“Defenderemos enérgicamente unos límites adecuados a los poderes de espías y fisgones” Rachel Logan
En respuesta a la publicación del informe sobre facultades de investigación, realizado por el examinador independiente de la legislación antiterrorista David Anderson, y a sus recomendaciones de reforma de las facultades de vigilancia, Rachel Logan, directora del Programa de Asesoramiento Legal de Amnistía Internacional Reino Unido, ha declarado lo siguiente:
“Nos complace que David Anderson coincida con el llamamiento que realizamos desde hace tiempo para que todo el intrincado sistema de leyes de vigilancia de este país sea sometido a una reforma a fondo.
“Amnistía y otros han sufrido recientemente dificultades legales para denunciar cómo los espías del gobierno actúan fuera de la ley, y ahora David Anderson pide, con razón, una reforma muy necesaria.
“Gracias a Edward Snowden, en Estados Unidos los legisladores han empezado a darse cuenta de la necesidad de retroceder en la vigilancia excesiva; aquí, en cambio, el gobierno ha intentado conferirse facultades de espionaje más amplios aún.
“El gobierno debería dejar de tratar de convertir el Reino Unido en el primer Estado de vigilancia del mundo. La gente está diciendo, con razón, a los ministros: ‘dejen de espiarnos’.”
Amnistía Internacional ha expresado también su satisfacción ante el anuncio de la ministra del Interior, Theresa May, de que se van a abrir al examen previo a efectos legislativos nuevas leyes de este ámbito. Rachel Logan añadió:
“Parece justo que las leyes sobre vigilancia sean examinadas exhaustivamente antes de su aprobación. Tendremos que ver los detalles pormenorizados y defenderemos enérgicamente la imposición de límites adecuados a los poderes de espías y fisgones.”
Sentencia del Tribunal de Facultades de Investigación
En febrero, el Tribunal de Facultades de Investigación, que tiene jurisdicción sobre las prácticas del GCHQ, el M15 y el M16, declaró que los procedimientos del gobierno para “solicitar, recibir, almacenar y transmitir por parte de las autoridades del Reino Unido comunicaciones privadas de personas sitas en el Reino Unido que hayan sido obtenidas por las autoridades estadounidenses” habían violado las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional, Liberty, Privacy International y la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles, entre otros, presentaron el caso ante el Tribunal y fue la primera vez que éste resolvía que las prácticas de vigilancia del gobierno eran ilegales.
Sin embargo, el Tribunal ha afirmado que el intercambio entre Estados Unidos y el Reino Unido de información relacionada con la vigilancia de las comunicaciones ya era legal debido a las revelaciones hechas por el gobierno durante la tramitación del caso sobre las salvaguardias vigentes cuando se obtuvo la información de las autoridades estadounidenses. Amnistía Internacional discrepa enérgicamente de esto, pues la limitada revelación de las políticas del gobierno no garantiza que el intercambio de información respete las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional ha recurrido contra las sentencias del Tribunal de Facultades de Investigación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pueden consultar el informe de David Anderson, A Question of Trust, en: https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk