Por Alfonsina Peña y Daniela Barría, Activistas de Equipo de Migración y Refugio, Amnistía Internacional Chile
Cada cierto tiempo surgen declaraciones de personas con influencia en la política nacional que alimentan la estigmatización y discriminación contra las personas migrantes. Felizmente, junto con esto surgen también voces ciudadanas que se oponen a ese tipo de discurso odioso y alzan la voz a favor de la integración y el reconocimiento digno de las diferencias.
Volviendo a las desafortunadas declaraciones de las que hemos sido testigo a través de los medios de comunicación, nos parece peligroso instaurar la idea en la ciudadanía de que existen dos clases de personas: las que “merecen” ingresar al país, y otras que simplemente no lo merecen. Desde Amnistía Internacional, hacemos un llamado a recordar que uno de los pilares y principios inspiradores de la Declaración Universal de Derechos Humanos es la igualdad, establecida en su artículo 1, el cual señala que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En consecuencia, rechazamos contundentemente el establecimiento de una especie de ranking de hombres y mujeres en el que unos/as importan o son más “útiles” que otros/as.
Como integrantes de una organización internacional defensora de los derechos humanos, hacemos una invitación a las personas que pueden llegar a desempeñar una labor pública a ser extremadamente cuidadosas con las opiniones relativas a la migración, evitando dichos xenófobos y dignos de una retórica obsoleta para los tiempos multiculturales en los que vivimos hoy.
Desde Amnistía Internacional invitamos a las autoridades y candidatos/as presidenciales, a no caer en el discurso del miedo, del odio y la xenofobia, y esperamos a que ninguna campaña electoral tenga como tónica general la diferenciación o clasificación de los seres humanos en “buenos” y “malos”; “aptos” para entrar en el país o “no aptos”, “útiles” y “peligrosos”; pues con su voz estarán perpetuando la estigmatización y los prejuicios que giran en torno a la migración y que son, per sé, discriminatorios.
Por lo demás, insistimos en que es de suma urgencia que el Estado de Chile apruebe una Ley Migratoria que respete los derechos humanos de las personas migrantes, de acuerdo a los numerosos tratados y convenios internacionales de los que forma parte, reformando así el actual Decreto Ley 1094 aprobado en 1975, que regula la migración bajo un enfoque de seguridad nacional.
Por último, nos gustaría mencionar que cada Estado tiene la facultad de determinar libremente sus programas migratorios, establecer mecanismos para saber quién cruza sus fronteras y tomar medidas para minimizar la migración no autorizada; pero esto no los libra de respetar en cada momento los derechos de las personas migrantes.