Salil Shetty es secretario general de la organización mundial de derechos humanos Amnistía Internacional.
“Dios sabe que hay días en los que no puedo continuar, cualquier cosa es demasiado. Lo único que me mantiene vivo es pensar en mis hijos.” Esta son las palabras de Sakib, bangladeshí de 28 años, que ha trabajado de jardinero en una de las instalaciones deportivas de mayor renombre del mundo, el Aspire Zone de Qatar.
Sakib pidió un crédito para pagar 4.000 dólares estadounidenses a un reclutador a fin de conseguir un empleo que le reporta 160 dólares mensuales. Ahora dedica la mayor parte de sus escasos ingresos a saldar su deuda. El resto lo envía a casa a sus dos hijos pequeños, que dependen totalmente de él.
Ésta es la historia habitual de muchos trabajadores migrantes en Qatar.
Desde luego lo es para los más de 200 trabajadores con los que ha hablado Amnistía Internacional que están construyendo el Estadio Internacional Jalifa, que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA de 2022, o que están trabajando en el complejo aledaño de instalaciones deportivas Aspire Zone.
Las autoridades qataríes y la FIFA, el órgano rector del fútbol a escala mundial, se dieron prisa en rechazar las conclusiones de nuestra investigación cuando las publicamos el mes pasado. Pero cuando la semana que viene el nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visite Qatar, debe hacer frente a este asunto directamente. De lo contrario, la FIFA corre el riesgo de que este escaparate global en forma de torneo que es la Copa Mundial 2022 se celebre en estadios construidos a base de abusar de trabajadores migrantes.
A menudo procedentes de Bangladesh, Nepal e India, los trabajadores migrantes viajan hasta Qatar, el país más rico del mundo en términos de renta per cápita, en busca de un empleo y un ingreso para enviar a sus familias.
En lugar de encontrar el trabajo bien remunerado que anhelaban, los hombres con los que habló Amnistía Internacional han sufrido un sinfín de abusos contra sus derechos humanos, que contravienen directamente la propia legislación laboral qatarí.
Todos los trabajadores con los que hablamos nos contaron que, para conseguir sus empleos, tuvieron que desembolsar enormes sumas a los reclutadores en sus países de origen. Salvo en contadas excepciones, una vez en Qatar, todos se encontraron con que sus salarios eran más bajos, a veces la mitad o menos de lo que se les había prometido.
Viven en alojamientos precarios en condiciones de hacinamiento y muchos de ellos tardan en cobrar sus salarios o los perciben constantemente con varios meses de retraso.
A la mayoría de ellos, sus empleadores les han confiscado los pasaportes, en contra de lo dispuesto en la legislación qatarí; situación que les dificulta salir del país y les sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad frente al trabajo forzoso.
Y lo que es peor, casi todos temen denunciar su situación.
En Qatar, más de un millón y medio de trabajadores migrantes están en riesgo de sufrir este tipo de trato debido a las deficiencias en la legislación laboral del país y a un sistema de patrocinio que les impide dejar de trabajar para empleadores abusivos.
El problema no es nuevo: Amnistía Internacional lo ha documentado en reiteradas ocasiones desde 2013, año en que visité un campo de trabajo en Qatar. Hablé con trabajadores que vivían en alojamientos terribles, que no habían sido remunerados durante meses, que sobrevivían con una comida al día y que tenían dificultades para enviar dinero a sus familias. Se sentían atrapados porque les habían quitado los pasaportes.
El coraje y la valentía de los trabajadores migrantes que conocí me causaron una enorme admiración. Es escandaloso que sigan teniendo que sufrir ese tipo de abusos a pesar de todas nuestras advertencias.
Hemos constatado cierta voluntad de cambio a través del Comité Supremo de Gestión y Patrimonio de Qatar, organización que, en última instancia, es responsable de la construcción de estadios y que en 2014 publicó un conjunto de “Normas para la protección de los trabajadores”.
Sin embargo, resultante frustrante que los abusos en el proyecto del Estadio Jalifa descubiertos por Amnistía Internacional pongan de manifiesto problemas fundamentales en el planteamiento del Comité Supremo en cuanto a la supervisión y aplicación de sus normas. Sus deficiencias se ven agravadas por las lagunas existentes en la legislación qatarí, un gobierno profundamente apático y la cruel indiferencia de la FIFA.
El sistema qatarí de patrocinio, llamado kafala, por el que los trabajadores migrantes no pueden cambiar de trabajo o abandonar el país sin permiso de su empleador, es el causante principal de la más execrable explotación laboral.
A finales de 2015 se anunció a bombo y platillo una reforma del sistema de patrocinio; no obstante, es demasiado superficial y no servirá de mucho para proteger los derechos humanos de los trabajadores migrantes, cuyos derechos seguirán dependiendo de la buena voluntad de sus empleadores.
Infantino se reunirá con el Comité Supremo y funcionarios del gobierno en Qatar esta semana. Debe instar públicamente al gobierno a que reforme radicalmente su sistema de patrocinio para que los trabajadores migrantes puedan cambiar de trabajo o abandonar el país libremente.
La propia FIFA también debería llevar a cabo sus propias inspecciones periódicas independientes sobre las condiciones de trabajo en Qatar, y publicar sus resultados. Si Amnistía Internacional puede destapar los abusos cometidos en uno de los principales escenarios del torneo, la FIFA también.
El nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, todavía está a tiempo de impedir que la Copa Mundial esté cimentada en abusos, pero sólo si actúa con rapidez y determinación. Ello supondría una señal clara de que la FIFA ha entrado en una nueva era.
- Di a la FIFA y a los patrocinadores que pongan fin a la explotación asociada al Mundial. Firmar la petición.
https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/stop-fifa-and-sponsors-world-cup-exploitation/