Las autoridades del estado de Lagos deben tomar medidas de inmediato para proporcionar alojamiento alternativo a nada menos que 30.000 personas a quienes se dejó sin hogar, desobedeciendo directamente una orden judicial, al prender fuego a sus casas en la comunidad de Otodo Gbame en Lekki (Lagos), ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Aunque no está claro quién provocó el primer incendio la mañana del miércoles 9 de noviembre, según han explicado testigos a la organización los agentes de policía que estaban presentes no intentaron sofocarlo, sino que los persiguieron cuando ellos intentaron hacerlo.
Cuando por la tarde se extinguió el incendio, la policía regresó con un equipo de demolición y una excavadora. Los testigos afirman que los agentes reavivaron el fuego, desalojando a la fuerza a miles de personas de sus casas. En ningún momento se vieron bomberos.
“Miles de residentes en Otodo Gbame presenciaron horrorizados cómo sus viviendas y posesiones quedaban destruidas literalmente de la noche a la mañana, y su futuro, sumido en la incertidumbre. Lo que resulta especialmente impactante es que el lunes la comunidad había conseguido un mandato judicial que impedía que el gobierno del estado de Lagos siguiera adelante con la demolición prevista de los asentamientos precarios ribereños del estado, y por tanto las autoridades que participaron en esta destrucción violaron la ley de forma flagrante”, ha dicho Morayo Adebayo, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria.
“Por tanto, instamos a las autoridades del estado de Lagos a que creen de inmediato una comisión de investigación sobre el terrible incidente de Otodo Gbame y proporcionen una vivienda alternativa y una indemnización a todas las personas que han perdido su vivienda.”
Amnistía Internacional habló con ocho residentes que contaron lo que habían visto en los últimos días.
Según estos testigos, los acontecimientos comenzaron el lunes de noviembre con una “refriega” entre jóvenes de Otodo Gbame y jóvenes de una comunidad vecina. La “refriega” se recrudeció el miércoles por la mañana y a consecuencia de ella se declaró un incendio. La policía declaró que había intervenido en ese momento para “restaurar la calma”.
Una mujer de 22 años afirmó que el miércoles por la mañana había visto a unos jóvenes prender fuego a las casas, y que la policía había impedido que nadie interviniera o pusiera a salvo sus pertenencias:
“[Intentamos] empaquetar nuestras cosas, pero la policía [nos impidió] hacerlo; [amenazó con] dispararnos […..] y todos nos fuimos con las manos vacías.”
La tarde del 9 de noviembre, el fuego había destruido ya aproximadamente un tercio de la comunidad. Un testigo dijo a Amnistía Internacional que las llamas cesaron aproximadamente a la 1.30 de la tarde, aunque la humareda continuaba en la comunidad.
Esa misma noche, en torno a las 11.30, la policía regresó con una excavadora y comenzó a demoler el resto de las casas. Los testigos dijeron a Amnistía Internacional que en este desalojo forzoso, que continuó hasta bien entrada la tarde del 10 de noviembre, la policía también prendió fuego a casas. Un testigo contó a Amnistía Internacional que, cuando la excavadora derribaba las casas, la policía prendía fuego a los escombros. Otros dijeron también que los agentes prendían fuego a casas que aún estaban en pie.
Un hombre de 39 años residente en Otodo Gbame describió así a Amnistía Internacional el caos que se produjo cuando la destrucción se reanudó inesperadamente la noche del miércoles:
La policía disparaba [al aire] con sus armas, todo el mundo corría descontrolado para salvar la vida […] No dejaron que nadie rescatara sus propiedades, todo se quemó. Yo sólo pude rescatar [unas] pocas [cosas]. Casi todo lo que se quemó fueron pertenencias y ropa de mi esposa, así como y ropa de los niños. Tenía [una] televisión y otras cosas que se quemaron.”
Ese mismo hombre dijo también que vio a personas caerse al agua en medio del pánico, entre ellas niños pequeños que no parecían saber nadar. Otros residentes también dijeron a Amnistía Internacional que había habido varias personas ahogadas, aunque la organización no pudo verificarlo.
