Hay que aumentar urgentemente la asistencia humanitaria para aliviar el sufrimiento de millones de iraquíes desplazados dentro del país y prestar servicios básicos a los cientos de miles de personas que previsiblemente desplazarán las operaciones militares para recuperar territorio controlado por el grupo autodenominado Estado Islámico, ha declarado hoy Amnistía Internacional tras un viaje de investigación de tres semanas al país.
Las organizaciones humanitarias ya tienen dificultades para cubrir las necesidades más básicas de las más de 3,4 millones de personas que se han visto obligadas a huir del dominio del Estado Islámico y de los combates en curso para recuperar territorio en poder de este grupo. Se prevé que la inminente batalla por Mosul, la segunda ciudad de Irak y bastión del Estado Islámico, desplace a cientos de miles de personas más en los próximos meses.
“A menos que la ayuda humanitaria se financie, planifique y lleve a cabo adecuadamente, la afluencia potencial de cientos de miles de personas desplazadas más que huyen de los combates y de los terribles abusos en el territorio controlado por el Estado Islámico llevará a Irak más allá de su límite, con consecuencias devastadoras”, dijo Donatella Rovera, asesora general sobre respuesta a las crisis de Amnistía Internacional, que encabeza la visita de investigación a Irak.
“Hemos presenciado cómo la inmensa mayoría de las personas desplazadas que viven en campos o en obras de construcción inacabadas del país ya tienen poco o ningún acceso a la cobertura de sus necesidades básicas y a la atención médica. La respuesta de las autoridades iraquíes a la población desplazada es deplorablemente insuficiente y buena parte del mundo ha ignorado en gran medida su situación.”
La comunidad internacional ha dedicado la inmensa mayoría de sus recursos y esfuerzos a apoyar las operaciones militares para combatir al Estado Islámico.
“La comunidad internacional —incluidos Estados Unidos, los Estados europeos y otros—, que se muestra ansiosa por prestar apoyo económico a la campaña militar contra el Estado Islámico, ha sido mucho más lenta en hacer contribuciones para aliviar las consecuencias para la población civil. Los líderes del mundo deben aumentar urgentemente su financiación a la asistencia humanitaria destinada a esos civiles desplazados, algunos de los cuales tuvieron que huir debido a las operaciones militares que apoya la comunidad internacional”, afirmó Donatella Rovera.
“Hacen falta con urgencia más fondos internacionales para cubrir las necesidades básicas de los millones de personas que ya están desplazadas y prepararse para el desplazamiento masivo adicional que provocarán las operaciones militares destinadas a recuperar Mosul y las zonas circundantes.”
Las agencias de la ONU han informado de un déficit del 53 por ciento de los fondos necesarios para cubrir su plan de respuesta a la crisis para 2016.
Para personas como Ahmad, padre de siete hijos, desplazado desde la provincia noroccidental iraquí de Ninewa, las consecuencias son desastrosas. Ahmad contó a Amnistía Internacional su lucha para alimentar a su familia tras la destrucción de su casa y de sus medios de vida:
“Me voy a dormir por la noche temiendo la mañana, porque no me queda nada que ofrecer a mis hijos y no soy capaz de mirarles a los ojos”, dijo.
Cinco semanas después de que llegara con su familia a un campo para personas internamente desplazadas de las afueras de la ciudad septentrional de Dibega, no han recibido aún una tienda. Las mujeres y los niños y niñas de la familia están alojados junto con cientos de personas más en la atestada escuela del campo, en la que hay 50 personas o más en cada habitación. Los hombres están varados en una zona próxima al campo, donde se ven obligados a dormir al aire libre, entre montones de basura y cloacas abiertas. La escasa comida que pueda haber no se puede conservar en el sofocante calor, con temperaturas que superan los 50 grados Celsius.
En unas semanas, el campo para personas desplazadas internas de Dibega ha alcanzado el tamaño de una pequeña ciudad, y ahora alberga a más de 30.000 personas que han huido de zonas controladas por el Estado Islámico.
En la gobernación de Anbar, al oeste de Bagdad, donde el conflicto ha desplazado a más personas que en ninguna otra parte del país, la situación es igualmente terrible. Los campos en expansión en el desierto se han colapsado bajo la presión de la llegada de 87.000 personas desplazadas más desde que a finales de mayo comenzó la ofensiva militar para recuperar la ciudad de Faluya y zonas circundantes.
