De Anna Błuś, 19 septiembre 2016
Una niña de 11 años, embarazada tras ser violada por su padre, no tendrá más remedio que dar a luz. Igualmente, una mujer que corre grave peligro de morir al dar a luz o de que el feto esté muerto, no podrá solicitar que se interrumpa su embarazo. Ése será el efecto de la nueva legislación que esta semana se debatirá en el Parlamento de Polonia y que, si se aprueba, supondría la prohibición casi total del aborto.
La ley del aborto de Polonia ya es una de las más restrictivas de Europa.
El domingo, en Varsovia, Londres y otras ciudades, habrá manifestaciones en un día mundial de acción en contra de que se modifique la ley del aborto de Polonia. La modificación de la ley no sólo pretende penalizar a las mujeres y las niñas que han abortado o han solicitado abortar, sino que también aumenta de tres a cinco años la pena máxima por ayudar o animar a una mujer a abortar.
La ley del aborto de Polonia ya es una de las más restrictivas de Europa, pues sólo permite abortar en caso de violación o incesto, cuando se diagnostica al feto una discapacidad grave e irreversible o una enfermedad mortal incurable o cuando corre peligro la vida o la salud de la madre. La legislación propuesta supondría la prohibición del aborto en cualquier circunstancia, con la excepción de los casos en que los profesionales médicos lo considerasen necesario para salvar la vida de la madre. Esto pone en peligro inevitablemente la vida de la mujer y coloca a los médicos en situaciones imposibles. Sin directrices claras sobre lo cerca de la muerte que debe estar una mujer o una niña para que sea legal practicarle un aborto por razones médicas, los médicos tendrán la responsabilidad de retrasar el procedimiento el mayor tiempo posible.
“Si tengo una paciente embarazada de 32 semanas con pre-eclampsia, debo esperar para poder actuar a que ella y su hijo empiecen a morir”, explicó Romuald Dębski, ginecólogo durante un debate parlamentario el pasado mes de abril. “Si el embarazo es ectópico y hay sangrado, puedo interrumpirlo, pero si la mujer no sangra –es decir, no hay peligro de muerte inminente– tengo que esperar hasta que empieza a morirse.”
Según la reforma propuesta, provocar accidentalmente la muerte de ‘la criatura concebida’ puede ser penado con hasta tres años de cárcel. Es probable que esto tenga un efecto paralizante en los profesionales de la Medicina, socavando su capacidad de proporcionar atención, información y asesoramiento médicos adecuados a sus pacientes, con el consiguiente peligro para la salud de mujeres y niñas.
En los últimos años, la legislación sobre el aborto de Polonia ha sido impugnada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El Tribunal halló que en tres casos –incluido el de una muchacha de 14 años que había sido violada– los inaceptables obstáculos para el acceso de la mujer a un aborto seguro y legal suponían una violación de las obligaciones contraídas por Polonia en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Según cifras oficiales, en Polonia se llevan a cabo aproximadamente 1.000 abortos legales al año. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta los abortos clandestinos ni los realizados en el extranjero. Las organizaciones de mujeres calculan que la verdadera cifra podría ascender nada menos que a 150.000.
“Actualmente los médicos temen practicar abortos legales”, afirma Krystyna Kacpura, directora de la Federación de Mujeres y Planificación Familiar. “Tienen miedo de que se les estigmatice o de que su decisión tenga repercusiones negativas sobre sus hospitales. También temen ser penalizados.”
A la vista de los fallos dictados por el TEDH, es evidente que es preciso modificar las actuales prácticas de Polonia y que la introducción de nuevas restricciones supondría más violaciones de una amplia gama de obligaciones internacionales y regionales de derechos humanos. Tales restricciones constituirían además una medida regresiva que contravendría el derecho internacional.
Cientos de miles de mujeres se han unido a la lucha por sus derechos, en gran medida gracias al inmenso trabajo de organizaciones como la de Krystyna. Las personas que han participado en las manifestaciones que en los últimos meses han recorrido las calles de Polonia llevaban perchas de ropa para recordar los peligrosos y primitivos métodos de aborto autoinducido a los que podrían verse obligadas a recurrir las mujeres, especialmente las que no pueden pagarse un viaje al extranjero para interrumpir su embarazo.
No es alarmismo. Basta con fijarse en otros países en los que existen leyes draconianas similares para comprobar su negativo impacto. Las investigaciones de Amnistía Internacional en Irlanda, El Salvador, Nicaragua y Paraguay han mostrado que en todos estos países las mujeres y las niñas pagan un elevado precio por las restricciones impuestas al aborto legal y seguro. El precio es su salud, su bienestar e incluso su vida.
Las decisiones sobre el cuerpo y la salud de las mujeres deben tomarlas las propias mujeres en consulta con sus médicos, no políticos ni jueces.
El Parlamento comenzará el miércoles a debatir el proyecto de ley. Si éste se aprueba, la entrada en vigor de la nueva legislación podría ser cuestión de días. Si esto sucede, se produciría una violación de los tratados y pactos internacionales de derechos humanos y las mujeres tendrían que tomar una difícil decisión: interrumpir su embarazo e ir a la cárcel, o seguir adelante con él y arriesgar su vida.
Además, esto iría en contra de un principio muy disputado: que las decisiones sobre los cuerpos y la salud de las mujeres deben tomarlas las propias mujeres en consulta con sus médicos, no los políticos.
Anna Błuś, investigadora, Europa Central y Oriental
Este artículo fue publicado por primera vez en la revista Time.