EL BOMBARDEO DE ESCUELAS POR PARTE DE LA COALICIÓN LIDERADA POR ARABIA SAUDÍ ES UN ATAQUE FLAGRANTE SOBRE EL FUTURO DE LA INFANCIA EN YEMEN

A joint crisis/MENA mission to Yemen in June/July 2015. Photos are from the team's visits to Taiz and Aden. On 9 July coalition forces killed 10 members of the Faraa family, including four children and five women, and injured 10 others when they bombed the Mus’ab ben Omar school where a dozen families displaced by the conflict were sheltering in Tahrur village, north of Aden in Lahj governorate on 9 July at about 1pm. The displaced people who were sheltering in the school are members of the “muhammashin” (marginalised) community – Yemeni citizens of African origins, one of the country’s poorest and most vulnerable communities in the country. Amnesty International found no evidence indicating that the Mus’ab Ben Omar school was being used for military purposes. All that was visible in the ruins of the school were remains of the meagre possession of the displaced families who had been sheltering there – blankets, cooking pots, children’s clothes - as well as a fin of a bomb from the Mark 80 series US-designed general purpose bombs, similar to those found at many other locations of coalition strikes.

Amnistía Internacional ha declarado en un nuevo informe publicado hoy que fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí han llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra escuelas que todavía estaban en uso, en violación del derecho internacional humanitario e impidiendo el acceso a la educación de miles de niños y niñas yemeníes. Las fuerzas de la coalición reciben armas de Estados que incluyen EE. UU. y Reino Unido.

El documento Our kids are bombed’: Schools under attack in Yemen investiga cinco ataques aéreos sobre escuelas que tuvieron lugar entre agosto y octubre de 2015, en los que 5 civiles perdieron la vida y al menos 14 sufrieron lesiones, entre ellos 4 menores de edad, según la investigación sobre el terreno realizada en Yemen. Aunque no había estudiantes en el interior de las escuelas durante los ataques, los asaltos ocasionaron graves daños y destrucción que tendrán consecuencias a largo plazo para el alumnado.

“La coalición liderada por Arabia Saudita lanzó una serie de ataques aéreos ilegales sobre escuelas que se utilizaban para fines educativos y no militares, una flagrante violación de las leyes de la guerra”, declaró Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de crisis, que acaba de regresar de Yemen.

“Las escuelas son un elemento central de la vida civil; se supone que ofrecen un espacio seguro para la infancia. El alumnado escolar de Yemen se está viendo forzado a pagar el precio de estos ataques, además de tener que soportar un amargo conflicto, se enfrentan al trastorno y la interrupción a largo plazo de su educación, lo que supone un lastre que se verán obligados a asumir potencialmente de por vida”.

En algunos casos, las escuelas sufrieron más de un ataque, lo que sugiere que los blancos fueron seleccionados deliberadamente.

“Atacar deliberadamente escuelas que no son objetivos militares y atacar directamente a civiles que no participan en las hostilidades son crímenes de guerra”, manifestó Lama Fakih.

Los daños han afectado gravemente a la escolarización de los más de 6.500 niños y niñas que asisten a clases en las escuelas de las gobernaciones de Hajjah, Hodeidah y Saná. En ciertos casos, las escuelas eran las únicas que había en la zona. No se ha encontrado ningún indicio en ninguno de los cinco casos que sugiera que las escuelas habían sido utilizadas para fines militares.

En octubre de 2015, la Escuela de Ciencia y Fe de Beni Hushaysh, en Saná, fue atacada en cuatro ocasiones distintas en el espacio de unas pocas semanas. En el tercer ataque, 3 civiles perdieron la vida y más de 10 personas resultaron heridas. La escuela, que era la única que había en el pueblo, proporcionaba educación a 1.200 estudiantes.

La escuela Kheir, en la localidad de Hadhran, en Beni Hushaysh, también sufrió varios ataques aéreos que ocasionaron grandes daños y la volvieron inutilizable. Otros ataques aéreos sobre la misma localidad alcanzaron a dos viviendas civiles, causando la muerte de dos menores e hiriendo a su madre, así como a una mezquita cercana, donde un hombre perdió la vida y otro resultó herido mientras estaban rezando en el momento del ataque.

Amnistía Internacional pide que los cinco ataques que se detallan en el informe se investiguen de manera independiente e imparcial y que los responsables rindan cuentas. También pide a la coalición que ofrezca plena reparación a las víctimas de ataques ilegales y sus familias.

“La falta de investigaciones por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí, así como de aquellos que les proporcionan armas y otros tipos de apoyo, sobre una lista cada vez mayor de aparentes ataques ilegales sugiere una apatía escalofriante con respecto a las devastadoras consecuencias que esta guerra ha causado a la población civil en Yemen”, observó Lama Fakih.

