De Madeleine Penman, Mexico Researcher at Amnesty International, and Marselha Gonçalves Margerin, Advocacy Director for the Americas at Amnesty International USA
Hoy, los gobiernos de Estados y México dejan a un lado sus notorias tensiones de los últimos meses para coorganizar en Miami una conferencia sobre seguridad y gobernanza en El Salvador, Guatemala y Honduras, el Triángulo Norte de Centroamérica, de donde miles de personas huyen a causa de la violencia extrema para solicitar asilo en Estados Unidos y México.
Ver a Estados Unidos y a México mostrarse tan felices ante las cámaras porque han coorganizado esta conferencia suscita varias preguntas.
¿Por qué no habla nadie del gran muro de Trump? ¿Va a hablar alguien de las notorias diferencias que hay entre ambos gobiernos en la negociación de un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte?
Queda por ver si estos aspectos sin resolver de las relaciones entre Estados Unidos y México serán las bazas para la negociación en las conversaciones de Miami, que afectan a familias, niños y niñas y comunidades enteras, cuya existencia está siendo destruida por las poderosas maras que controlan en la práctica la vida de miles de personas en países como Honduras y El Salvador.
Son muchas las personas que no tienen más remedio que huir de estos países, cuyas tasas de homicidios figuran entre las más altas del planeta.
Sin embargo, en vez de servir para aplicar un enfoque humanitario a las crisis de estos países, la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica estará dirigida en gran medida por el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, cuya tarea principal consiste en vigilar las fronteras de Estados Unidos. Invitará a las personas asistentes a reunirse en la base del Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos para hablar de soluciones para Centroamérica con numerosos actores gubernamentales, del sector privado y de desarrollo internacional.
Al mismo tiempo, la obligación que tienen estos gobiernos en virtud del derecho internacional de proteger a quienes huyen para salvar la vida no debe olvidarse.
Mientras los líderes se reúnen para hablar del modo de abordar la crisis de seguridad de Centroamérica, Estados Unidos ha comenzado ya a implementar uno de los programas de control de fronteras más ambiciosos de su historia reciente, que afecta directamente a miles de solicitantes de asilo de Centroamérica.
Un informe que Amnistía Internacional ha presentado ayer muestra cómo estas medidas, que se están implantando en la actualidad de conformidad con la orden ejecutiva de Trump sobre seguridad fronteriza del 25 de enero de 2017, amenazan con repetir las mismas estrategias fallidas que los presidentes de Estados Unidos han venido probando desde la década de 1990. Se ha visto que, en vez de promover la estabilidad en Centroamérica, la vigilancia estricta de fronteras ha provocado un aumento de la industria del contrabando de personas, que llena los bolsillos de poderosas redes delictivas de la región y afecta a la vida de miles de personas vulnerables.
Las medidas de Trump no sólo propugnan la construcción de un muro, sino que permiten también la devolución de personas a situaciones donde corre peligro su vida, así como el aumento de la detención preceptiva ilegal de solicitantes de asilo y familias durante meses. En los debates entablados hoy en Miami debe examinarse el ciclo de migración de principio a fin y no sólo considerar la crisis centroamericana de seguridad, sino también condenar las medidas inhumanas concebidas por Estados Unidos para responder a la llegada de personas desde Centroamérica, que vulneran el derecho internacional
No se puede ocultar el deseo de Estados Unidos de que México desempeñe una función clave en la contención del flujo de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a sus fronteras desde Centroamérica.
Un gobierno mexicano ansioso por hacer avances en otras negociaciones entabladas con Estados Unidos podría estar más que dispuesto a intensificar los esfuerzos que realiza ya como filtro principal de la entrada en Estados Unidos.
La investigación de Amnistía Internacional muestra que México desempeña la función de principal agente de inmigración de Estados Unidos, al devolver a miles de personas centroamericanas a situaciones caracterizadas por los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos, cuando el mismo gobierno mexicano se lamenta de que se dispense este mismo trato a sus ciudadanos y ciudadanas.
Pero no hay que olvidar que ambos gobiernos deben respetar los principios de los tratados internacionales de derechos humanos que prohíben la devolución de personas a situaciones donde corra peligro su vida. De las 113 personas del Triángulo Norte con las que Amnistía Internacional ha hablado en los últimos meses, el 86% ha afirmado que su vida corría grave peligro.
Sin embargo, los gobiernos de Estados Unidos y México son cómplices en violaciones del derecho internacional en las que se envía a miles de personas de regreso a la muerte y que, en vez de afrontar el problema, amenazan con agravarlo.
Es poco probable que esta crisis se resuelva pronto. Lo que se plantea ahora es con cuánta sangre más están los gobiernos dispuestos a mancharse las manos.
Este artículo se publicó originalmente en IPS