Las autoridades rusas deben abolir su absurda “ley de propaganda homosexual” y poner fin a la persecución de los y las activistas de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional después de que a una activista se le haya impuesto una fuerte multa por publicar en las redes sociales enlaces a historias relacionadas con el colectivo LGBTI.
Evdokia Romanova ha sido declarada hoy culpable del delito administrativo de “propaganda entre menores, usando Internet, de relaciones sexuales no tradicionales”, y ha sido multada con 50.000 rublos (870 dólares estadounidenses) por un tribunal en Samara. Las acusaciones contra ella se refieren a enlaces que compartió en Facebook en 2015 y 2016, incluidos un artículo de The Guardian en torno al referéndum irlandés sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y un artículo en Buzzfeed sobre una exposición LGBTI en San Petersburgo.
“Las absurdas acusaciones contra Evdokia Romanova son una triste ilustración de las desesperadas circunstancias a las que se enfrentan actualmente los y las activistas que trabajan sobre cuestiones LGBTI en Rusia. Incluso la simple libertad de compartir con tus amistades un artículo online está ahora limitada por una legislación que es flagrantemente discriminatoria y homófoba”, ha manifestado Denis Krivosheev, director adjunto para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“La ley de propaganda homosexual no sólo se está explotando para atacar a personas como Evdokia Romanova. También se está utilizando como instrumento para propagar el miedo y la incertidumbre entre los y las activistas LGBTI en todo el país. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades rusas para que deroguen esta legislación y respeten el derecho a la libertad de expresión de todas las personas.”
Evdokia Romanova es miembro de la sección local del movimiento LGBTI Avers, y es integrante activa de la Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. El 26 de julio fue citada a presentarse en su comisaría de policía local con el pretexto de tener que actuar como testigo en un caso del que nunca había oído hablar. Para su sorpresa, en lugar de eso la informaron de que se enfrentaba a procedimientos judiciales por “propaganda homosexual”, pero se negaron a desvelarle detalles de la causa en su contra.
Durante semanas, a Evdokia Romanova y su abogado les negaron cualquier detalle sobre los motivos exactos en los que se basaban los procedimientos contra ella. Finalmente les permitieron acceder a su expediente el 5 de septiembre, cuando sólo faltaban unos días para el juicio.
Como parte de los procedimientos judiciales contra Evdokia Romanova, el Centro Policial para la Prevención del Extremismo ordenó un examen “experto” de un enlace al sitio web de la Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos que Evdokia había compartido y que pedía a los y las activistas juveniles que hicieran campaña por los derechos del colectivo LGBTI. Los “expertos” concluyeron que el enlace contenía “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, que iba dirigido a “formar una orientación sexual no tradicional”, y que era responsable de “crear una imagen atractiva de la orientación sexual no tradicional”.
Evdokia Romanova dijo a Amnistía Internacional: “He perdido la sensación de seguridad en este país. He estado recibiendo amenazas de personas a las que no conozco. Esta ley ha provocado un aumento de los crímenes de odio contra personas LGBT en todo el país. Impide a las organizaciones LGBT proporcionar apoyo jurídico y psicológico a jóvenes LGBT, que permanecen en una situación de marginación y desprotección.”
Información complementaria
La ley que prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores” —también llamada “ley de propaganda homosexual”—, aprobada en Rusia en junio de 2013, introdujo en el Código de Infracciones Administrativas ruso el artículo 6.21, que permite imponer fuertes multas a quienes, según las autoridades, promuevan “relaciones sexuales no tradicionales”.
Amnistía Internacional considera que esta ley vulnera la libertad de expresión, y ha venido haciendo campaña en favor de su abolición. En junio de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió que esta práctica era discriminatoria.