Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (IDAHOT) y hay quienes tienen mucho que celebrar en Europa: en 2015, Irlanda aprobó una ley de igualdad en el matrimonio tras un histórico referéndum, y Grecia y Chipre han reconocido legalmente las parejas de hecho entre personas del mismo sexo. Más recientemente, en Italia, tras años de campaña, el Parlamento finalmente aprobó un proyecto de ley que otorga a las parejas del mismo sexo el derecho a la unión civil, aunque no otorga los mismos derechos que a las parejas heterosexuales en cuanto a los derechos de los padres o el derecho a la adopción.
Al este del continente, sin embargo, este año se ha tomado el rumbo contrario. Georgia, una nación de cuatro millones de personas, encajonada entre Rusia, Turquía, Azerbaiyán y Armenia, se ha embarcado en una ofensiva contra los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). El mes pasado el Parlamento georgiano avanzó con los planes para prohibir el matrimonio de personas del mismo sexo mediante la introducción en la Constitución del país una definición del matrimonio exclusivamente como una unión entre un hombre y una mujer.
Según el Código Civil de Georgia, las parejas del mismo sexo no tienen actualmente derecho a casarse ni a inscribirse en un registro. Pero si el proyecto de ley finalmente se aprueba, la prohibición expresa de la igualdad en el matrimonio en la Constitución aniquilaría cualquier remota posibilidad de las personas LGBTI de poder disfrutar de una vida familiar como el resto de la población: el proyecto de ley consolidaría la discriminación existente al impedir que los legisladores pudieran ampliar en el futuro a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio. Sólo otra enmienda a la Constitución podría revertirlo.
No ayuda que Georgia fue clasificada como el tercer país más homofóbico del mundo en la Encuesta Mundial de Valores de 2014. El 92,6 % de los georgianos están en contra de la idea de tener un vecino homosexual. A pesar de esto, Georgia sigue siendo para algunos uno de los pioneros en la región en lo que respecta a la protección jurídica de los derechos de las personas LGBTI. A diferencia de la legislación en sus países vecinos, en Georgia, la ley vigente contra la discriminación incluye explícitamente la orientación sexual y la identidad de género como motivos protegidos.
Esta ley contra la discriminación se adoptó el año pasado expresamente para permitir viajar sin visados y que el país firmara un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Pero el acuerdo no exige que un país no prohíba la igualdad en el matrimonio en su Constitución y, casi antes de que la tinta se secara, los políticos ya conspiraban para asegurarse de que no todo fuera igual en el amor y los derechos humanos en Georgia. El reciente proyecto de ley muestra la verdadera naturaleza de la élite política gobernante de Georgia, o el tipo de leyes que los políticos realmente quieren aprobar.
El 5 de mayo, el Comité parlamentario de Derechos Humanos e Integración Civil de Georgia ratificó el proyecto de ley homofóbico. El proyecto se someterá ahora al dictamen de otros comités, tras lo cual se procederá a su votación parlamentaria. Las audiencias de los comités tienen lugar tras semanas de consulta pública y, lamentablemente, el proyecto de ley ha recibido un abrumador apoyo público. Esto no causa sorpresa, dado que los activistas LGBTI de Georgia fueron excluidos de la consulta por motivos de seguridad y por el ambiente hostil que prevalecía en los lugares donde se celebraron los debates.
Los grupos locales de derechos humanos aún no han comenzado a hacer campaña por la igualdad en el matrimonio, ya que la comunidad LGBTI en el país se enfrenta a otros problemas, como las amenazas diarias de violencia física y la apología del odio reinante en los espacios públicos. Los activistas georgianos creen que el proyecto de ley es un esfuerzo para desviar la atención pública del hecho de que su gobierno no logra sostener el desarrollo económico del país ni revertir la devaluación de la moneda nacional, con vistas a las elecciones parlamentarias de octubre de este año. Desviar la atención de este tema atacando a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad es inaceptable. Los activistas locales ya han informado sobre un aumento en la violencia homofóbica desde que se presentó el proyecto de ley, lo que se ha convertido en tema de debate público en Georgia: en sólo una semana en abril, se han tenido noticias de dos ataques homofóbicos en las calles de la capital georgiana, Tiflis.
Mientras el gobierno presiona para modificar la Constitución, Tiflis es sede del Congreso Mundial de Familia, que se celebra entre el 15 y el 18 de mayo. El Congreso es una coalición internacional con sede en Estados Unidos que lucha por una sociedad construida sobre “la unión voluntaria de un hombre y una mujer en la alianza matrimonial de por vida”. El Congreso es conocido en todo el mundo como “defensor” de la homofobia. Según organizaciones de derechos humanos de los Estados Unidos, el Congreso Mundial de Familias ha hecho campaña previamente a favor de las leyes rusas sobre “propaganda homosexual”. En 2009 se opuso a una declaración de la ONU a favor de la despenalización de la homosexualidad en todo el mundo, a la cual denominó “una medida de derechos especial para los homosexuales”.
