La República Dominicana debe asumir urgentemente sus responsabilidades de derechos humanos

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La República Dominicana debe asumir urgentemente sus responsabilidades de derechos humanos

9, May. 2014 | Categoría:

El último aplazamiento del diálogo bilateral entre los gobiernos haitiano y dominicano sobre la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que privaba de manera retroactiva y arbitraria de su nacionalidad dominicana a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana demuestra la falta de disposición de las autoridades dominicanas a asumir sus responsabilidades en materia de derechos humanos respecto a la comunidad afectada. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

A Dominican girl in batey Libertad, June 2006.El pasado mes de septiembre, el Tribunal Constitucional dominicano resolvió que todas las personas nacidas en el país desde 1929 de padres extranjeros que no pudieran demostrar su condición de inmigrantes regulares habían sido inscritas erróneamente como dominicanas y no habían tenido derecho en ningún momento a la nacionalidad dominicana. Aquella fue la última decisión, y la más dramática, de una larga historia de discriminación contra las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Se cree que miles de personas han perdido su nacionalidad dominicana y se han convertido en apátridas.

“Tras la sentencia, las autoridades dominicanas, incluido el presidente Danilo Medina, mostraron una actitud alentadora al manifestar su disposición a encontrar una solución adecuada que respetara los derechos humanos de las miles de personas afectadas. Sin embargo, esa promesa se está desvaneciendo rápidamente, y las personas dominicanas de ascendencia haitiana se encuentran atrapadas en una situación en la que se vencomprometidos sus derechos fundamentales, entre ellos los derechos a una identidad y a una nacionalidad”, ha manifestado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

Los gobiernos haitiano y dominicano acordaron celebrar una reunión de máximo nivel para encontrar una solución adecuada, y en enero y febrero de 2014 se celebraron dos rondas de diálogos bilaterales con la participación del gobierno de Venezuela, la Unión Europea y CARICOM. El tercer diálogo estaba inicialmente previsto para el 12 de marzo, pero se ha aplazado en cinco ocasiones; la última fecha fijada para celebrarlo era el 8 de mayo.

“El motivo de este último aplazamiento parece ser el retraso del gobierno en presentar al Congreso dominicano un anteproyecto de ley para resolver la crisis de derechos humanos creada por la sentencia del Tribunal Constitucional. El gobierno dominicano ha prometido reiteradamente introducir ese anteproyecto de ley desde principios de año, pero en estos momentos parece que no existe una voluntad política de hacerlo”, ha manifestado Javier Zúñiga.

Ya han transcurrido casi ocho meses desde la sentencia del Tribunal Constitucional, y las autoridades dominicanas no han llegado a una solución que respete las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos. Mientras tanto, las personas dominicanas de ascendencia haitiana que se han visto privadas de su nacionalidad dominicana siguen viendo violado su derecho a acceder a servicios sociales, incluidos servicios de educación y salud, y ven cómo se les niegan también derechos humanos fundamentales como el derecho a viajar, a contraer matrimonio, a formar una familia y a trabajar.

“La situación es dramática y necesita una solución urgente. Las autoridades dominicanas deben actuar sin demora y seguir las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha pedido a la República Dominicana que devuelva la nacionalidad dominicana a quienes se han visto privados de ella a causa de la sentencia, sin exigirles que se registren como extranjeros como requisito previo para que se reconozcan sus derechos”, ha manifestado Javier Zúñiga.

“La República Dominicana no puede seguir posponiendo la asunción de sus responsabilidades. A las personas dominicanas de ascendencia haitiana se les está negando el acceso a sus documentos de identidad no sólo desde septiembre de 2013, sino desde hace ya más de una década, y su vida se encuentra en un limbo total. Resulta preocupante que, cada vez que se plantea la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional, las autoridades dominicanas se refieran a ella como una cuestión de inmigración, no como una cuestión de nacionalidad. Las personas afectadas no son inmigrantes que hayan llegado a la República Dominicana. Nacieron en el país y, en el momento de su nacimiento, tuvieron derecho a la nacionalidad dominicana.”

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