De Rachel Borrell, Amnesty International’s research and campaigns assistant on Israel/ Palestine
La conmemoración del Día de la Tierra el 30 de marzo fue un emblemático recordatorio de las incontables violaciones de derechos humanos que la confiscación y la expropiación de tierras han comportado para la población palestina durante medio siglo.
El primer Día de la Tierra, en 1976, ciudadanos palestinos de Israel protestaron por la expropiación de 2.000 hectáreas de terreno en torno a los pueblos palestinos de Galilea llevada a cabo por el gobierno israelí. Seis palestinos murieron y más de un centenar resultaron heridos cuando las fuerzas israelíes reprimieron las protestas.
Desde entonces, cada año, las comunidades palestinas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados se reúnen el 30 de marzo para conmemorar estos hechos, poner de relieve la continua apropiación de territorio palestino por Israel y celebrar su vínculo con la tierra.
Este año, el Día de la Tierra fue conmemorado con una marcha entre Deir Hana y Sakhnin, en el norte de Israel, así como con manifestaciones y actos por todo el centro de Israel y la región de Negev/Naqab, y en la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza. Israel normalmente reprime estas manifestaciones recurriendo al uso brutal y excesivo de la fuerza.
En Umm al-Hiran, uno de los pueblos beduinos no reconocidos en la región de Negev/Naqab, los manifestantes tenían previsto plantar árboles y rehabilitar algunas de las estructuras demolidas por las autoridades israelíes este mismo año después de que los residentes perdieran una larga batalla legal contra las órdenes de desahucio destinadas a permitir que el gobierno establezca una nueva comunidad de residentes judíos.
En la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza se planificó celebrar conciertos, marchas y plantaciones de olivos en señal de protesta por la ocupación continuada de Israel y sus agresivas políticas de apropiación de tierras. Sólo en los primeros meses de 2017 hemos visto un aumento alarmante de las actividades de asentamiento ilegal y demolición de casas en la Cisjordania ocupada.
Desde enero, el gobierno israelí, envalentonado por la investidura del presidente estadounidense Donald Trump, ha autorizado la construcción de más de 6.219 viviendas en asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, incluidas 719 en Jerusalén Este. Estos anuncios no sólo denotan un cambio respecto al enfoque más prudente adoptado por el gobierno israelí durante el gobierno de Obama en Estados Unidos, sino que además suponen una burla de la Resolución 2334 del Consejo de seguridad de la ONU, aprobada en diciembre de 2016, que pide a Israel el cese inmediato de todas las actividades de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados.
En las últimas semanas, varios miembros del Parlamento israelí (Knesset) han presentado una ley para anexar a Jerusalén el asentamiento cisjordano de Ma’ale Adumim y otros asentamientos que están muy próximos a la ciudad.
Aunque el proyecto de ley ha sido bloqueado temporalmente por el primer ministro Netanyahu, se trata de una propuesta alarmante. Además de una violación flagrante del derecho internacional, una medida semejante podría tener consecuencias catastróficas. Ma’ale Adumim y Jerusalén están conectadas por la disputada Zona E1, una extensión de terreno de 12 km2 que constituye un paso fundamental entre el norte y el sur de Cisjordania. Si Israel construye en estas tierras, se establecerá una presencia ininterrumpida de colonos israelíes desde el territorio ocupado de Jerusalén Este hasta el valle del Jordán, dividiendo Cisjordania en dos en la práctica y separando Jerusalén Este del resto de la Cisjordania ocupada.
En los últimos meses se ha observado también un marcado aumento de las demoliciones de viviendas palestinas. Al menos 24 casas y otras estructuras pertenecientes a beduinos que rodeaban el asentamiento de Ma’ale Adumim fueron demolidas en los dos primeros meses de 2017, en comparación con una media de 32 demoliciones totales al año entre 2013 y 2015.
El Parlamento israelí, en otra medida de presión dirigida a consolidar la confiscación de tierras, aprobó el 6 de febrero una ley que legaliza con carácter retroactivo la apropiación de tierras de propiedad privada palestina en las que ya se han establecido asentamientos. La ley impide a los propietarios palestinos reclamar sus tierras si en ellas viven colonos israelíes, a pesar de que su presencia en el territorio ocupado sea ilegal según el derecho internacional.
Según cálculos, la ley legalizará retroactivamente 53 asentamientos y enclaves ilegales, permitiendo la expropiación de aproximadamente 8.000 dunams (80 hectáreas) de terreno privado palestino. La ley también podría impulsar que se confisquen aún más tierras de propiedad privada palestina al servir de base para continuar con la legalización retroactiva de apropiaciones de tierras.
La reciente aceleración de la demolición de casas, combinada con el impulso dado a la expansión de los asentamientos y las medidas adoptadas para legalizar apropiaciones de terreno anteriores, son señales indiscutibles de que el gobierno israelí tiene intención de continuar con sus políticas de apropiación de tierras, y de acelerarlas, 50 años después de la toma y ocupación de Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y la Franja de Gaza por Israel.
Los 50 años de indiferencia de la comunidad internacional sólo han servido para dar impulso al gobierno israelí en su política de expropiación de tierras palestinas y expansión de los asentamientos ilegales. En un discurso pronunciado el pasado viernes, Nikolay Mladenov, coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, confirmó que aún no se han tomado medidas para poner fin a las actividades de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados en cumplimiento de la Resolución 2334 de la ONU. El hecho de que la información actualizada de Mladenov no fuera presentada en un informe escrito por el propio secretario general de Naciones Unidas se ha interpretado como una falta de compromiso de la ONU para dar cumplimiento a la resolución.
Mientras el mundo siga mirando para otro lado ante la imparable actividad israelí dirigida a la apropiación de tierras y la expansión de los asentamientos, que son violaciones graves del derecho internacional humanitario, seguirán pisoteándose con impunidad los derechos humanos de la población palestina; y resoluciones de la ONU como la Resolución 2334, o la resolución aprobada la semana pasada por su Consejo de Derechos Humanos para pedir a los Estados que regulen el comercio con los asentamientos ilegales, serán papel mojado. La comunidad internacional debe adoptar una postura inequívoca y demostrar que ya no tolerará las políticas ilegales de anexión y asentamiento de Israel.
De lo contrario, la población palestina seguirá teniendo muchos motivos para protestar en las manifestaciones anuales del Día de la Tierra.
Este artículo de opinión se publicó originalmente en Al Yazira.