BANGLADESH: LA EJECUCIÓN DE NIZAMI NO SERVIRÁ PARA HACER JUSTICIA

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BANGLADESH: LA EJECUCIÓN DE NIZAMI NO SERVIRÁ PARA HACER JUSTICIA

16, May. 2016 | Categoría: ,

csm_AP_805689802872_6bb67217c3La ejecución de Motiur Rahman Nizami es una medida deplorable de las autoridades bangladeshíes que no servirá para hacer justicia a las víctimas de crímenes de guerra, ha declarado Amnistía Internacional.

Motiur Rahman Nizami, hasta ahora jefe del partido político bangladeshí Jamaat e Islami, ha sido ahorcado hoy en la prisión central de Dhaka. Fue condenado a muerte por el Tribunal de Crímenes Internacionales en Bangladesh en octubre de 2014, tras ser declarado culpable de cargos relacionados con el asesinato, la tortura, la violación y el homicidio masivo de intelectuales durante la guerra de la independencia de Bangladesh de 1971.

“Estamos consternados por la ejecución de Motiur Rahman Nizami por las autoridades bangladeshíes. Las víctimas de los terribles sucesos de la Guerra de Liberación de 1971 merecen justicia, pero arrebatar otra vida no es la respuesta”, dijo Champa Patel, directora de la Oficina Regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional.

“La pena de muerte es siempre una violación de derechos humanos, pero su uso es aún más inquietante cuando la ejecución es consecuencia de un proceso deficiente. Hay serias dudas sobre la imparcialidad del juicio de Motiur Rahman Nizami —y sobre las actuaciones del Tribunal de Crímenes Internacionales en general— que no se han aclarado. Las víctimas de las atrocidades que se cometieron merecen algo más que un proceso deficiente.”

“Instamos a las autoridades de Bangladesh a que se unan a la mayoría del mundo renunciando a este castigo cruel e irreversible, y a que impongan una moratoria de la aplicación de la pena de muerte con miras a su abolición definitiva.”

El gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra, y es positivo que las autoridades bangladeshíes estén tomando medidas en este sentido. No obstante, muchas organizaciones creíbles, entre ellas Amnistía Internacional y la ONU, han planteado cuestiones graves e importantes en relación con el respeto de las debidas garantías en los juicios ante el Tribunal de Crímenes Internacionales, cuestiones a las que no se ha dado respuesta.

“La decisión de hoy llega en un momento político delicado para Bangladesh, y todas las partes deben garantizar que la calma prevalece en el país. Las fuerzas de seguridad deben garantizar que se respeta el derecho de manifestación pacífica, y los líderes políticos de todas las partes deben pedir a sus seguidores que no cometan abusos contra los derechos humanos”, añadió Champa Patel.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método de ejecución utilizado por el Estado.

Información complementaria

Al menos 197 personas fueron condenadas a muerte en Bangladesh en 2015, entre ellas cuatro juzgadas por el Tribunal de Crímenes Internacionales. Ese año se llevaron a cabo cuatro ejecuciones en el país, tres de ellas de personas condenadas por este tribunal.

El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh fue creado por el gobierno en 2010 para investigar las violaciones de derechos humanos a gran escala cometidas durante la guerra de independencia del país de 1971. Amnistía Internacional acogió con beneplácito la iniciativa del gobierno de hacer que los responsables respondieran ante la justicia, aunque insistió en que los acusados debían ser sometidos a juicios justos y sin recurso a la pena de muerte. Las actuaciones del Tribunal en casos anteriores se han caracterizado por graves irregularidades y violaciones del derecho a un juicio justo.

Durante el juicio de Motiur Rahman Nizami, la fiscalía fue autorizada a llamar a 22 testigos, mientras se limitaba arbitrariamente a la defensa, que sólo pudo citar a cuatro. Según el equipo jurídico de Nizami, también se impidió a la defensa interrogar a testigos clave de la acusación. El equipo defensor sólo tuvo tres semanas para preparar el juicio, mientras que la fiscalía dispuso de 22 meses para hacer sus investigaciones.

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