Al menos 643 hombres y niños de Saqlawiyah, en la gobernación de Anbar, Irak, llevan más de un año en paradero desconocido tras ser secuestrados por las milicias de las Unidades de Movilización Popular (PMU). Los secuestros tuvieron lugar durante las operaciones militares para retomar Faluya y sus alrededores, bajo control del grupo armado autodenominado Estado Islámico. Sus familias viven angustiadas desde entonces, sin saber si sus seres queridos están a salvo o incluso si siguen con vida.
¿Qué ha sucedido?
Según testimonios recabados por Amnistía Internacional de personas que habían sido secuestradas, de testigos y de familiares de las personas víctimas de desaparición forzada, miles de hombres, mujeres y niños que huían de la zona de Saqlawiyah la mañana del 3 de junio de 2016 fueron interceptados por hombres armados con ametralladoras y fusiles de asalto. Los testigos identificaron a los hombres armados como pertenecientes a las PMU, por los emblemas de sus uniformes y las banderas.
Los hombres armados separaron a las mujeres y los niños de más corta edad de unos 1.300 hombres y niños más mayores a los que consideraban en edad de combatir. Llevaron a esos hombres y niños a edificios, garajes y comercios abandonados en las áreas cercanas y les confiscaron los documentos de identidad, teléfonos, anillos y otros objetos de valor. Después, los hombres armados les ataron las manos a la espalda, en la mayoría de los casos con esposas de plástico.
Al ponerse el sol llegaron varios autobuses y, junto con un camión de gran tamaño que ya estaba estacionado allí, transportaron a parte de los detenidos. Sigue sin conocerse la suerte de los hombres y niños que subieron a esos vehículos.
Los hombres restantes fueron transportados en grupos durante la noche a un lugar que los supervivientes describieron como la “casa amarilla” (al-beit al-asfar), donde fueron sometidos a tortura y otros malos tratos y se les privó de alimentos y agua y no se les permitió utilizar instalaciones sanitarias. Los supervivientes contaron que fueron golpeados por todo el cuerpo y en la cabeza con cables de metal, tuberías metálicas, palas y palos de madera, y que vieron a otros detenidos morir a consecuencia de las torturas infligidas ante ellos y que también vieron que se llevaron a otros durante la noche y que no regresaron.
Y entonces:
Las autoridades iraquíes crearon dos comités:
1- La Oficina del Primer Ministro de Irak, Haider al Abadi, estableció un comité el 5 de junio de 2016 para investigar las desapariciones y los abusos cometidos en el contexto de las operaciones militares para retomar Faluya.
2- Por otra parte, el gobierno local de Anbar creó un comité de investigación que el 11 de junio de 2016 publicó conclusiones en las que se afirmaba que 643 hombres y niños de la zona de Saqlawiyah desplazados internamente se hallaban en paradero desconocido. El comité presentó sus conclusiones al primer ministro de Irak para que se siguiera investigando y se emprendieran más acciones.
Amnistía Internacional realizó entonces una declaración:
En un informe publicado el 18 de octubre de 2016, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que el gobierno no hubiera tomado ninguna medida para proteger a las víctimas y a los testigos, sobre todo por que entre los miembros del comité había cuerpos de seguridad posiblemente implicados en violaciones de derechos humanos. En consecuencia, algunos de los testigos podían haberse mostrado reacios a testificar porque temían por su seguridad.
El 16 de junio y el 21 de septiembre de 2016, Amnistía Internacional dirigió un memorando a la Oficina del Primer Ministro de Irak solicitando información sobre las medidas adoptadas para investigar los presuntos abusos cometidos en el contexto de las operaciones militares para retomar Faluya y sus alrededores iniciadas el 23 de mayo.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades iraquíes que:
- revelen la suerte y el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada por las PMU y las fuerzas de seguridad iraquíes;
- garanticen que las investigaciones sobre las denuncias de tortura, desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos se lleven a cabo de manera exhaustiva, imparcial e independiente;
- hagan públicas las conclusiones del comité establecido por el primer ministro y hagan rendir cuentas a los perpetradores, independientemente de su rango o afiliación,
- al más alto nivel del Estado, reconozcan públicamente y condenen la magnitud y la gravedad de los crímenes de guerra y otros abusos contra los derechos humanos cometidos durante la operaciones de Faluya.