“Sobrevivimos al infierno de Daesh (Estado Islámico) y esperábamos encontrar alivio aquí”, contó Hala, madre de seis hijos, a Amnistía Internacional en un campo para personas desplazadas internas de la zona de Khalidiya de Anbar. Su esposo está en paradero desconocido desde que lo secuestró el Estado Islámico, hace dos años.
“He recibido muy poca ayuda en los dos meses que llevo aquí. Durante semanas no tuvimos nada donde dormir. Ahora tenemos una tienda, pero nada más”, dijo.
“Lo que es aún más trágico es que el sufrimiento de estas personas podía haberse evitado si las autoridades hubieran estado mejor preparadas. En cambio, las familias que llegan, exhaustas después de peligrosos viajes y de meses de vivir bajo asedio, sin nada más que lo que llevan puesto, se ven obligadas a soportar más dificultades”, afirmó Donatella Rovera.
Las medidas de seguridad agravan la crisis
Las medidas de seguridad y las restricciones, combinadas con unos requisitos burocráticos poco claros, han agravado también la creciente crisis humanitaria.
La mayoría de las personas desplazadas por las operaciones militares recientes y en curso pertenecen a la comunidad suní árabe y son sometidas a controles de seguridad.
Todos los varones a los que se considera en edad de combatir (aproximadamente de entre 15 y 65 años) que huyen de las zonas controladas por el Estado Islámico son separados de sus familias para ser sometidos a controles e interrogatorios que pueden durar desde unos días hasta meses para quienes son puestos en libertad y no son remitidos a juicio o sometidos a más investigaciones.
Los recluyen en centros de tránsito próximos a los campos para desplazados internos o en centros de detención improvisados en condiciones míseras, caracterizados por un hacinamiento grave, la falta de letrinas y de otras instalaciones de saneamiento, la escasez de comida y la carencia de medios para cubrir necesidades básicas. Algunos permanecen al aire libre, mal protegidos del abrasador sol. A los que están en centros de detención se les suele negar la comunicación con sus familias. Estos procedimientos de seguridad deficientes y opacos son utilizados tanto por el gobierno central iraquí como por las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG).
En Dibega, una mujer contó a Amnistía Internacional que no sabía nada de su hijo Hassan, trabajador agrícola de 20 años, desde que las fuerzas de seguridad se lo habían llevado cuando trataban de llegar al campo.
“Sólo quiero saber dónde está; es mi único hijo. Los funcionarios que se lo llevaron me dijeron que lo devolverían antes del anochecer, pero ya ha pasado más de un mes y no sé dónde está”, dijo.
También se alegan motivos de seguridad para impedir que muchos desplazados internos salgan de los campos; estas personas deben abrirse paso a través de onerosos trámites burocráticos y a menudo necesitan un patrocinador local para obtener un permiso para entrar en las ciudades.
A otras personas se les ha impedido regresar a sus ciudades y pueblos de origen a pesar de que estos han sido recuperados hace tiempo de manos del Estado Islámico y están afianzadas por fuerzas leales al gobierno iraquí o por las fuerzas peshmerga del Gobierno Regional del Kurdistán.
Teóricamente por razones de seguridad, las autoridades imponen la mayoría de estas restricciones en lo que denominan “zonas disputadas” del norte del país. Estas zonas están ahora bajo el control de hecho de fuerzas paramilitares apoyadas por los chiíes o por el KRG, y son desde hace tiempo objeto de disputas territoriales.
Estas restricciones, impuestas a menudo de forma arbitraria, limitan gravemente la capacidad de las personas desplazadas para acceder al mercado laboral, haciendo que dependan de la ayuda humanitaria.
Ali, agricultor y padre, en un campo para personas desplazadas internas de Guermawa, en el noroeste de Irak, contó a Amnistía Internacional:
“En nuestro pueblo de origen tenemos una casa y podía cultivar la tierra y alimentar a mis hijos. Aquí dormirnos en el suelo sobre la tierra y nos vemos obligados a depender de la poca asistencia humanitaria que podemos obtener, cuando podemos obtenerla.”
Aunque las autoridades iraquíes tienen el derecho y la obligación de proteger la vida y la integridad física de la población civil que se encuentra dentro de sus fronteras, los procedimientos de seguridad deben cumplir el derecho internacional. Deben levantarse las restricciones arbitrarias impuestas a la libertad de circulación de las personas desplazadas internas, incluidas las que han sido puestas en libertad tras haber sido sometidas a los controles de seguridad.