LOS ESTADOS NO DEBEN UTILIZAR EL PRESUPUESTO DE LA CPI PARA INTERFERIR EN SU TRABAJO

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LOS ESTADOS NO DEBEN UTILIZAR EL PRESUPUESTO DE LA CPI PARA INTERFERIR EN SU TRABAJO

23, Nov. 2016 | Categoría: ,

international_criminal_court_in_the_haguePor Elizabeth Evenson y Jonathan O’Donohue

Los Estados se quejan de que la CPI debe ampliar sus investigaciones más allá de África; sin embargo, algunos de esos mismos Estados están ahora tratando de limitar el incremento de presupuesto que se necesita para ello.

Mientras los países todavía están asimilando la noticia de que Burundi, Gambia y Sudáfrica están tratando de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), la reunión anual de los 124 Estados Partes en el Estatuto de Roma tuvo un inicio sorprendentemente positivo en La Haya la semana pasada.

La mayoría de los Estados afirmaron su apoyo a la Corte, reconocieron la necesidad de que ésta amplíe su trabajo más allá de África, e instaron a los tres países a que reconsideraran su postura. Aunque aún no han cambiado de opinión, Burundi y Sudáfrica participaron constructivamente en este diálogo. Sin embargo, cualquier progreso realizado se ve ahora amenazado por un nuevo intento por parte de 11 Estados de restringir la financiación de la Corte, algo que puede arruinar los esfuerzos de la CPI por abrir investigaciones en otras regiones. La Corte se ha enfrentado a críticas por el hecho de que todas sus investigaciones activas, salvo una, están en África.

La iniciativa de Alemania, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Venezuela forma parte de un esfuerzo a largo plazo por parte de los principales contribuyentes económicos a la Corte de limitar el crecimiento de la CPI, utilizando como argumento la crisis económica mundial y la ineficacia de la Corte. Este intento hace caso omiso de las recomendaciones de un órgano de expertos independientes según las cuales se necesita financiación adicional. También hace caso omiso del devastador impacto que las reducciones de los recursos solicitados por la Corte en años anteriores han tenido en la capacidad de ésta de llevar a cabo investigaciones y mantenerse al ritmo de los delitos que se cometen a niveles alarmantes en nuevas situaciones.

Este intento se ha producido tan sólo unos días después de que un nuevo informe de la Fiscalía señalara que podría abrir de forma inminente una investigación sobre Afganistán –que abarcaría denuncias de tortura por parte de agentes estadounidenses–, que se está inclinando a llevar a cabo investigaciones sobre Palestina y Ucrania, y que mantiene una mente abierta respecto a Colombia.

La hipocresía alcanza así un nuevo nivel: un día se apoyan investigaciones adicionales de la CPI (y, lo que es importante, fuera de África), pero al día siguiente se niegan los fondos para llevarlas a cabo. Tan sólo el jueves pasado, el ministro de Asuntos Exteriores canadiense, Stéphane Dion, dijo: “Debemos trabajar más duro para que la Corte pueda proteger mejor a los habitantes de otros continentes frente a quienes pisotean impunemente sus derechos más fundamentales. Necesitamos más Corte Penal Internacional, no menos”. Otros gobiernos hicieron declaraciones similares.

Si los países pretendieran en serio garantizar la eficacia de la Corte, trabajarían para llenar cada escritorio de la CPI y de sus oficinas sobre el terreno lo antes posible, con el fin de asegurarse de que la Corte aborda su carga atrasada de investigaciones e imparte justicia al mayor número posible de víctimas en todas las regiones.

Sin embargo, cada vez está más claro que la buena voluntad de incluso los más firmes defensores de la justicia internacional de respaldar y financiar la CPI no puede darse por sentada cuando sus intereses económicos se ven afectados.

El cínico enfoque de estos gobiernos hacia la financiación de la CPI muestra que se ha aprendido poco de los fracasos de otras instituciones globales provocados por la falta de fondos.

Esto no debe suceder en la CPI. El compromiso mayoritario de los países debe mantener la honradez de todos los Estados. Es preciso refrenar a estos 11 Estados o votar en su contra para garantizar que la CPI recibe los recursos que necesita.

 

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