BRASIL: LA CRISIS POLÍTICA PONE EN PELIGRO LA AGENDA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Maria da Penha Silva is a defender of his favela Vila Autódromo . More than 20 families have been violently expelled from their community.

Declaración pública de Amnistía Internacional.

Ante los hechos que se están desarrollando en la esfera pública en Brasil, donde un proceso de destitución aplicado por el Senado ha cesado temporalmente a la presidenta Dilma Rousseff de su cargo y la ha sustituido por el vicepresidente Michel Temer, Amnistía Internacional insta a las autoridades brasileñas a que reafirmen su compromiso con los derechos humanos, consagrado en la Constitución de 1988, y garanticen el total cumplimiento de sus obligaciones internacionales contraídas en virtud de los tratados de derechos humanos de los que es parte Brasil.

Amnistía Internacional ya ha expresado con anterioridad su preocupación por el riesgo de que la agenda de los derechos humanos sufra graves retrocesos, sobre todo la agenda legislativa y especialmente en relación con los derechos que afectan de forma más directa a grupos históricamente marginados, como las mujeres, la población afrodescendiente, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. Amnistía Internacional ha advertido de los riesgos para los derechos humanos contenidos en las propuestas de derogar el estatuto sobre desarme y el estatuto de la familia, en la propuesta de nuevo Código de Minería y en la enmienda constitucional (PEC) 215, así como en el desmantelamiento del sistema de concesión de licencias que afectan al medio ambiente. La organización ha advertido de los riesgos de la Ley Antiterrorista aprobada en marzo de 2016, en la medida en que contiene una redacción muy poco precisa que podría aplicarse para criminalizar movimientos sociales y protestas pacíficas.

La falta de diversidad en la composición del consejo de ministros, en el que no hay ninguna mujer ni ninguna persona afrodescendiente, y la eliminación del Ministerio de la Mujer, la Igualdad Racial y los Derechos Humanos anunciada por el gobierno del vicepresidente, son otras señales del riesgo de debilitamiento del marco institucional responsable de garantizar los derechos humanos.

Ante estos riesgos, Amnistía Internacional reafirma su voluntad y su compromiso de seguir defendiendo la promoción y la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y de los consagrados en la Constitución de Brasil.