A casi un año del asesinato de la defensora de derechos humanos lenca Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, continúa la campaña de estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
Durante los últimos días de enero, con ocasión de la presentación del más reciente informe de la organización Global Witness sobre la situación de Honduras, comenzó a circular un panfleto en redes sociales en que se señala a los miembros de Global Witness, y a integrantes de las organizaciones de derechos humanos hondureñas Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), de desprestigiar al país, aliarse con grupos radicales y financiar campañas de desprestigio. Así mismo, el panfleto intenta vincular a estas personas con intereses electorales, frente a los que públicamente se han declarado independientes.
Las acusaciones contra las personas defensoras de derechos humanos de estas organizaciones no son de poca importancia. Este tipo de campañas exacerban la hostilidad hacia quienes defienden los derechos humanos y de esta forma facilitan y fomentan los ataques en su contra. Amnistia Internacional urge a las distintas autoridades del Estado, incluyendo al Presidente de Honduras, a rechazar de forma pública, contundente y continuada cualquier campaña de desprestigio contra la importante labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y a dejar en claro que las declaraciones que socavan su trabajo no se tolerarán.
El asesinato de la defensora lenca Berta Cáceres hace casi un año, mostró al mundo que las personas defensoras de derechos humanos en Honduras están expuestas a un ciclo de violencia que inicia con la estigmatización y que en muchas ocasiones puede terminar con la muerte. Las autoridades hondureñas tienen el deber de prevenir los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos y asegurar su protección de forma integral. El respaldo público e incondicional de las autoridades del más alto nivel al derecho a defender derechos humanos, es una medida crucial para prevenir dichos ataques y avanzar hacia un entorno en que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su trabajo de forma segura y sin miedo a sufrir represalias.