De Catherine Murphy, Policy Advisor at Amnesty International
En todo el mundo, los trabajadores y trabajadoras sexuales están expuestos constantemente a sufrir abusos. Esto no es noticia. Tampoco lo es que sean un grupo sumamente marginado de personas, obligadas a menudo a vivir fuera de la ley.
A nadie le sorprendería saber que sufren discriminación, palizas, violaciones y hostigamiento, a veces a diario, o que con frecuencia se les niega el acceso a servicios básicos de salud y vivienda.
Sin embargo, la noticia de que Amnistía Internacional había iniciado una consulta con objeto de elaborar una política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras sexuales sí que causó gran sensación en el mundo. En seguida se subieron al carro periodistas y famosos con titulares cada vez más sensacionalistas, se condenó a Amnistía Internacional por defender la “prostitución como derecho humano”.
Como organización global de derechos humanos, Amnistía Internacional tiene la obligación de buscar la mejor manera de impedir las violaciones de derechos humanos. Por ello, es justo y necesario que tengamos en cuenta a uno de los grupos más desfavorecidos del mundo, formado por personas que a menudo se ven obligadas a vivir al margen de la ley y a las que se niegan los derechos humanos más básicos: los trabajadores y trabajadoras sexuales.
Hemos optado por propugnar la despenalización de todos los aspectos de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y el trabajo sexual realizado sin coacción, explotación ni abusos. Para ello nos hemos basado en datos, incluida la experiencia en la vida real de los propios trabajadores y trabajadoras sexuales, según los cuales la penalización los hace más vulnerables.
Hemos llegado a esta postura consultando con una amplia gama de personas y grupos, entre ellos: trabajadores y trabajadoras sexuales, grupos abolicionistas y de supervivientes, organismos especializados en VIH, activistas de los derechos de las mujeres y LGBTI, grupos de mujeres indígenas, grupos que luchan contra la trata y especialistas notables.
Hemos estado más de dos años recopilando datos por medio de reuniones con centenares de personas y organizaciones. Hemos llevado a cabo investigaciones directas sobre las vivencias de trabajadores y trabajadoras sexuales en distintos contextos nacionales y jurídicos.
Nos gustaría poder decir que hemos sido los primeros en ocuparnos de este asunto. Pero no lo somos. Hay otros grupos que son partidarios de la despenalización del trabajo sexual o la propugnan, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, ONUSIDA, la Organización Internacional del Trabajo, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, la Comisión Global sobre VIH y Derecho, las Fundaciones para una Sociedad Abierta y Anti-Slavery International.
Nos hemos comprometido en todo momento a abordar la trata. La trata es un abuso atroz contra los derechos humanos y debe estar penalizada por el derecho internacional. No consideramos que las mujeres objeto de trata obligadas a vender servicios sexuales sean “trabajadoras sexuales”. Son víctimas de trata, que merecen por ello protección.
Una simple incursión en la vida de los trabajadores y trabajadoras sexuales revela que hay muchos problemas esenciales de derechos humanos que es preciso abordar con urgencia. ¿Cómo podemos reducir la amenaza de violencia a los trabajadores y trabajadoras sexuales? ¿Qué podemos hacer para garantizar que tienen acceso a atención médica y ayudarles a prevenir el VIH? ¿Y cómo se puede poner fin a la discriminación y la marginación social, que aumentan el riesgo de que los trabajadores y trabajadoras sexuales sufran abusos? Estas preguntas sobre salud, seguridad e igualdad por ley son más importantes que cualquier objeción moral a la naturaleza del trabajo sexual.
Hablando claro, nuestra política no es sobre proteger a los “proxenetas”. Amnistía Internacional cree firmemente que quienes explotan o someten a abusos a los trabajadores y trabajadoras sexuales deben ser penalizados. Pero lo cierto es que las leyes que penalizan la “administración de burdeles” y la “promoción”, son a menudo causa de que se detenga y procese a los propios trabajadores y trabajadoras sexuales. En Noruega encontramos datos que indicaban que era habitual desalojar a trabajadoras sexuales de sus hogares en aplicación de la denominada “legislación contra el proxenetismo”. En muchos países del mundo, dos trabajadoras sexuales que trabajen juntas por seguridad son consideradas un “burdel”.
Lo que queremos es que se replanteen las leyes para centrarlas en los actos de explotación, abuso y trata, más que en delitos muy generales por los que sólo se penaliza y se pone en situación de riesgo a los trabajadores y trabajadoras sexuales.
No se puede entrar en este debate sin reconocer que a menudo son mujeres y hombres que viven al margen de la sociedad quienes se ven obligados a hacer trabajo sexual. Probablemente no tengan otra forma de ganarse la vida.
Despenalizar su trabajo no significa excusar a un mundo que los echa a la calle. Queremos que estas personas disfruten de todos sus derechos humanos y continuaremos luchando por un mundo donde esto sea posible.
No debemos dar la espalda a personas como una mujer de Papúa Nueva Guinea que nos contó que, una vez que había intentado denunciar los abusos de un cliente, la policía le dijo que no quería “perder el tiempo” con trabajadoras sexuales. Ni debemos ignorar lo que ocurre en Hong Kong, donde se permite a la policía recibir “servicios sexuales” de trabajadoras sexuales para conseguir pruebas.
Desde el principio estaba claro que no iba a ser fácil. Toda postura enardece mucho los ánimos; es inevitable. Pero esperamos que el intenso debate que hemos provocado en los medios de comunicación y más allá de ellos ayude finalmente a mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras sexuales.