El gobierno chino debe derogar de inmediato una nueva ley de seguridad nacional que otorga a las autoridades amplios poderes para reprimir y suprimir los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
La asamblea legislativa china ha aprobado hoy esta ley que define la “seguridad nacional” en términos amplios y vagos, y abarca áreas como la política, la cultura, las finanzas e Internet.
“La definición de ‘seguridad nacional’ en virtud de esta nueva ley es prácticamente ilimitada. La ley entrega al gobierno un cheque en blanco para castigar y vigilar a cualquier persona que le disguste: activistas de derechos humanos, personas que critican al gobierno y otras voces de oposición”, ha manifestado Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental.
“Está claro que esta ley tiene más que ver con proteger el control que el Partido Comunista ejerce sobre el país que con defender la seguridad nacional. De hecho, en la ley se enumera explícitamente como parte de la ‘seguridad nacional’ el liderazgo del Partido y su monopolio del poder político.”
“El gobierno lleva mucho tiempo utilizando cargos relativos a la seguridad nacional, como ‘incitación a la subversión’, ‘separatismo’ y ‘filtración de secretos de Estado’, para reprimir y encarcelar a activistas y a personas que critican la actuación gubernamental. La amplia definición establecida por la nueva ley probablemente acentuará esta tendencia.”
“Las autoridades chinas deben retirar esta ley de inmediato y volver a la mesa de redacción. Entre otras medidas esenciales para proteger los derechos humanos de la población, deben establecerse salvaguardias adecuadas para hallar un equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos individuales.”