MANTENER UN DECRETO LEY DE LA DICTADURA QUE VULNERA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES ES LIMITADO, RETRÓGRADO Y ABSURDO
Amnistía Internacional ha lanzado la campaña “Chile sin barreras” que tiene por objetivo instar al Gobierno a que presente con premura y dé prioridad a la tramitación de un proyecto de ley de migraciones que garantice los derechos humanos de las personas migrantes. Además, busca sensibilizar a los/las parlamentarios/as y a la ciudadanía en general sobre las continuas vulneraciones que sufren las personas extranjeras que residen en el país y avanzar en la plena inclusión de todas y todos.
Actualmente, Chile cuenta con una Ley de Extranjería que se remonta a 1975, el Decreto Ley 1094, cuyo objetivo central es preservar la seguridad nacional, regulando exclusivamente condiciones de entrada, permanencia y salida de Chile. Cuarenta años más tarde y con 465 mil extranjeros que han convertido al país en testigo de un flujo de inmigración nunca antes visto, este Decreto Ley sigue vigente, ocasionando graves vulneraciones al acceso a derechos y a la vida cotidiana de las personas migrantes.
Arbitrariedades en las fronteras; dificultad en el acceso a diversos derechos sociales; problemas para validación de estudios; niños y niñas con matrículas provisorias; explotación y condiciones laborales precarias y hacinamiento, son las principales barreras que las personas migrantes deben sobrellevar en Chile. Lamentablemente esto se acrecienta cuando la situación migratoria es irregular. Sin embargo, incluso cuando cuentan con visados y permanencias regulares, las personas migrantes siguen siendo altamente vulnerables a abusos y a hostilidades por parte de una sociedad que no los reconoce plenamente como sujetos de derechos.
Además, el decreto ley actual tiene una visión economicista de la migración y considera básicamente a los migrantes como fuentes de trabajo, estando finalmente al servicio del mercado laboral y no de las personas ni de sus derechos. “Regular la migración con un decreto propio de la Dictadura y que pone el foco de manera exclusiva en la seguridad y en lo económico es limitado, retrógrado y absurdo. Chile debe abordar este complejo proceso con un nuevo marco legal que cumpla en plenitud con los estándares de derechos humanos”, menciona Roberto Morales, presidente de Amnistía Internacional Chile.
Sin duda, en el último tiempo se han dado algunas señales positivas que dan cuenta de un mayor respeto de la normativa internacional. Un ejemplo es el reconocimiento como chilenos de los niños y niñas nacidos en el país, con independencia de la situación migratoria de sus padres. Sin embargo, esta medida -como varias más- ha sido adoptada por vía administrativa y no legal; es decir, depende de la voluntad de la autoridad política de turno.
Para Amnistía Internacional, la dinámica de los procesos sociales actuales nos exige respeto por las individualidades del otro y el reconocimiento digno de las diferencias. “Contar con una nueva ley de migración es una necesidad y una obligación, no un simple lujo. Chile ha suscrito numerosos instrumentos internacionales en esta materia que le exigen alinear sus políticas internas”, menciona Roberto Morales.
Si bien, el compromiso de reformar la legislación migratoria formó parte del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la iniciativa aún no se traduce en proyecto de ley. Según las últimas informaciones difundidas en la prensa, es posible que el gobierno priorice para este mes la presentación del proyecto en esta materia.
Amnistía Internacional espera que dicho proyecto establezca de manera expresa los derechos de las personas migrantes en línea con los estándares de derechos humanos, que fortalezca la institucionalidad migratoria, asegure normas de un debido proceso y defina los mecanismos de participación social y cívica de la sociedad civil y, especialmente, de las personas migrantes.
Por otra parte, lamentablemente, este tema muchas veces es abordado a partir de un discurso discriminatorio, misógino y xenófobo que no hace más que deshumanizar a las personas migrantes, perpetuando prejuicios, mitos y divisiones. Esta preocupación se acrecienta más cuando estamos en un año electoral pues, dada la manera en que se ha posicionado este tema mediáticamente, es probable que se instalen narrativas segregacionistas, airadas y antojadizas.
“Como Amnistía Internacional alertamos que el instalar este tipo de discursos hace cuestionar los fundamentos básicos de los derechos humanos al plantear que “algunas personas tienen menos valor que otras” y que para cumplir ciertos objetivos de seguridad nacional podemos acudir al “todo vale”, menciona Roberto Morales.
Amnistía Internacional concluye que, si bien, los Estados tienen la facultad de determinar libremente sus programas migratorios, establecer mecanismos para saber quién cruza sus fronteras y tomar medidas para minimizar la migración no autorizada; esto no los libra de respetar en cada momento los derechos de las personas migrantes.
Más información