El 1 de julio de 2016, Olim Ochilov, solicitante de asilo uzbeko de 27 años, fue devuelto de Rusia a Uzbekistán, incumpliendo de manera flagrante las medidas provisionales dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 28 de junio de 2016, el Tribunal Europeo había dictado en la causa de Olim Ochilov medias provisionales, conforme a la regla 39 de su Reglamento, para detener su devolución a Uzbekistán, donde corría riesgo real de sufrir tortura.
Olim Ochilov había llegado de Uzbekistán a Rusia, como migrante laboral, en julio de 2012. Dos años después, el 24 de noviembre de 2014, el Tribunal Regional de Moscú lo condenó a tres años de prisión por su presunta participación en actividades extremistas en Rusia. Olim Ochilov cumplió la condena en una colonia penitenciaria de la región de Arhangelsk, en el noroeste de Rusia, a más de 1.200 kilómetros de Moscú.
El 2 de octubre de 2015, mientras cumplía condena, el Ministerio de Justicia ruso declaró “indeseable” su estancia en Rusia. Se le notificó entonces lo dispuesto por el Ministerio, explicándole que cuando saliera de la colonia penitenciaria debía abandonar el país.
El 16 de mayo de 2016, el Servicio Federal de Migración ruso ordenó su expulsión en virtud de la decisión del Ministerio. El 26 de mayo 2016, Olim Ochilov recurrió contra la orden de expulsión ante el Ministerio del Interior, pero éste no ha respondido aún. Previamente había solicitado la condición de refugiado, pero se le había denegado.
En la colonia penitenciaria contactó con abogados de Moscú especializados en temas de refugiados porque temía que lo devolvieran a Uzbekistán, donde corría riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos. Los abogados apelaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que dictara medidas provisionales, y el 28 de junio de 2016 el Tribunal ordenó la adopción de tales medidas para detener la devolución de Olim Ochilov a Uzbekistán.
El 30 de junio de 2016, fecha en que debía ser puesto en libertad, funcionarios rusos encargados de hacer cumplir la ley sacaron a Olim Ochilov de la colonia penitenciaria y lo llevaron al aeropuerto de Arhangelsk para devolverlo a Uzbekistán vía Moscú. Ese mismo día, los representantes legales de Olim Ochilov informaron a las autoridades rusas de que el Tribunal Europeo había dictado medidas provisionales.
Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso de la decisión del Tribunal Europeo, incumpliendo directamente sus obligaciones jurídicas. En una carta que los abogados rusos de Olim Ochilov recibieron en respuesta a la notificación de la adopción de medidas provisionales en virtud de la regla 39 de Reglamento del Tribunal Europeo, la policía explicó que no había podido impedir la expulsión porque, para cuando se “aclararon” los datos del vuelo y la policía llegó a la puerta de embarque, “las puertas del avión ya estaban cerradas para iniciar el despegue”. Añadió que Olim Ochilov había tomado un vuelo de “Uzbekistán Airways” a Urgench, en el oeste de Uzbekistán, el 1 de julio y que había subido al avión por voluntad propia, antes de que la policía pudiera intervenir.
Se desconoce el paradero actual de Olim Ochilov en Uzbekistán. Las autoridades uzbekas lo acusan de “actividades contra el Estado”, por lo que corre especial riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos, así como de juicio injusto, en Uzbekistán.
Procesamiento por “actividades contra el Estado” en Uzbekistán
El 13 de junio de 2013, las autoridades uzbekas acusaron a Olim Ochilov de “actividades contra el Estado” y alegaron que habían participado en actividades del denominado Movimiento Islámico de Turkestán. Afirmaron que participaba en tales actividades desde su llegada a Rusia en 2012. Ese mismo día lo incluyeron en una lista de personas buscadas. Según las autoridades uzbekas, Olim Ochilov pedía el “derrocamiento del orden constitucional” en Uzbekistán, criticaba públicamente al actual gobierno uzbeko, distribuía publicaciones extremistas prohibidas en el país y pronunciaba en Rusia discursos para otros migrantes laborales uzbekos a los que animaba a viajar a “campos de adiestramiento subversivo terrorista” especiales para recibir instrucción militar.
Olim Ochilov fue declarado presunto delincuente en aplicación de los artículos del Código Penal uzbeko: 155, “Terrorismo”; 159, “Intento de derrocar el orden constitucional de la República de Uzbekistán”; 223 “Salida o entrada ilegal en la República de Uzbekistán”; 244-1, “Producción y difusión de material que contenga una amenaza para la seguridad pública y el orden público”, y 244-2 “Establecimiento, dirección o apoyo de organizaciones extremistas religiosas, separatistas, fundamentalistas o de otros tipos prohibidas”.
