El Tribunal de Casación de Qatar confirmó ayer las sentencias condenatorias impuestas a tres ciudadanos filipinos por espionaje, confirmando una pena de cadena perpetua y dos de 15 años de prisión.
James Lynch, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, dijo:
“La decisión del tribunal de confirmar las sentencias condenatorias de estos tres hombres, tras un juicio injusto en el que las autoridades no investigaron en absoluto denuncias creíbles de tortura, es la última demostración de las graves deficiencias del sistema de justicia penal de Qatar, concretamente en su trato a los trabajadores migrantes”.
“Las autoridades deben anunciar de inmediato una investigación exhaustiva sobre las denuncias de tortura de estos hombres y revisar la forma en que se han desarrollado estos juicios. Todas las pruebas empañadas por la tortura deben ser excluidas.”
“Este caso dice mucho de la sinceridad del compromiso declarado del gobierno de extender la justicia a los trabajadores migrantes.”
Información complementaria
Ronaldo Lopez Ulep, uno de los tres hombres cuya condena fue confirmada ayer, fue detenido en Doha en abril de 2010. Según la información recibida por Amnistía Internacional, fue sometido a reiterados episodios de tortura física y psicológica y a otros malos tratos en los ocho primeros meses de reclusión en la prisión de Seguridad del Estado, y luego lo obligaron a firmar un documento en árabe, idioma que no sabe leer, que posteriormente se presentó en el juicio como una “confesión”.
El trato que da Qatar a las personas de nacionalidad extranjera, que representan más del 90 por ciento de la mano de obra nacional, está cada vez más en el punto de mira internacional debido a la condición de Qatar como organizador de la Copa Mundial de 2022. En marzo de 2016 Amnistía Internacional informó de graves abusos contra personas migrantes que trabajaban en la construcción del estadio Jalifa de Doha.