“Independientemente del resultado de las conversaciones de paz previstas para la próxima semana, es fundamental que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre estos y otros ataques ilegales y que los responsables rindan cuentas”.

El sistema educativo del país se ha visto afectado a causa del conflicto. Según el UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), al menos el 34% de los niños y niñas yemeníes no ha ido a la escuela desde que comenzaron los ataques aéreos en marzo de 2015. El Ministerio de Educación de Saná también ha compartido datos con Amnistía Internacional que reflejan que más de 1.000 escuelas están inoperativas: 254 están completamente destruidas, 608 tienen daños parciales y 421 se están utilizando como refugios para personas internamente desplazadas por el conflicto.

Además de matar y herir a la gente, los ataques contra escuelas tienen aterrorizada a la población civil y causan traumas psicológicos a los estudiantes.

“En este momento estamos viviendo con miedo y terror. Hoy he visto el avión y tenía mucho miedo”, dijo una niña de 12 años que asiste a la escuela Al Asma en Mansouriya, Hodeidah, que fue destruida por un bombardeo de la coalición en agosto.

La directora de otra escuela en la ciudad de Hodeidah, el Complejo Educativo para niñas de Al Shaymeh, que acogía a unas 3.200 estudiantes, describió su horror después de que la escuela fuera atacada dos veces en cuestión de días, en agosto 2015. En los ataques perdieron la vida dos personas. No había estudiantes presentes en la escuela durante el ataque, pero un hombre y una mujer perdieron la vida

“Sentí que la humanidad se ha perdido. A ver, un lugar de aprendizaje, atacado de esta manera, sin previo aviso… ¿dónde está la humanidad? Se supone que es ilegal atacar esos lugares en una guerra”, manifestó.

Antes del ataque, habían circulado rumores a través de Internet, incluidas las redes sociales, que insinuaban que la escuela se estaba utilizando para almacenar armas, pero la directora declaró a Amnistía Internacional que esto era falso y que se había registrado toda la escuela al saber de los rumores y no se encontraron armas.

Aunque ha habido ocasiones en que algunas escuelas de Yemen se han utilizado con fines militares por parte de las diversas facciones en conflicto, en los cinco casos que se destacan en este documento Amnistía Internacional no encontró restos de armas, indicios de explosiones secundarias ni ninguna otro indicio que indicara que las escuelas se hubieran utilizado con fines militares.

Los grupos armados, tanto estatales como no estatales, deben abstenerse de utilizar las escuelas con fines militares y de operar en sus inmediaciones, ya que esto puede convertir a las escuelas en objetivos militares legítimos y someterlas a ataques, lo que pone en peligro a la población civil y tiene efectos negativos a largo plazo sobre el acceso de la infancia a la educación.

La Resolución 2225 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los niños y los conflictos armados adoptada a mediados de este año exhorta a todas las partes en los conflictos armados a que “respeten el carácter civil de las escuelas”, y también expresa su profunda preocupación por que el uso de escuelas con fines militares en contravención del derecho internacional aplicable puede convertir a las escuelas en blancos legítimos de ataques, lo que pone en peligro la seguridad de los niños.

El documento de Amnistía Internacional también pone de relieve la urgente necesidad de que todos los Estados que suministran armas a la coalición liderada por Arabia Saudí, incluidos EE. UU. y Reino Unido, suspendan todas las transferencias de armas que se están utilizando para cometer violaciones del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, a las personas que están llevando a cabo estos ataques. En concreto, los Estados que suministran armas a las fuerzas de la coalición deberían suspender las transferencias de bombas de propósito general, aviones de combate y helicópteros de combate, así como de sus piezas y componentes asociados.

El mes pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. aprobó una transferencia de armas por valor de 1.290 millones de dólares a Arabia Saudí que incluía la transferencia de bombas de propósito general de la serie Mark/ MK89, a pesar de que Amnistía Internacional ha documentado su uso en ataques aéreos ilegales que han ocasionado la muerte de un gran número de civiles.

“Es simplemente abominable que EE. UU. y otros aliados de la coalición liderada por Arabia Saudí hayan seguido autorizando transferencias de armas a los miembros de la coalición, a pesar de los indicios palmarios de que no están cumpliendo con las leyes de la guerra: el derecho internacional humanitario. Todas estas transferencias deben cesar de inmediato”, afirmó Lama Fakih.

“Los Estados que suministran armas a la coalición también deben utilizar su influencia para presionar a los miembros de la coalición para que cumplan sus obligaciones internacionales e investiguen las violaciones del derecho internacional humanitario”.

Países como Reino Unido, que son Parte en el Tratado sobre el Comercio de Armas, tienen prohibido autorizar transferencias de armas si tienen conocimiento de que dichas armas se utilizarían para emprender ataques contra la población civil, objetivos civiles u otras violaciones del derecho internacional humanitario.