Los legisladores paquistaníes deben revertir de inmediato su decisión de reinstaurar los tribunales militares. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Dos meses después de que concluyera su mandato original de dos años, el Parlamento de Pakistán aprobó un proyecto de ley para reinstaurar los tribunales militares, que violan el derecho internacional, privan a los acusados de derechos fundamentales y funcionan rodeados de un tristemente famoso velo de secreto.
“Los tribunales militares no tienen competencia para juzgar a civiles. No existe un proceso justo cuando los juicios se celebran en secreto, no hay derecho de apelación y los jueces pueden no estar cualificados para presidir la emisión de la sentencia”, ha manifestado David Griffiths, asesor general de Amnistía Internacional sobre Asia meridional.
“Al entregar el sistema judicial al ejército, los legisladores paquistaníes han incumplido su deber de apoyar un poder judicial civil independiente. Abandonan imprudentemente a la población a un sistema judicial que, en los dos últimos años, ha dado lugar a confesiones realizadas bajo coacción, juicios injustos y ejecuciones.”
En los tribunales militares paquistaníes, no se hace pública información alguna sobre los cargos o pruebas contra los acusados, ni sobre las sentencias dictadas.
Los tribunales militares entraron en vigor en enero de 2015, después de la masacre de al menos 142 personas –entre ellas 132 niños y niñas– a manos de los talibanes en un ataque lanzado contra una escuela del ejército en Peshawar en diciembre de 2014. Por decisión de los tribunales militares, Pakistán ha llevado a cabo al menos 17 ejecuciones.
A los tribunales militares se les otorgó un mandato de dos años como medida temporal mientras se reforzaban los tribunales civiles. Sin embargo, durante ese periodo, el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo visible por fortalecer el poder judicial. Desde que Pakistán levantó la moratoria de la pena de muerte en diciembre de 2014, el país ha cobrado una triste notoriedad al convertirse en el tercer país que más ejecuciones llevó a cabo en el mundo en 2015. “La pena de muerte es venganza, no justicia. No es un elemento disuasorio efectivo, no aborda las causas fundamentales del conflicto, y perpetúa un círculo de violencia”, ha manifestado David Griffiths.
Información complementaria
Amnistía Internacional considera que la jurisdicción penal de los tribunales militares debe estar limitada, en Pakistán y en cualquier otro país, a los juicios de miembros de las fuerzas amadas por infracciones de la disciplina militar; no debe hacerse extensiva a otros delitos, incluidos los delitos de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con el derecho internacional, Amnistía Internacional se opone al uso de tribunales militares para juzgar a civiles y, junto con otras organizaciones, ha documentado toda una serie de violaciones de derechos humanos derivadas de ello, como confesiones obtenidas mediante coacción, procesos opacos, ejecuciones y juicios injustos.