) y artículo 45 a) y b)).
  10. El acceso a derechos laborales en igualdad de trato con los nacionales. Todas las personas migrantes tienen derecho a no ser sometidos a esclavitud, servidumbre ni trabajos forzados (artículo 11), a recibir un trato no menos favorable que los nacionales en materia de empleo (artículo 25) y a sindicalizarse y recibir asistencia de sindicatos (artículo 26). Tratándose de personas en situación migratoria regular, se les reconoce además el derecho a formar sindicatos (artículo 40), la libertad para elegir la actividad remunerada que quieran ejercer, bajo ciertas restricciones autorizadas (artículo 52), la igualdad de trato para ejercer la actividad remunerada elegida (artículo 55) y la igualdad de trato con nacionales en caso de despido y para acceder a prestaciones por desempleo (artículo 54).
  11. Tratándose de sus bienes y dinero, todas las personas migrantes deben poder transferir libremente sus ingresos y ahorros fuera del país (artículo 32). Adicionalmente, para personas en situación regular, se les garantiza este mismo derecho (artículo 47), más la exención de derechos e impuestos para importar y exportar sus efectos personales (artículo 46) y la igualdad de trato en impuestos y medidas para evitar la doble tributación (artículo 48).
  12. El derecho al respeto a la identidad cultural (artículo 31). Tratándose de personas en situación migratoria regular, y sus familias se garantiza la igualdad de trato en el acceso a la vida cultural y a la participación en la misma (artículo 43 g)).
  13. Derecho a recibir información acerca de sus derechos (artículo 33) y a tener protección o asistencia de sus autoridades consulares o diplomáticas (artículo 23). Tratándose de personas migrantes en situación regular, se establece el derecho a recibir información completa acerca de las condiciones para su admisión y permanencia en el país (artículo 37), el derecho a continuar participando en los asuntos públicos y a votar en su Estado de origen (artículo 41) y a que los Estados consideren mecanismos para facilitar su participación en decisiones que los afecten (artículo 42).

Finalmente, tratándose de trabajadores migratorios en situación regular, es importante mencionar dos derechos adicionales:

  1. El derecho a la protección de la unidad de la familia (artículo 44, 50).
  2. El derecho a la libertad de movimiento y a elegir el lugar de su residencia, con ciertas limitaciones autorizadas (artículo 39), a que la autorización de residencia sea a lo menos por el mismo tiempo que el empleo que desempeñará (artículo 49) y a recibir igualdad de trato respecto de los nacionales en el acceso a una vivienda (artículo 43 d)).

2.- Institucionalidad migratoria

En primer lugar, resulta de especial importancia que Chile ratifique prontamente algunos tratados internacionales de carácter genérico que tengan incidencia en las personas migrantes, y de carácter especial, cuyo propósito sea esencialmente la protección a estas personas. Entre estos tratados se encuentra la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención para reducir los casos de Apatridia y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, se recomienda que Chile acepte expresamente la competencia del Comité sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios, haciendo la declaración pertinente, lo que permitiría una mejor fiscalización respecto al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios.

En cuanto a instituciones que den protección a las personas migrantes, resulta fundamental que exista un órgano del Estado en condiciones de recibir denuncias por vulneración de derechos de estas personas, y que tenga la posibilidad de darles asistencia jurídica y exigir sus derechos en las instancias pertinentes.

Finalmente, resulta apropiado que, aparejado a la legislación, exista una Política Nacional de Migraciones que tenga un carácter de estable y direccionada al respeto y protección de las personas en movimiento, resultando también pertinente que sea la ley la que defina algunas orientaciones y delimitaciones respecto de su contenido. Asimismo, Amnistía Internacional recomienda que se incorporen expresamente mecanismos de participación de la sociedad civil y de las propias personas migrantes, tanto en la definición de esta Política, como también en su implementación y revisión posterior.

3.- Normas del debido proceso

Para Amnistía Internacional, es necesario que la ley establezca de manera expresa y con detalle los límites de la potestad reglamentaria del ejecutivo en la definición de aspectos de detalle de la ley, asegurando que el procedimiento será accesible para todas las personas extranjeras sin discriminación alguna, sea por nacionalidad, sexo, idioma, edad, origen étnico u otras consideraciones arbitrarias.

4.- Participación de sociedad civil, especialmente de personas migrantes

A juicio de Amnistía Internacional, no existiendo actualmente mecanismos que vayan en esta dirección, la revisión de la legislación migratoria resulta una oportunidad para crear estos mecanismos y asegurar la participación de la sociedad civil y de las propias personas migrantes, tanto en el proceso legislativo, como en la institucionalidad que se cree con posterioridad.

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