HUNGRÍA: LEY SOBRE ONG, UN ATAQUE DESPIADADO Y CALCULADO CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL

La aprobación de una ley que estigmatiza a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiación desde el extranjero es la medida más reciente de una escalada de represión de las voces críticas y pondrá en peligro la labor fundamental de los grupos de la sociedad civil, ha declarado Amnistía Internacional.

La Ley de la transparencia de las organizaciones financiadas desde el extranjero obligará a las ONG que reciban más de 24.000 euros de financiación directa o indirecta desde el extranjero a inscribirse de nuevo como “organización cívica financiada desde el extranjero” y a poner esta etiqueta peyorativa en todas sus publicaciones.

“Los peregrinos intentos de justificar la ley como algo necesario para proteger la seguridad nacional no pueden ocultar su verdadero propósito: estigmatizar, desacreditar e intimidar a las ONG críticas y dificultar su vital labor”, ha afirmado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.

“Este reciente ataque a la sociedad civil está encaminado a silenciar las voces críticas y tiene inquietantes semejanzas con la draconiana ley de ‘agentes extranjeros’ rusa; es un día negro para Hungría.”

Las autoridades han intentado justificar la ley presentándola como una iniciativa para luchar contra el blanqueo de dinero y el terrorismo internacional. En realidad, el impacto de la ley está dirigido a ONG que llevan a cabo funciones como promover el Estado de derecho, proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes y de otros grupos marginados, y prestar servicios sociales y jurídicos que el Estado ofrece de forma insuficiente.

La ley introducirá nuevos requisitos selectivos de “transparencia” para la financiación de las ONG y les impondrá innecesariamente más cargas administrativas. Estas organizaciones ya tienen que informar públicamente de los fondos extranjeros que reciben todos los años, y las autoridades pueden someterlas a una auditoría en cualquier momento. Una ley general sobre ONG adoptada en 2011 contiene abundantes requisitos, como la presentación de informes detallados sobre la financiación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones.

La ley sería probablemente discriminatoria según el derecho de la UE y contraria al derecho de asociación, que incluye el derecho a buscar, recibir y usar fondos de fuentes extranjeras e internacionales. Según la ley, las organizaciones que incumplan estas nuevas normas recibirán advertencias, multas y, en última instancia, la suspensión de su derecho a desarrollar actividades en Hungría.

Al obligar a las ONG —incluida la sección húngara de Amnistía Internacional— a ponerse la etiqueta de “organizaciones cívicas que reciben financiación extranjera”, el gobierno húngaro busca desacreditar su labor y volver a la población contra ellas. La argumentación que justifica el proyecto da a entender que las ONG financiadas desde el extranjero podrían servir a “intereses extranjeros” y que su financiación puede contribuir a “poner en peligro la soberanía y la seguridad de Hungría”.

“El primer ministro Orbán no sólo parece sordo ante el clamor de la oposición, tanto dentro como fuera del país, sino regodearse en ella”, ha declarado John Dalhuisen.

“Este ataque despiadado y calculado contra los derechos a la libertad de expresión y de asociación es un grave error de cálculo y contrario a las obligaciones de Hungría en materia de derechos humanos. Debe impugnarse a todos los niveles: desde las organizaciones de base de Hungría hasta la Unión Europea en Bruselas.”

Información complementaria

Las propuestas recuerdan la “ley de agentes extranjeros” de Rusia, como consecuencia de la cual se ha visto empañada la reputación de centenares de organizaciones creíbles, se ha intimidado a su personal y se ha paralizado su labor con requisitos administrativos. Desde que la ley rusa entró en vigor en 2012, la financiación extranjera entraña en la práctica riesgos jurídicos y para la reputación demasiado grandes para las ONG y desde su adopción han cerrado casi 30 organizaciones.

La ley fue aprobada por 130 votos a favor, 44 en contra y 24 abstenciones.