Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central
Cuando el sábado sonó el silbato en el estadio Zenit Arena de San Petersburgo, señalando el inicio de la Copa FIFA Confederaciones de 2017, no todo el mundo estuvo de humor para aplaudir.
Decenas de personas en Rusia pasaron ese fin de semana en la cárcel, atrapadas por la represión ejercida por las autoridades rusas en respuesta a las protestas contra la corrupción del lunes de esa semana. Incluso para los sombríos estándares rusos, la reacción contra las protestas fue alarmante: cientos de personas arrestadas simplemente por ejercer su derecho a protestar de manera pacífica, recogido en la constitución rusa.
Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales muchas de las personas detenidas pasaron la noche en comisarías de policía yrecibieron un trato cruel y degradantemientras permanecieron bajo custodia, amontonadas en celdas y, algunas de ellas, incluso pasaron la noche al raso.
Para la FIFA, celebrar la competición en este contexto supone someter bien pronto a prueba su nuevo enfoque de derechos humanos, al que tanta publicidad ha dado. Con su nuevapolítica de derechos humanos, hecha pública hace sólo una semana, la organización se ha comprometido a respetar “todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente”.
Además, la FIFA ha establecido un Consejo Consultivo de Derechos Humanos, con voces independientes y creíbles, y ha pasado a formar parte del comité conductor de la Plataforma de Derechos Humanos en los Mega Eventos Deportivos.
Este cambio de rumbo debía haber ocurrido hace tiempo. Se produce tras las fuertes críticas internacionales a la incapacidad de la FIFA para abordar preocupaciones graves de derechos humanos en la organización de eventos, tras elegir a Rusia y a Qatar como países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA en 2018 y 2022, respectivamente.
Amnistía Internacional y otros han documentado ampliamente la explotación laboral en la construcción de estadios y otras infraestructuras para la Copa Mundial en Qatary, con respecto a Rusia, un informe de Human Rights Watch publicado esta semana informa sobre la explotación atroz en la construcción de estadios en el país, a pesar del compromiso de la FIFA de vigilar las condiciones laborales. La FIFA respondió al informe diciendo que, a pesar de que se habían encontrado “casos de incumplimiento de las normas laborales pertinentes”, el “mensaje de explotación sistemática en las obras de construcción presentado por Human Rights Watch no se corresponde” con la evaluación propia de la FIFA.
Pero, cómo se construyen los estadios no es lo único que debería plantear motivos graves de preocupación en materia de derechos humanos a la dirección de la FIFA esta semana.
La Copa Confederaciones no podía llegar en circunstancias más críticas para Rusia, en unos momentos en que los deseos de manifestarse públicamente entre la población son los más intensos desde hace años, y a pesar de todos los intentos de las autoridades por disuadir e intimidar a los posibles manifestantes. Las leyes draconianas y las prácticas abusivas que utilizan las autoridades rusas para silenciar protestas deberían suscitar alarma en la sede de la FIFA.
Probablemente los activistas en Rusia utilizaran la oportunidad que les brinda la proyección internacional que tendrá el país durante la competición de este año —y, sobre todo, durante la Copa Mundial el año próximo— para organizar protestas contra el creciente autoritarismo del Kremlin.
Si la FIFA se toma los derechos humanos tan en serio como dice que ahora hace, entonces debe tener un plan claro sobre cómo responder a las protestas y la represión desproporcionada con la que muy probablemente reaccionarán las autoridades. Habría sido difícil plantearle una prueba mejor para demostrar sus nuevos principios en materia de derechos humanos. Ha llegado el momento de demostrar que está dispuesta a ir más allá de las palabras, aunque ello signifique mantener algunas conversaciones difíciles con su anfitrión ruso.
En 2014, el Comité Olímpico Internacional (COI) demostró lo que no debe hacerse en estas circunstancias. Su incapacidad para enfrentarse a Rusia durante los Juegos Olímpicos de Sochi en relación con los arrestos prácticamente diarios y palizas a manifestantes, dejó una oscura macha en el legado de Sochi.
El COI miró para otro lado frente a la opresión de las autoridades al derecho a la libertad de asociación y de expresión durante los juegos, por sucesos tales como, entre otros, la detención de un activista transgénero por ondear una bandera con los colores del arco iris, o la flagelación pública y posterior detención por cosacos dedos integrantes del grupo punk Pussy Riot recientemente puestas en libertad, así como los reiterados incidentes de palizas, interrogatorios y hostigamiento a manifestantes y la amplia vigilancia a que se sometió a periodistas durante toda la duración de los juegos.
Yevgeny Vitishko, defensor del medio ambiente y preso de conciencia, pasó casi dos años en la cárcel presuntamente por dañar una valla durante los juegos, cuando la razón tras su detención realmente era su intención de informar del coste medioambiental de las obras de construcción relativas a los juegos. Para su descrédito, el COI eludió actuar a petición de Amnistía Internacional y otros para condenar esta multitud de abusos.
El resultado fue que las autoridades rusas cometieron violaciones ante la mirada internacional, sin consecuencias aparentes. Si esta experiencia las envalentonó, ahora le toca a la FIFA vestir la camiseta de árbitro y demostrar que esta vez las cosas serán diferentes. Para empezar, debe utilizar su influencia con el gobierno para evitar represalias contra los medios de comunicación libres y las ONG de derechos humanos, algo a lo que se ha comprometido con su nueva política de derechos humanos.
La represión que se ha visto en Rusia esta semana debería estar teniendo consecuencias en la sede de la FIFA. La FIFA debe tener claro que las principales competiciones de fútbol no pueden ocurrir en un vacío de derechos humanos y que las autoridades rusas deben garantizar el derecho a la libertad de expresión y de asociación pacífica.
Es mucho el poder que tienen organizaciones deportivas mundiales como la FIFA o el COI, pero ese poder conlleva mucha responsabilidad. En sus manos está presionar a los gobiernos para impedir abusos contra los derechos humanos en el contexto de grandes eventos deportivos.
Una competición como la Copa Confederaciones es mucho más que lo que pasa en el terreno de juego y la FIFA debe dejar claro que el juego limpio no acaba cuando se van los jugadores.