Declaración:
En respuesta a informaciones según las cuales se han producido protestas en la isla de Manus, donde las autoridades de inmigración Papúa Nueva Guinea, que aplican una política establecida por Australia, están intentando obligar a personas refugiadas y solicitantes de asilo a salir de un centro de internamiento de extranjeros, Josef Benedict, director adjunto de Campañas de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y el Pacífico, ha manifestado:
“Mientras no tengan un lugar seguro donde ir, obligar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a salir del centro de internamiento causará aún más sufrimiento. La información recibida, según la cual la policía intenta desalojar el lugar a la fuerza, cortando el agua y la electricidad, es alarmante, pero, lamentablemente, se trata de medidas propias de las políticas del departamento de inmigración australiano, cuya actuación con respecto a la isla de Manus se ha caracterizado por los abusos contra los derechos humanos y la crueldad arbitraria.
“El sistema australiano de tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional es ilegal y abusivo, pero obligar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a salir del centro no es la solución, y entraña el riesgo de agravar aún más su ya desesperada situación. Como consecuencia de las reiteradas agresiones y amenazas de algunos miembros de la comunidad local, las personas refugiadas no se atreven a salir del recinto del centro.
“Comprensiblemente, las personas refugiadas han protestado contra los intentos de empujarlas a una situación aún peor en Manus, y el riesgo de que la policía de Papúa Nueva Guinea responda a las protestas pacíficas haciendo uso excesivo de la fuerza es ya muy grande. La policía debe respetar el derecho de las personas refugiadas a protestar pacíficamente contra el cierre del centro y abstenerse de utilizar la violencia, como ha hecho en casos anteriores.
“Pedimos a las autoridades australianas que trasladen de inmediato a Australia a todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo y garanticen que todas aquellas a las que se reconozca la condición de refugiadas tienen derecho a establecerse en el país.”