Pero de nada ha servido:
Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido respuesta alguna por parte de las autoridades iraquíes.
Sigue sin estar claro si las conclusiones del comité establecido por la Oficina del Primer Ministro se han hecho públicas o se han compartido con las autoridades judiciales.
A finales de mayo de 2017, familiares de las personas en paradero desconocido que se hallaban en campos de desplazados internos en la gobernación de Anbar y con quienes los equipos de investigación de Amnistía Internacional estaban en contacto afirmaron seguir sin noticias sobre la suerte de sus seres queridos y no haber sido contactados por ningún representante del gobierno central de Irak desde el año pasado.
Un desplazado interno, cuyos hermano de 26 años, Ibrahim Hameed Hussein, y dos primos, de 24 y 31 años, permanecen en paradero desconocido, dijo a Amnistía Internacional que su familia no sabía nada de su suerte desde hacía un año: “Simplemente déjenlo volver junto a sus hijos. Es lo único que pedimos”.
Un representante del gobierno local de Anbar informó a Amnistía Internacional de que las familias de los hombres desaparecidos habían hecho frente a obstáculos administrativos al tratar de denunciar la desaparición de sus seres queridos ante los tribunales locales.
¡Actúa!
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Información complementaria
La desaparición forzada de cientos de hombres en Saqlawiyah en junio de 2016 no es un incidente aislado. Desde la aparición del autodenominado Estado Islámico y de otros grupos armados, como Al Qaeda, en Irak, miles de hombres y niños suníes han sido sometidos a desaparición forzada por las fuerzas de seguridad y por milicias respaldadas por el gobierno en el actual contexto del conflicto armado, la inseguridad y el aumento de las tensiones sectarias.
El delito de desaparición forzada no solo afecta a las víctimas directas —a las que se aísla del mundo exterior y quedan en una situación de vulnerabilidad frente a una serie de abusos, tales como la tortura y posibles asesinatos—, sino que también afecta a sus familiares, que viven con la angustia de no conocer la suerte de sus seres queridos durante meses e incluso años. Amnistía Internacional ha documentado cómo los familiares no escatiman esfuerzos para descubrir cualquier información sobre las personas desaparecidas en Irak. Se dirigen a los cuerpos de seguridad; presentan denuncias e informan de la desaparición de personas a la policía y los tribunales; pagan exorbitantes cantidades de dinero a intermediarios que tienen vínculos con las milicias o funcionarios del Estado; preguntan en las prisiones, otros centros de detención, hospitales y morgues; se ponen en contacto con organizaciones de derechos humanos y humanitarias, y muestran fotos de sus familiares desaparecidos a detenidos liberados con la esperanza de que los puedan identificar. En Iraq, la desesperada búsqueda de los familiares solo ha obtenido la indiferencia y la pasividad del gobierno por respuesta.
Amnistía Internacional ha documentado decenas de desapariciones forzadas en las gobernaciones de Anbar, Bagdad, Diyala y Salah al Din desde 2014. El 21 de septiembre de 2016, la organización envió al primer ministro Haider al Abadi información detallada relativa a 105 casos individuales de desaparición forzada que habían tenido lugar entre septiembre de 2012 y agosto de 2016, pidiéndole que garantizara investigaciones sin demora, independientes e imparciales para determinar la suerte y el paradero de los desaparecidos y que los sospechosos de responsabilidad penal respondan ante la justicia en juicios justos.
Las anteriores investigaciones del gobierno sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por las PMU tampoco ofrecieron recursos y reparaciones a las víctimas. Por ejemplo, hasta donde ha podido saber Amnistía Internacional, los resultados de las investigaciones anunciadas sobre los homicidios ilegítimos y otros abusos perpetrados por las PMU en el pueblo de Barwana y la ciudad de Muqdadiya, en la gobernación de Diyala, que se llevaron a cabo el 26 de enero de 2015 y el 11 de enero de 2016, respectivamente, no se han hecho públicos, y ningún miembro de las PMU ha rendido cuentas.