Desde las calles de Ferguson (Misuri) a las favelas de Brasil, el uso de la fuerza y de armas de fuego por la policía salta a los titulares de todo el mundo cuando causa víctimas mortales.
Pero hay innumerables casos más, incluida la actuación ante manifestaciones, en que la policía recurre a la fuerza con demasiada rapidez en lugar de tratar de resolver la situación pacíficamente. En muchos países, la policía emplea gas lacrimógeno, balas de goma y otras armas, haciendo un uso arbitrario, abusivo o excesivo de la fuerza con graves daños, como muertes y mutilaciones, y a menudo con poca o ninguna rendición de cuentas.
Amnistía Internacional ha respondido a esta grave deficiencia en la actuación policial publicando unas exhaustivas directrices para que las autoridades garanticen que la policía concede máxima prioridad al respeto y la protección de la vida y la integridad física.
“Con demasiada frecuencia, en muchos países de todo el mundo el uso de la fuerza por parte de la policía infringiendo las normas internacionales o las leyes nacionales causa muertes o lesiones graves”, dice la autora del informe, Anja Bienert, del Programa Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Países Bajos.
“Nadie discute que la policía tiene un trabajo difícil y en ocasiones incluso peligroso. Pero a menudo los gobiernos y las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes no crean un marco que garantice que sólo emplea la fuerza cuando es legítimo, no viola los derechos humanos y constituye el último recurso.
“El objetivo de estas nuevas directrices es eliminar esta laguna y proporcionar medidas legales y prácticas que los Estados pueden y deben adoptar para garantizar que la policía no utiliza la fuerza de modo excesivo, abusivo, arbitrario o ilegal. Para que esto suceda, es preciso garantizar que la policía rinde cuentas por cualquier uso de la fuerza.”
Amnistía Internacional presenta Use of Force – Guidelines for Implementation of the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by law enforcement officials (Uso de la fuerza: directrices para la aplicación de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley) coincidiendo con el 25 aniversario de la adopción de los Principios Básicos en septiembre de 1990. Los Principios Básicos se consideran el instrumento clave para que los Estados garanticen el cumplimiento de su obligación de respetar y defender el derecho a la vida y a la integridad física.
Las directrices de Amnistía Internacional se basan en ejemplos de leyes nacionales, normativas internas y documentos de formación de 58 países de todas las regiones del mundo. Sus pormenorizadas conclusiones y recomendaciones pretenden servir de apoyo a las autoridades para que apliquen los Principios Básicos de la ONU y garanticen una actuación policial adecuada, eficaz y respetuosa con los derechos humanos.
La facultad de utilizar la fuerza y las armas de fuego es indispensable para que la policía lleve a cabo sus obligaciones, pero esto no significa que sea algo inevitable en su labor. De hecho, el principio subyacente a las normas internacionales sobre actuación policial es que no se emplee la fuerza salvo que sea realmente necesario. Actualmente en muchos países la policía no cumple este principio, y a menudo recurre al uso de la fuerza y de las armas de fuego de forma arbitraria, excesiva o ilegítima.
En todas las regiones del mundo hay ejemplos en los que el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de la policía ha provocado muertes y lesiones graves. Éstos son algunos ejemplos de los últimos años:
Los homicidios cometidos por la policía en Brasil, que afectan desproporcionadamente a hombres jóvenes de raza negra;
Los numerosos incidentes de disparos en Estados Unidos en los que han muerto personas desarmadas, también con un impacto desproporcionado sobre la población masculina afroamericana;
En Bangladesh, fuerzas especiales de la policía llevan a cabo duras operaciones policiales con empleo de fuerza letal que ocasionan muchas muertes;
El uso de gas lacrimógeno, balas de goma y otros medios de fuerza –en ocasiones incluso armas de fuego– en concentraciones públicas, ocasiona graves lesiones, como en Bahréin, Burundi, Camboya, Grecia, España, Turquía, Venezuela y Ucrania.
Las razones son diversas: leyes nacionales que contradicen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, normativas internas deficientes, formación y material inadecuados, falta de control de la cadena de mando y ausencia de rendición de cuentas de los agentes que actúan fuera de la ley.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que utilicen sus nuevas directrices para resolver estas deficiencias y adecuen las leyes nacionales y su aplicación a los Principios Básicos de la ONU.
“Los Principios Básicos de la ONU reconocen que, en ciertas circunstancias concretas, la policía puede y debe usar la fuerza para mantener la ley y el orden. Pero debe hacerlo de conformidad con las leyes internacionales de los derechos humanos y sin que esta posibilidad pueda considerarse una licencia para matar ni una garantía de impunidad a los agentes: nadie está por encima de la ley, especialmente quienes tienen la obligación de defenderla y respetarla”, ha dicho Anja Bienert.
NOTA PARA PERIODISTAS:
1. Los Principios Básicos de la ONU fueron elaborados por diversos expertos en tareas policiales, incluidas autoridades policiales, y debatidos en una serie de reuniones y consultas preparatorias antes de su adopción en septiembre de 1990 en una conferencia de la ONU celebrada en La Habana (Cuba). En diciembre de 1990, una resolución de la Asamblea General de la ONU celebró su adopción. El texto completo de los Principios Básicos está en los anexos de las directrices y también puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
2. Amnistía Internacional presentará sus directrices en un acto que se celebrará en Londres el 7 de septiembre, al que asistirán varios expertos en temas policiales que compartirán sus puntos de vista sobre la forma en que los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden respetar debidamente los Principios Básicos de la ONU.