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LA COMISIÓN AFRICANA DEBE APOYAR LOS DERECHOS EN GAMBIA

2, Nov. 2016 | Categoría: ,

unionafricanaDe Jim Wormington, Human Rights Watch, y Sabrina Mahtani, Amnistía Internacional

Activistas de la oposición encarcelados antes de las elecciones presidenciales

“Queremos que nos ayuden.” Este es el mensaje que un activista gambiano de derechos humanos transmitió el viernes a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos durante la mesa redonda sobre Gambia celebrada en Banjul, capital del país.

EL 59º período ordinario de sesiones de la Comisión Africana, inaugurado el viernes, combina el trabajo habitual de la Comisión de seguimiento y presentación de informes en materia de violaciones de derechos humanos con eventos para celebrar el Año de los Derechos Humanos en África.

Sin embargo, muchos de los activistas de derechos humanos de Gambia tienen poco que celebrar. En el período previo a las elecciones presidenciales del 1 de diciembre, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 90 activistas de la oposición por participar en protestas pacíficas. Treinta de ellos, incluido el líder del principal partido de la oposición, el Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP), han sido juzgados y condenados a tres años de prisión. Dos manifestantes han muerto bajo custodia de las autoridades gambianas, incluido el secretario nacional de organización del UDP, Solo Sandeng, golpeado hasta la muerte en la Agencia Nacional de Inteligencia de Gambia en abril.

La mesa redonda del viernes, organizada por el grupo internacional de libertad de prensa ARTICLE 19, ha sido un ejemplo poco frecuente de debate abierto sobre la situación de los derechos humanos en Gambia celebrado dentro del país, que es sede de la Comisión Africana. Desde su llegada al poder en 1994, el presidente Yahya Jammeh ha utilizado las detenciones arbitrarias, la tortura, y las desapariciones forzadas para obligar a los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil de Gambia a autocensurar sus críticas al gobierno.

Unos días después de la muerte de Sandeng durante su detención, la Comisión hizo un llamamiento a Gambia para que garantizara la pronta liberación de manifestantes pacíficos e investigara las muertes ocurridas bajo custodia. El gobierno no lo ha hecho. Tampoco ha concedido la solicitud que la Comisión presentó en abril para visitar a los presos políticos de su tristemente famosa prisión Mile 2.

El actual período de sesiones proporciona a los comisarios –cuatro de los cuales asistieron a la mesa redonda del viernes– la oportunidad de expresar su preocupación por las recientes violaciones, así como la necesidad de que el gobierno de Gambia respete los derechos civiles y políticos de su ciudadanía en el período anterior a las elecciones.

La Comisión debe aprobar una resolución que reitere su petición de que Gambia libere a todos los presos políticos, lleve a cabo una investigación independiente sobre las muertes bajo custodia de opositores y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, y garantice el acceso a las prisiones de Gambia.

La Comisión también debe dejar claro al gobierno que, si de nuevo incumple la resolución, estudiará llevar a Gambia ante el Consejo Ejecutivo de la Unión Africana por incumplimiento.

Mientras Banjul vibra con un intenso debate en el que participan delegaciones gubernamentales y defensores de los derechos humanos, es fácil olvidar que los miembros de la sociedad civil y la oposición política de Gambia pueden pagar un precio muy alto por expresar sus opiniones. La Comisión debe adoptar medidas para ayudar a que se oigan sus voces

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