Los ataques aéreos contra zonas residenciales de la región de Pool, en el sureste del Congo, que según informes han causado muertos y heridos, así como la destrucción de propiedades, incluidas iglesias, escuelas y centros médicos, representan un uso ilegítimo de medios letales por parte de las fuerzas de seguridad, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Estos ataques son una clara violación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por el país, que incluyen la de respetar el derecho a la vida, y deben ser sometidos a una investigación exhaustiva, independiente e imparcial. Algunos testigos presenciales contaron a la organización que el 5 de abril, unos helicópteros lanzaron al menos 30 bombas en zonas residenciales, incluida una escuela de la población de Vindza donde el objetivo era una casa donde vivía el pastor Frederic Ntumi, líder del grupo armado de los “Ninjas”.
El gobierno culpó a los “Ninjas” de la violencia del 4 de abril en la capital, Brazzaville. Posteriormente fueron atacadas las poblaciones de Soumouna y Mayama. Una testigo presencial contó a Amnistía Internacional que había visto al menos 30 cadáveres entre Soumouna y Ngula, un pueblo situado a unos 8 kilómetros.
“Las fuerzas gubernamentales han atacado a personas de forma liberada e ilegítima. Es indignante que bombardearan zonas residenciales en respuesta a la violencia que hubo en Brazzaville el 4 de abril. Por el contrario, debían haber adoptado medidas legales para garantizar que los presuntos delincuentes comparecen ante la justicia”, afirmó Ilaria Allegrozzi, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Central.
Los testigos dijeron a Amnistía Internacional que las localidades afectadas por los bombardeos están ahora abandonadas. Los habitantes de los pueblos situados en las proximidades de Soumouna han huido al bosque o a otras poblaciones, incluida la capital, Brazzaville.
Una mujer que huyó con su familia del pueblo de Ngula a Brazzaville dijo a Amnistía Internacional: “Muchas personas han muerto tras los bombardeos. Vi al menos 30 cadáveres entre Soumouna y Ngula. Los bombardeos también causaron muchos daños materiales.”
Otros testigos contaron a Amnistía Internacional que la mañana del 5 de abril, dos helicópteros lanzaron hasta 30 bombas en Vindza, donde también fueron alcanzados tres de los cuatro edificios de la escuela primaria. Ese día no había alumnos en el centro debido a la inseguridad.
Información complementaria
Amnistía Internacional entrevistó por teléfono a una docena de testigos presenciales, activistas locales y periodistas, y corroboró sus declaraciones analizando la información publicada en los medios de comunicación.
El lunes 4 de abril de 2016 hubo disparos en las calles de Brazzaville. En el barrio meridional de Makelekele, unos jóvenes levantaron barricadas y exigieron la dimisión del presidente Denis Sassou Nguesso.
Fueron incendiados un edificio perteneciente a una alcaldía local y dos comisarías de policía, y unos hombres armados atacaron un cuartel militar. El gobierno culpó a los “Ninjas” —grupo liderado por el pastor Frederic Ntumi— de la violencia, desencadenada semanas después de que el presidente Sassou Nguesso ganara las elecciones presidenciales del 20 de marzo que, según la oposición, se caracterizaron por el fraude y las irregularidades. Los medios de comunicación informaron de que entre el 5 y el 10 de abril, durante la violencia de la capital, Brazzaville, 17 personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas.
Desde que parte de la oposición rechazó los resultados de las elecciones, las autoridades congoleñas han practicado una serie de detenciones de destacadas personalidades de la oposición, incluidos los responsables de campaña de los candidatos Jean-Marie Michel Mokoko y Okombi Salissa, acusándolas de poner en peligro la seguridad nacional.
Amnistía Internacional y las organizaciones locales de derechos humanos han pedido a las autoridades que pongan en libertad a los opositores políticos detenidos por criticar pacíficamente las reciente elecciones, acaben con los arrestos y detenciones arbitrarias, y no repriman las protestas pacíficas.
El pasado mes de febrero, en un intento de silenciar a los observadores independientes de la situación de los derechos humanos, la República del Congo negó la entrada y devolvió a Dakar a un investigador de Amnistía Internacional a pesar de que tenía un visado válido, una carta de invitación y confirmaciones de reuniones con autoridades como el ministro de Defensa y funcionarios del Ministerio de Justicia.