El marco jurídico sobre crímenes de odio y su aplicación en la práctica no cumplen las normas internacionales de derechos humanos y la situación de refugiados y solicitantes de asilo sigue siendo inadecuada.
Amnistía Internacional considera preocupante que el marco jurídico búlgaro sobre crímenes de odio y su aplicación en la práctica no cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Los compromisos suscritos en el pasado por el gobierno para impedir, abordar y remediar estos delitos no se han traducido en medidas adecuadas para dar respuesta a esta cuestión.
Se acoge con satisfacción que Bulgaria haya aceptado recomendaciones tendentes a aumentar las iniciativas para combatir las declaraciones y los actos discriminatorios. La investigación que Amnistía Internacional ha llevado a cabo recientemente muestra que el sistema de justicia penal búlgaro no garantiza la investigación exhaustiva ni el enjuiciamiento de crímenes de odio de motivación racista y xenófoba. En muchos casos, la violencia de carácter discriminatorio contra romaníes, musulmanes, judíos y grupos religiosos no tradicionales y contra sus bienes se enjuicia con arreglo a disposiciones sobre “vandalismo”, y no en virtud de leyes que hagan referencia expresa a “crímenes de odio”. De este modo se impide el acceso de las víctimas de ataques de motivación racial a un remedio efectivo.
El Código Penal de Bulgaria no prevé la discapacidad, la orientación sexual, real o supuesta, ni la identidad de género como características protegidas que pueden motivar un crimen de odio. Con la dimisión del gobierno anterior, en julio de 2014, quedó estancada la revisión del Código Penal, y el nuevo gobierno no ha reavivado el proceso.
Pese a que se han hecho algunos avances, sigue habiendo graves lagunas en el sistema de asilo. Amnistía Internacional ha documentado en reiteradas ocasiones que las condiciones de los centros de acogida son inadecuadas. Desde finales de 2013 se han previsto diversas medidas encaminadas a controlar el flujo de personas refugiadas y migrantes, como la construcción de una valla de 30 kilómetros en la frontera con Turquía, planes para construir una extensión de la valla de 60 kilómetros y un amplio dispositivo de patrullaje y control de fronteras. Se han documentado varios casos de devoluciones “en caliente”, aunque las autoridades niegan que se hayan producido.
Amnistía Internacional insta a Bulgaria a interrumpir de inmediato las devoluciones “en caliente” de migrantes y refugiados y a emprender con prontitud investigaciones eficaces e independientes de todas las denuncias que se han hecho al respecto. En línea con las recomendaciones que Bulgaria ha aceptado, Amnistía Internacional pide al gobierno que adopte sin demora el Plan de Acción para la aplicación de la Estrategia Nacional de Integración de Personas Refugiadas y que garantice el acceso de las personas necesitadas de protección internacional a un nivel de vida adecuado y a atención médica, educación y otros servicios públicos.
Información complementaria
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el resultado del examen periódico universal de Bulgaria el 25 de septiembre de 2015, en su 30º periodo de sesiones. Antes de la aprobación del resultado del examen, Amnistía Internacional presentó oralmente la declaración que figura supra.
La organización había presentado previamente información sobre la situación de los derechos humanos en Bulgaria en el siguiente documento: https://www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=eur15%2F0004%2F2014&language=en