Por Biraj Patnaik, director de Amnistía Internacional para Asia meridional
Las Maldivas son uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Esta sucesión de islas del océano Índico, famosas por sus increíble belleza natural, atraen todos los años a más de un millón de personas. Las amplias vistas de mar azul turquesa, las playas de arena blanca sombreadas por palmeras y la cálida hospitalidad de su población les ha valido la fama de paradisíacas.
Sin embargo, esta semana son los espantosos actos de su gobierno lo llama la atención de ellas. Maldivas se dispone a llevar a cabo sus primeras ejecuciones en más de 60 años. Asediado por la crisis política, el gobierno quiere mandar a tres hombres a la horca con el mal disimulado fin de parecer fuerte y desviar la atención.
Si se permite que las ejecuciones sigan adelante, se incumplirán los compromisos contraídos por Maldivas con arreglo al derecho internacional. Hay serias dudas acerca del respeto de las debidas garantías en los procedimientos en que se decidió la suerte de esos tres hombres. Uno de ellos, Hussain Humaam Ahmed, fue declarado culpable de asesinado en virtud de una “confesión” obtenida al parecer con coacción y de la que se retractó posteriormente.
Los casos han llamado la atención de las Naciones Unidas. El año pasado, el Comité de Derechos Humanos pidió al gobierno que aplazara la ejecución de Humaam hasta que se viera un recurso interpuesto en su favor. Asimismo, el mes pasado este mismo órgano de la ONU formuló solicitudes similares con respecto a los otros dos hombres, Ahmed Murrath y Mohammed Nabeel, declarados también culpables de asesinato
La determinación del gobierno de llevar a cabo las ejecuciones pone de relieve hasta qué punto ha retrocedido Maldivas en lo que respecta al respeto de los derechos humanos. Las islas han estado durante decenios a la cabeza de la región, por ser uno de los primeros países que evitaron hacer uso de la pena capital. Ahora, cuando la mayor parte del mundo ha abolido esta pena cruel e irreversible, están avanzando en la dirección equivocada.
Utilizando una de las excusas preferidas de los ejecutores de la pena capital más infame del mundo, el gobierno de Maldivas ha dicho que las ejecuciones son necesarias para reducir la delincuencia. No hay pruebas que respalden esta afirmación. Las investigaciones realizadas demuestran que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio especial frente a la delincuencia. Los países no se vuelven más seguros arrebatando vidas.
La verdadera razón de las ejecuciones quedó patente en el Parlamento de Maldivas la semana pasada. La oposición política tenía previsto pedir la destitución del presidente de la cámara, pero cuatro parlamentarios quedaron inhabilitados y la votación se suspendió. Días después, cuando los opositores llegaron al edificio, se les impidió entrar. Fueron rodeados por soldados, que los echaron de allí haciendo uso de pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno.
Para su desgracia, la población de Maldivas conoce bien ya este tipo de medidas represivas. Durante el último año las autoridades han recurrido a la legislación antiterrorista para silenciar a los detractores del gobierno. Se han impuesto largas penas de prisión a miembros de la oposición por cargos falsos y tras juicios manifiestamente injustos.
El margen de acción de la sociedad civil y los periodistas se ha reducido enormemente con la introducción de la draconiana Ley de Difamación y Libertad de Expresión, que penaliza la libertad de expresión con sanciones como condenas de hasta seis meses de prisión y multas de hasta 100.000 libras esterlinas.
Al mismo tiempo, el gobierno ha reformado la legislación, aparentemente para que resulte más fácil llevar a cabo ejecuciones. Se han fijado plazos para presentar recursos, y se ha retirado al presidente la facultad de conceder conmutaciones e indultos en los casos de asesinato premeditado, así que los condenados no tienen ya la posibilidad de solicitar la medida de gracia del poder ejecutivo, lo que constituye una infracción del derecho internacional de los derechos humanos.
En la actualidad hay 20 personas condenadas a muerte en Maldivas. Al menos cinco de ellas fueron declaradas culpables y condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, lo que agrava aún más la injusticia y el desprecio de las salvaguardias internacionales.
Maldivas ha resistido de momento la presión internacional. El año pasado, se retiró de la Commonwealth después de que se sometiera a examen su terrible historial en materia de derechos humanos. El presidente Yameen está actuando sobre la base del cínico cálculo de que la gente seguirá acudiendo en gran número a las playas maldivas aunque se esté ejecutando a alguien en la isla de al lado.
La comunidad internacional debe hacerle ver lo erróneo de esta idea. Hay ya señales del grave daño que podría sufrir Maldivas si se ejecuta a estos tres hombres. Como consecuencia del asalto al Parlamento, se ha emitido un aviso de seguridad para los ciudadanos británicos que viajen a Maldivas, y Richard Branson ha pedido a otros magnates de los negocios que tomen nota.
Hay que decir al presidente Yameen que, si no da marcha atrás en este temerario proceder, que obliga a Maldivas a ir a contracorriente de la historia en lo que respecta a la pena de muerte, el país será más conocido por su crueldad que por la belleza natural de sus islas.