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Comuneros mapuche en huelga de hambre

27, Sep. 2017

El pueblo mapuche es un grupo originario americano que habita en el sur de Chile y el suroeste de Argentina, y que lleva luchando en defensa de sus tierras ancestrales durante toda la historia de Chile. Aunque el Estado chileno reconoce la existencia de territorios mapuche, estos territorios se han ido reduciendo progresivamente, y han aumentado las tensiones en regiones como la Araucanía, donde el pueblo mapuche sigue reclamando la propiedad de su territorio y el respeto de su identidad cultural.

La Ley Antiterrorista de Chile ha sido criticada por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, como el relator especial de la ONU sobre el terrorismo y los derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no se corresponde con los derechos humanos y porque se aplica selectivamente a las comunidades mapuche que reclaman sus tierras ancestrales.

En el Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile porque el caso, que implicaba a miembros de la comunidad mapuche, se había procesado en virtud de la Ley Antiterrorista. La Corte consideró que algunas de las disposiciones de la ley violaban el derecho a la legalidad, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la libertad.

La ley permite a las autoridades utilizar la detención preventiva prolongada, que normalmente sólo se justifica por la gravedad de la acusación. Sin embargo, la mera gravedad del delito del que se la acuse no puede ser razón suficiente para mantener a una persona bajo custodia durante largos periodos de tiempo. El tratar la detención preventiva como una sanción anticipada constituye de por sí una violación de la presunción de inocencia. Además, la justificación de la detención preventiva no es estática. Debe haber una revisión continuada de su legalidad y su necesidad, reevaluando en cada caso la validez de las circunstancias que se utilizaron para justificarla, incluido el tiempo durante el cual la persona acusada ha permanecido privada de su libertad.

En el caso de Alfredo Tralcal Coche, Benito Trangol Galindo, Pablo Trangol Galindo y Ariel Trangol Galindo, todos ellos recluidos en virtud de la medida de detención preventiva de la Ley Antiterrorista y acusados de un delito de incendio terrorista, los acusados han pedido en 15 ocasiones, sin éxito, que se revoque esa situación.

En dos ocasiones, en los casos de Ariel Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo, el Juzgado de Garantía concedió a los acusados el arresto domiciliario, pero esta concesión fue luego revocada por la Corte de Apelaciones de Temuco. La base utilizada para las dos decisiones se fundamentaba casi exclusivamente en la gravedad del delito y en el posible castigo aplicable.

Además, tras su visita a Chile en 2013, el relator especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo declaró que no debían formularse nuevos cargos en virtud de la legislación antiterrorista contra mapuche que protestaban por cuestiones de tierras, y que los cargos existentes por este motivo contra mapuche que se enfrentaban al procesamiento en virtud de la legislación antiterrorista debían ser revisados y sustituidos por procesamientos en virtud de la legislación penal común. También pidió un mecanismo que revise las declaraciones de culpabilidad y las condenas impuestas en el pasado en virtud de la legislación antiterrorista a mapuche que protestaban por cuestiones de tierras.

Por último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó, en sus observaciones de 2014 a Chile, que el Estado se abstenga de aplicar la ley contra mapuche y que reforme la legislación para que sea plenamente conforme con las normas internacionales.

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