Un hombre de 28 años afirmó:
“Yo estaba durmiendo y en medio de la noche alguien vino a despertarme [diciendo] que había una excavadora en la comunidad. Tuve que salir y anduve hasta un lugar donde estaba a salvo y [lo veía]. La excavadora estaba en funcionamiento [derribando casas]. El equipo de demolición empezó a prender fuego a las casas que ya habían derribado.”
El responsable de relaciones públicas del Departamento de Control de Edificación del Estado de Lagos (LASBCA) confirmó a Amnistía Internacional que en el equipo de demolición enviado a Otodo Gbame había agentes del Departamento.
El 10 de noviembre, la policía confirmó en una declaración que “El Ministerio de Planificación Física y Desarrollo Urbano acudiría a demoler el resto de las viviendas precarias y a retirar los escombros causados por el devastador incendio”.
Los residentes dijeron a Amnistía Internacional que esta mañana (11 de noviembre), los policías habían regresado a derribar las pocas estructuras que quedaban en pie. Con la policía de nuevo en el lugar, crece el temor de que la comunidad vecina, llamada ‘Chisco Ikate’, también sea destruida. Un residente de esta comunidad dijo a Amnistía Internacional que esta mañana había llegado un equipo de demolición con una excavadora.
En octubre, las autoridades del estado de Lagos anunciaron sus planes de demoler todas las estructuras irregulares existentes en comunidades ribereñas de todo el estado, lo cual podría dejar a cientos de miles de personas sin hogar y en la indigencia. Las autoridades de Lagos afirmaron que los asentamientos son “una amenaza para la seguridad”, relacionándolos con el incremento de los secuestros en la zona. Sin embargo, no facilitaron ningún detalle sobre el proceso ni sobre cómo se realojaría a la gente.
El 31 de octubre, la Asamblea Legislativa del estado de Lagos aprobó una resolución que pedía al gobernador del estado, Akinwunmi Ambode, que detuviera los planes de demolición, y el 7 de noviembre, el Tribunal Superior de Lagos dictó un mandamiento provisional que impedía que el gobierno de Lagos continuara con la demolición de los asentamientos precarios ribereños del estado, incluido el de Otodo Gbame.
Amnistía Internacional pide que cese de inmediato la destrucción de cualquier vivienda en la zona de Otodo Gbame y otras áreas ribereñas vecinas, y que se suspendan los desalojos masivos en el estado de Lagos hasta que haya normativas que garanticen que tales desalojos se ajustan a las salvaguardias que exige el derecho internacional para que se lleve a cabo cualquier desalojo.
Estas normas prohíben los desalojos nocturnos y la destrucción deliberada de bienes por cualquier medio, incluido el incendio. El incendio deliberado de viviendas y estructuras durante la operación de demolición de la policía puede constituir trato cruel, inhumano y degradante por el que sus presuntos autores deberán comparecer ante la justicia con carácter de urgencia.
“La oleada de desalojos forzosos masivos en las comunidades ribereñas de Lagos está destrozando vidas. Pedimos a las autoridades del estado que respeten las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional deteniendo estas demoliciones y proporcionando vivienda alternativa a todas las personas a las que ya se ha dejado sin hogar”, ha dicho Morayo Adebayo.
Información complementaria
Más de dos millones de personas han sido desalojadas a la fuerza de sus hogares en distintas partes de Nigeria desde 2000. Estos desalojos se llevan a cabo sin una consulta previa adecuada, sin aviso con antelación suficiente y sin indemnización ni alojamiento alternativo. La mayoría de esas personas estaban ya marginadas, y muchas llevaban años viviendo sin acceso a agua apta para el consumo, saneamiento, atención adecuada de la salud o educación.
Nigeria es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en otros tratados internacionales y regionales de derechos humanos en virtud de los cuales debe hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada y no llevar a cabo desalojos forzosos, sino prevenirlos.