El 15 de junio de 2013, el Tribunal Penal de la ciudad de Karshi, en el sur de Uzbekistán, ordenó su detención.
Información general
Centenares de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes laborales han sido secuestrados o devueltos de Rusia a Uzbekistán desde 2014 incumpliendo de manera flagrante las obligaciones contraídas por Rusia en materia de derechos humanos. La prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos incluye la prohibición de devolver o trasladar a una persona a un país donde corra riesgo real de sufrir tales abusos. Rusia es Estado Parte en varios tratados que prohíben tales traslados, pero ha incumplido constantemente y de manera flagrante sus compromisos en materia de derechos humanos enviando de regreso a Uzbekistán a personas que ha sufrido luego terribles daños físicos y psicológicos a mano de las autoridades del Estado y sus agentes.
Expulsión de Rusia de “extranjeros indeseables”
Según ONG y abogados que trabajan en Rusia, la mayoría de los migrantes laborales y solicitantes de asilo declarados “extranjeros indeseables” no pueden presentar apelaciones por escrito contra su expulsión si no están representados por un abogado. Incluso en los raros casos en que presentan una apelación, no se paraliza automáticamente la expulsión, sino que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ejecutar la orden de expulsión en cualquier momento mientras un tribunal ruso no decida suspenderla.
En marzo de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que, con arreglo al artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Abdukhafiz Kholmurodov, solicitante de asilo de Uzbekistán, corría riesgo real de sufrir tortura si era devuelto allí. El Tribunal decidió también que las autoridades rusas no habían examinado de manera efectiva su solicitud ni el riesgo de tortura en los procedimientos de expulsión administrativa y no habían ofrecido salvaguardias efectivas, como dispone el artículo 13 del Convenio Europeo.
El 25 de marzo de 2015, el tribunal de apelación de Kostroma confirmó la sentencia del tribunal de primera instancia para la expulsión administrativa de Abdukhafiz Kholmurodov, que había sido declarado “extranjero indeseable”, y dictó una “orden de exclusión” . Afirmó que, de acuerdo con la legislación rusa, al pronunciase sobre un caso de expulsión administrativa, los tribunales no estaban obligados a tener en cuenta las sentencias del Tribunal Europeo sobre la existencia de riesgo real de tortura en caso de devolución a Uzbekistán ni la información de las organizaciones internacionales sobre la situación de los derechos humanos en este país. La expulsión de Abdukhafiz Kholmurodov no se detuvo hasta que el Tribunal Europeo dictó medidas provisionales.
Tortura en Uzbekistán
La tortura y los malos tratos son rasgos característicos del sistema de justicia penal de Uzbekistán desde hace mucho tiempo. En su informe de abril de 2015 Secrets and lies: Forced confessions under torture in Uzbekistan, Amnistía Internacional determinó que el uso de la tortura era generalizado en Uzbekistán y un elemento esencial del modo en que las autoridades uzbekas trataban la disidencia, combatían las amenazas presuntas o reales a la seguridad nacional y reprimían la oposición política. La tortura y la amenaza de tortura se utilizan de manera habitual para conseguir confesiones forzadas, castigar a las personas detenidas o presas y a sus familiares, incriminar a otras personas o extorsionar para obtener dinero.
Las autoridades uzbekas continúan negando enérgicamente las denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad y el personal penitenciario. Sin embargo, los jueces siguen basándose en gran medida en confesiones obtenidas por medio de tortura para dictar sentencias condenatorias, haciendo caso omiso o rechazando por por considerarlas infundadas las denuncias de tortura u otros malos tratos formuladas por los acusados, incluso cuando hay pruebas creíbles. Asimismo, las autoridades locales y las fuerzas de seguridad continúan persiguiendo a las familias de presuntos delincuentes para presionarlas a fin de que revelen su paradero o para obligar a éstos a entregarse a la policía, firmar “confesiones”, incriminar a otras personas, retractarse de sus denuncias o extorsionarlos.
Información complementaria
Amnistía Internacional, Fast-track to torture: Abductions and forcible returns from Russia to Uzbekistan, 21 de abril de 2016, Índice AI: EUR 62/3740/2016, disponible en https://www.amnesty.org/en/documents/eur62/3740/2016/en/
Amnistía Internacional, Secrets and lies: Forced confessions under torture in Uzbekistan, 15 de abril de 2015, Índice AI: EUR 62/1086/2015, disponible en https://www.amnesty.org/en/documents/eur62/1086/2015/en/