Las empresas de diamantes deben dejar de utilizar el Proceso de Kimberley para afirmar que sus diamantes no tienen que ver con conflictos ni abusos contra los derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional, con ocasión de la sesión plenaria anual de los participantes de este proceso de certificación, que se celebra en Luanda (Angola).
El Proceso de Kimberley fue creado en 2003 con la buena intención de poner fin a la entrada en el mercado mundial de los “diamantes de sangre” que financian a los grupos rebeldes. Pero un examen publicado por Amnistía Internacional en septiembre de 2015 puso al descubierto deficiencias sistémicas del proceso. Los grupos armados de la República Centroafricana, por ejemplo, se benefician del comercio interno de diamantes del país, y los diamantes de la República Centroafricana consiguen entrar en el mercado mundial a pesar de la prohibición de las exportaciones impuesta por el Proceso de Kimberley.
“El proceso de Kimberley se creó para poner fin al comercio internacional de diamantes de sangre, pero ni siguiera ha conseguido este limitado objetivo. Mientras, los problemas éticos de la industria del diamante han aumentado: nuestro informe pone al descubierto trabajo infantil, contrabando, trabajo en condiciones de explotación y evasión de impuestos”, ha dicho Lucy Graham, investigadora del Equipo sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
“A pesar de los indicios que apuntan a una necesidad evidente de cambio, la industria del diamante reaccionó a la defensiva a nuestro informe e hizo caso omiso a los temas planteados. El sector sigue escondiéndose tras el barniz de respetabilidad que ofrece el Proceso de Kimberley, en lugar de hacerse responsable de lo que ocurre en sus cadenas de suministro.”
Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales centros del comercio de diamantes del mundo, ocupará la presidencia rotatoria del Proceso de Kimberley el 1 de enero de 2016. El informe de Amnistía Internacional reveló las lagunas del sistema de Emiratos para evitar el comercio de diamantes de sangre, y halló que la zona franca de Dubai fomenta que los comerciantes de diamantes obtengan grandes beneficios a expensas de países en desarrollo.
“Es preciso que gobiernos como el de los EAU demuestren su liderazgo. Esto supone adoptar nuevas leyes que garanticen que las empresas asumen su responsabilidad por los actos ilegales y los graves abusos contra los derechos humanos que se producen en sus cadenas de suministro de diamantes”, ha dicho Lucy Graham.