Sudáfrica debe asumir un liderazgo fuerte para abordar las amenazas que se ciernen sobre los derechos humanos fundamentales en la región de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC). Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de la 37 Cumbre de Jefes de Estado que se celebrará en Pretoria.
El país sustituye a Suazilandia como presidente del bloque regional en un momento en el que varios Estados miembros –entre ellos Angola, la República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabue– se enfrentan a una fuerte inestabilidad política vinculada a las elecciones, que ha puesto en peligro la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
La cumbre de la SADC comenzó el 9 de agosto y concluirá con la Cumbre de Jefes de Estado el 19 y 20 de agosto.
“Bajo el liderazgo de Nelson Mandela, la ‘nueva’ Sudáfrica trajo a la región –y al mundo– la esperanza de que habría una reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y que habría justicia, igualdad y respeto para los derechos humanos de todas las personas. Ahora que el país se dispone a liderar la región para el año próximo, es hora de recuperar esa esperanza y hacer realidad los valores que la inspiraron”, ha manifestado Deprose Muchena, director regional de Amnistía Internacional para África Meridional.
“Esto requerirá además la cooperación de otros jefes de Estado, que deben hacer más por proteger los derechos humanos y libertades fundamentales en sus países en unas circunstancias políticas volátiles.”
En Angola, los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido reiteradamente intimidación por exponer la corrupción y las violaciones de derechos humanos en el periodo previo a las elecciones previstas para el 23 de agosto. Quienes se echan a la calle para reclamar sus derechos han sido víctimas de detención y de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En febrero, según los informes, la policía soltó perros contra un grupo de manifestantes pacíficos en una disputa relacionada con el periodo preelectoral.
En la República Democrática del Congo, el gobierno dejó pasar el plazo límite de 2016 para organizar las elecciones presidenciales que, según el calendario, debían celebrarse. Desde enero de 2015, las protestas contra el retraso en la organización de las elecciones se encontraron frecuentemente con una represión brutal, que incluyó detenciones arbitrarias, reclusiones y homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad.
Lesoto ha sufrido una crisis política y de seguridad que ha dado lugar a un aumento de las violaciones de derechos humanos desde 2014. Amnistía Internacional ha documentado un patrón de detenciones y reclusiones arbitrarias de miembros de partidos de oposición, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, y miembros de la Fuerzas de Defensa de Lesoto.
En Madagascar se ha utilizado la detención preventiva prolongada contra periodistas y contra defensores y defensoras de los derechos humanos para reprimir la libertad de expresión. Varias personas que defienden los derechos humanos han sido sometidas a detención preventiva durante periodos prolongados por sacar a la luz la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
En Sudáfrica, los medios de comunicación están siendo atacados por exponer la corrupción: entre otras cosas, han acusado al presidente Jacob Zuma de “capturar al Estado”. Se ha amenazado y acosado a redactores informativos y a periodistas: a algunos los han seguido agentes no estatales y los han sometido a vigilancia. El periódico Sunday Times del país ha declarado que ha incrementado sus medidas de seguridad para proteger al periodista de investigación Mzilikazi wa Africa, cuya seguridad se cree que peligra tras haber sacado a la luz corrupción en la empresa estatal de electricidad, Eskom.
En Zambia, el líder de la oposición Hakainde Hichilema y cinco de sus empleados estuvieron detenidos desde el 11 de abril por cargos falsos de traición tras no haber cedido presuntamente el paso a un convoy presidencial. Afirman que la policía los golpeó, los sometió a gas lacrimógeno y los roció con pulverizadores de pimienta en los genitales durante su arresto. Quedaron en libertad el 16 de agosto tras retirarse los cargos en su contra.
En Zimbabue, el Parlamento no ha realineado las leyes con la Constitución aprobada en 2013. Las autoridades siguen utilizando leyes opresivas, como la Ley de Orden Público y Seguridad, así como la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Intimidad, para reprimir la disidencia y contra los periodistas. Desde el año pasado, han intensificado la represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, han reprimido protestas públicas pacíficas y, en algunos casos, han prohibido reuniones públicas. A la policía se la despliega regularmente para disolver por la fuerza protestas pacíficas.
“Sudáfrica debe utilizar su mandato como líder de la SADC para poner fin a la espiral descendente de los derechos humanos en la región”, ha manifestado Deprose Muchena.
“Los líderes de África Meridional no pueden hacer caso omiso de la terrible situación de los ciudadanos y ciudadanas que están siendo blanco de ataques por intentar ejercer sus derechos humanos fundamentales.”