El continuo aumento de los secuestros a manos de milicias pone de relieve cómo la ausencia del Estado de derecho en Libia fomenta el caos y el desgobierno y deja sumida en el miedo a la población civil del país, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Los secuestros de civiles cometidos por milicias, a menudo para pedir un rescate, han experimentado un brusco aumento desde 2014, sobre todo en el oeste del país, donde cientos de personas están en paradero desconocido y los secuestros han pasado a formar parte de la vida diaria.
Una de las últimas personas que ha desaparecido es Salem Mohamed Beitelmal, profesor de la Universidad de Trípoli a quien secuestraron hace más de dos semanas no lejos de su casa, en la zona de Siyyad, en las afueras de Trípoli. Continúa en paradero desconocido, y desde que fue secuestrado su familia no ha tenido ningún contacto con él.
“El caso de Salem Beitelmal ilustra los peligros constantes que representan para los civiles estas milicias, que siguen intimidando a la población y sembrando el terror a través de una campaña implacable de secuestros. También refleja la complicidad de unos representantes políticos y cargos públicos que hasta ahora no han puesto freno a esta lucrativa práctica de las milicias”, ha afirmado Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“Las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para poner fin al ciclo de violencia y miedo en el que vive actualmente la población civil libia, investigando eficazmente estos delitos y llevando a los presuntos responsables ante la justicia.”
Salem Beitelmal, profesor del Departamento de Ingeniería Naval de la Universidad de Trípoli, desapareció cuando se dirigía a su trabajo el 20 de abril de 2017. Hacia las diez de la mañana de ese día, los vecinos encontraron su automóvil abandonado en una calle no muy alejada de su casa. Todos los intentos de conocer su paradero por parte de la familia han sido infructuosos hasta el momento.
Siyyad, la zona donde tuvo lugar el secuestro, está controlada por varias milicias. Algunas actúan teóricamente bajo la autoridad del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Ningún grupo ha reivindicado la autoría del secuestro, y sigue sin estar claro qué milicia lo retiene.
Por otra parte, aumentan los temores por la salud de Salem Beitelmal, ya que padece un problema de salud preexistente que requiere medicación continuada.
Activistas y periodistas libios han señalado los secuestros como una de las realidades más atroces de la vida diaria en la Libia actual. Según información publicada en los medios de comunicación, que citaba como fuente el Departamento de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior en Trípoli, hubo al menos 293 secuestros entre el 15 de diciembre de 2016 y el 31 de enero de 2017. Muchas familias prefieren no denunciar los secuestros por miedo a sufrir represalias, por lo que muchos casos quedan sin documentar.
La mayoría de los secuestros se perpetran con el objetivo de pedir el rescate más alto posible a las familias; en algunos casos se llevan a cabo para negociar un canje de detenidos. El secuestro es también una táctica de las milicias para silenciar a los opositores, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que las critican. Se ha actuado contra personas por su presunta filiación política o tribal, o por su profesión o supuesta riqueza, con el fin de obtener de ellos información confidencial o grandes sumas de dinero de rescate.
Milicias y grupos armados rivales en Libia vienen cometiendo graves abusos contra los derechos humanos con impunidad casi absoluta. Incluso los que actúan bajo la autoridad del gobierno respaldado por la ONU, afiliados al Ministerio de Defensa o bajo el control teórico del Ministerio del Interior, no están sometidos en la práctica a la supervisión o el control de las autoridades centrales.
”La epidemia de secuestros pone de relieve la falta de control efectivo por parte de todas las facciones que reclaman legitimidad sobre el terreno”, ha manifestado Heba Morayef.
“Restablecer el Estado de derecho debe ser absolutamente prioritario. Esto incluye que las autoridades garanticen que los presuntos autores de secuestros, desapariciones forzadas y otros crímenes de derecho internacional comparecen ante la justicia y son procesados con las debidas garantías. Ya es hora de poner fin a esta cultura de impunidad generalizada que ha envalentonado hasta ahora a los autores de estos crímenes.”
Amnistía Internacional solicita al Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia que lleve a cabo una investigación completa sobre todos los secuestros de civiles en el país, para garantizar la liberación segura y sin demora de los rehenes, entre ellos Salem Beitelmal.
“La comunidad internacional no puede seguir pasando por alto el asunto de los secuestros en las conversaciones con las diversas milicias y actores políticos. Cerrar los ojos ante estos crímenes atroces sólo servirá para agravar el ciclo de impunidad”, ha dicho Heba Morayef.
Amnistía Internacional pide también a los actores políticos de Libia que contribuyan al fin de los abusos suspendiendo todo el apoyo económico a las milicias responsables de actividades delictivas.
Amnistía Internacional sigue pidiendo a la Corte Penal Internacional, que se ha comprometido a considerar prioritarios los continuos abusos de los grupos armados en sus investigaciones, que examine los crímenes cometidos por todas las partes desde 2011. Hasta ahora no se ha llevado a cabo una sola investigación significativa sobre los crímenes presuntamente cometidos por los grupos armados afiliados a los sucesivos gobiernos de Libia. La comunidad internacional tiene también una función esencial que cumplir, en términos de proporcionar apoyo a la investigación de la Corte y garantizar el restablecimiento del Estado de derecho en Libia.