Las autoridades del estado de Kerala, en el sur de India, deben garantizar que se lleva a cabo una investigación independiente sobre las denuncias de inacción policial en el caso de la violación y el brutal asesinato de una mujer dalit de 30 años en Vattolippadi, Kerala. También debe indagarse por qué la policía no investigó las denuncias previas relativas al acoso y la discriminación por motivos de casta que estaba sufriendo la familia de la mujer.
Al atardecer del 28 de abril, la mujer, estudiante de derecho, fue hallada muerta en su casa por su madre, que trabaja como jornalera. Según la información publicada por los medios de comunicación, la autopsia halló 38 heridas en el cadáver, así como señales de violación; además, le habían extraído parcialmente los intestinos. La policía posteriormente realizó un parte inicial de denuncia, pero aún no ha entregado una copia de dicho parte a la familia de la víctima, pese a que la ley india le obliga a hacerlo.
Se ha detenido a tres hombres en relación con el asesinato. El gobierno de Kerala ha anunciado que entregará 100.000 rupias indias como indemnización a la familia.
“Por desgracia, la inacción policial en casos de violencia contra mujeres dalit es inquietantemente habitual. En este caso, incluso, la policía había optado por no actuar respecto a las denuncias previas presentadas por la familia”, ha manifestado Rekha Raj, directora del Programa sobre Derechos de las Mujeres de Amnistía Internacional India.
En conversación con Amnistía Internacional India, la hermana de la víctima dijo: “Habíamos presentado anteriormente denuncias contra ciertos individuos que solían amenazarnos, pero la policía no hizo nada”.
Amnistía Internacional India ha tenido acceso a una copia de una denuncia previa que, según asegura la hermana de la víctima, fue presentada por su madre en mayo de 2014 a la policía del distrito de Aluva, y en la que la denunciante afirmaba que su vecino había estado acosando y amenazando a la familia. La denuncia manifestaba también que la policía local no había actuado respecto a varias denuncias anteriores.
Laila Rasheed, activista que había trabajado para conseguir beneficios sociales para la familia de la víctima, dijo a Amnistía Internacional India: “La familia sufría alienación social porque eran pobres y dalit. Ni siquiera se les permitía sacar agua de los pozos de sus vecinos. Tanto la madre como la hija plantaban cara con valentía y se resistían a esa injusticia. Eso las hizo impopulares”.
“Las mujeres dalit sufren niveles múltiples de discriminación: de la comunidad y, a menudo, de la policía. El gobierno de Kerala debe hacer que la policía rinda cuentas de cualquier inacción por su parte”, ha manifestado Rekha Raj.
Información complementaria:
La parcialidad sistémica contra las personas de las comunidades dalit y adivasi reduce las probabilidades de que los delitos contra las mujeres de estas comunidades se denuncien, se investiguen y se enjuicien de manera efectiva. Un estudio realizado en 2005 sobre 500 casos de violencia contra mujeres dalit en cuatro estados de India concluyó que dos de cada cinco mujeres que habían sido víctimas de violencia no habían buscado remedio legal, principalmente por miedo a los autores de dicha violencia o al estigma social, por ignorancia de la ley o por la creencia de que no iban a obtener justicia.