Es imperativo que el gobierno colombiano suspenda el uso desmedido de la fuerza contra los y las manifestantes en el marco del Paro Cívico de Buenaventura, dijo hoy Amnistía Internacional.
“En vez de intentar silenciar a las comunidades de Buenaventura, las autoridades Colombianas deben proteger a sus ciudadanos y concentrar sus esfuerzos en resolver sus demandas ante la crítica situación de violencia y exclusión que sufren los habitantes del Pacifico Colombiano,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Desde el 16 de abril, las comunidades del puerto de Buenaventura declararon un Paro Cívico ante la continua falta de respuesta del gobierno a demandas de acceso a derechos económicos, sociales y culturales como salud, agua potable y educación.
Las comunidades denunciaron el uso de violencia excesiva por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) contra los y las participantes del Paro Cívico en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca.
Integrantes del Proceso de Comunidades Negras (PCN) han reportado el lanzamiento de gases lacrimógenos de manera injustificada contra las manifestaciones pacíficas, en las cuales hay presencia de niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
Hasta el momento se han reportado alrededor de 80 personas detenidas y más de una docena de heridos. El día de ayer, en el barrio R9, punto de concentración denominado Sabrosura, se reportaron personas heridas con arma de fuego.
Amnistía Internacional ha recibido denuncias sobre lanzamiento de gases lacrimógenos desde helicópteros, así como irrupción de fuerzas de la policía en casas de miembros de la comunidad.
“El derecho a manifestarse pacíficamente debe protegerse, más aún cuando las manifestaciones están compuestas por niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad que reclaman legítimamente sus derechos,” dijo Erika Guevara-Rosas.
Adicionalmente, miembros de la comunidad informan que la estrategia del ESMAD es causar disturbios para poder dispersar las manifestaciones y así poder movilizar los camiones con mercancía desde y hacia el puerto de Buenaventura, el más importante del país.
Hasta ahora van 16 días de paro y si bien se han iniciado negociaciones con el Gobierno de Colombia, los y las manifestantes consideran que todavía no hay acuerdos concretos frente a sus solicitudes. Por el contrario, las comunidades lamentan que el Gobierno Nacional no se haya presentado el día de ayer para presentar una respuesta al pliego de peticiones formulado por el Comité del Paro Cívico.
“El Estado Colombiano tiene una deuda histórica con estas comunidades. Es hora que cumplan con sus deberes y protejan a aquellos que más lo necesitan,” dijo Erika Guevara-Rosas.
maS iNFORMACIÓN:
Colombia: Police use tear gas on peaceful protestors (Urgent Action, 24 May 2017) https://www.amnesty.org/en/documents/amr23/6325/2017/en/