No es casualidad que el Congreso llegue a Tiflis hoy. El 17 de mayo de hace cuatro años, la primera marcha que celebraba el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en Tiflis fue interrumpida por una multitud agresiva de activistas cristianos que bloqueó la manifestación y agredió físicamente a los manifestantes. El alcance de la violencia aumentó al año siguiente (2013) cuando unos pocos activistas de los derechos LGBTI intentaron organizar otra protesta pública del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia; se canceló un flashmob previsto para concienciar sobre las víctimas de la homofobia y los participantes tuvieron que ser evacuados tras el ataque de 20.000 contramanifestantes liderados por sacerdotes cristianos ortodoxos.
En un intento por apropiarse de la fecha de las personas LGBTI y consolidar una opinión pública homofóbica, el patriarca de la iglesia ortodoxa de Georgia, institución que se ha convertido en la principal fuerza contra la igualdad en el país, declaró el 17 de mayo como el día de “la santidad de la familia”. No sorprende que este movimiento excluya específicamente a las parejas del mismo sexo de su definición de familia. Ahora, cada año, en esta fecha, los grupos conservadores en Georgia marchan por la avenida Rustaveli, la calle principal de Tiflis, para celebrar “la santidad de la familia”, lo que ofrece un buen pretexto para que las autoridades reiteradamente se opongan a brindar garantías de seguridad para que los activistas LGBTI celebren el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia en el centro de la ciudad.
Según han manifestado los activistas LGBTI de Georgia, este año el Ministerio del Interior se ha negado otra vez a garantizar la protección para una protesta pública en el centro de Tiflis, y en cambio les ha ofrecido otros lugares más alejados. En el contexto del proyecto de ley en curso, el hecho de que las autoridades no protejan el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de los activistas LGBTI, y que el Congreso Mundial de Familias siga adelante y sus participantes disfruten de la hospitalidad georgiana, envía un mensaje contundente al colectivo LGBTI de Georgia. Ese mensaje es que no sólo deberían dejar de soñar con que se reconozca su derecho a la vida familiar sino que también deberían entender que es mejor que se queden en la sombra en lugar de tratar de buscar cualquier intento por recuperar el espacio y el respeto público por sus derechos humanos.
El partido gobernante en Georgia, “Sueño Georgiano”, ha declarado que, en caso de que el proyecto de ley no reciba apoyo suficiente en el Parlamento, la prohibición del matrimonio de personas del mismo sexo será sometida a referéndum nacional. De hecho, el 28 de marzo de este año, la Comisión Electoral Central de Georgia registró una solicitud para celebrar el referéndum. La solicitud ahora necesita al menos 200.000 firmas de apoyo, tras lo cual se someterá a la decisión del presidente georgiano.
Si la prohibición constitucional a la igualdad en el matrimonio tiene éxito, Georgia se unirá a las filas de Armenia, Ucrania, Moldavia y otros países europeos excomunistas, que han prohibido el matrimonio de personas del mismo sexo en su Constitución por miedo a que en un futuro se reconozca el derecho a la vida familiar de las personas LGBTI. Estos países están tratando de distanciarse del creciente número de precedentes en Europa, donde los estados reconocen el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo. El año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia pionera, Oliari y otros v. Italia, donde reconocía el derecho de las parejas del mismo sexo en Italia a que su unión tenga protección jurídica. Aunque el juez georgiano del Tribunal estuvo de acuerdo con la sentencia como tal, se unió a la opinión concurrente de que este fallo no debería necesariamente aplicarse a otros países europeos que no fueran Italia.
Los recientes avances en Europa demuestran que existe una tendencia regional claramente emergente a favor de reconocer la igualdad en el matrimonio u otros tipos de uniones oficiales para las parejas del mismo sexo. La sentencia Oliari ya ha impulsado la introducción de la unión civil entre personas del mismo sexo en Italia y, como importante precedente legal, podría allanar el camino para el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo en otros países de Europa. Después de la adopción de los citados proyectos de ley en Italia, Grecia y Chipre, por primera vez, ahora hay más europeos en países donde las parejas del mismo sexo tienen derecho a algún tipo de reconocimiento y protección jurídica que los que viven en países sin esos derechos. El progreso en Europa es evidente, pero, Georgia, si sigue así, irá a contracorriente de la historia.
Amnistía Internacional se opone a la discriminación en las leyes de matrimonio civil por motivos de orientación sexual o identidad de género, y pide a todos los Estados que reconozcan la libertad de escoger de el tipo de familia que se desea formar. Puedes apoyar el esfuerzo de Amnistía Internacional para detener el proyecto de ley en el Parlamento de Georgia si actúas aquí.
Levan Asatiani es defensor regional de los derechos humanos en Eurasia en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en Londres.