Cuando se acercan rápidamente las elecciones generales en Sudán, la represión por el gobierno de las voces disidentes es una amenaza para la independencia y la libertad de acción de las organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, medios de comunicación y de los integrantes de la oposición política, ha declarado Amnistía Internacional en un informe presentado hoy.
La represión se ha exacerbado con las recientes reformas de la Constitución que dan plenos poderes al Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS).
“A medida que Sudán se acerca a las elecciones, el control por el NISS de lo que deben decir los medios de comunicación y lo que puede comentar o hacer la sociedad civil es profundamente inquietante”, declaró Michelle Kagari, directora adjunta del Programa Regional para África Oriental de Amnistía Internacional.
“Las violaciones de derechos humanos cometidas por el NISS, que han alcanzado un nivel sin precedentes, sólo sirven para sofocar la disidencia y las críticas al gobierno del Congreso Nacional en el periodo previo a las elecciones generales de abril”, prosiguió.
Desde enero de 2015, el NISS ha confiscado todos los ejemplares de al menos 16 periódicos en 42 ocasiones y, junto con la policía, ha interrogado a alrededor de 21 periodistas. Se han cerrado tres destacadas organizaciones de la sociedad civil y hay al menos otras cinco bajo amenaza de cierre inminente.
El 16 de febrero, unos agentes del NISS confiscaron en las rotativas todos los ejemplares de 14 periódicos sin ninguna justificación legítima.
Al periódico Al Midan, que se publica tres días a la semana y que está afiliado al Partido Comunista Sudanés, se le han confiscado sus ediciones al menos 20 veces desde el 1 de enero. Madeeha Abdallah, su directora, está procesada en aplicación de la Ley del Código Penal de 1991; si es declarada culpable podría ser condenada a muerte.
Shadia (nombre ficticio), periodista que trabaja en Jartum, habló con Amnistía Internacional de las dificultades de ejercer el periodismo en Sudán.
“Los periodistas de Sudán han sido castigados tres veces: primero, a través de la ley de seguridad; en segundo lugar, por medio de la ley sobre prensa y publicaciones, y en tercer lugar, mediante las leyes penales”, dijo.
Las autoridades sudanesas defendieron ante la prensa la confiscación de periódicos por el NISS alegando motivos de seguridad nacional.
El NISS ha intensificado su represión a la sociedad civil este año. Al menos una docena de grupos de la sociedad civil creen que los agentes del NISS vigilan de cerca sus actividades. Estos grupos han recibido amenazas, intimidación y acoso tanto de la Comisión de Ayuda Humanitaria (HAC) como del NISS. La HAC es un órgano creado por la Ley sobre (Organizaciones) de Voluntariado y Trabajo Humanitario para regular las actividades de las organizaciones de voluntariado y humanitarias.
Cuatro organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas o sus oficinas han sido registradas por agentes del NISS. En enero de 2015, el NISS cerró tres organizaciones de la sociedad civil por violar sus licencias de inscripción.
Al Sadiq Hassan, del Colegio de Abogados de Darfur, dijo a Amnistía Internacional: “Esta es la peor época para la sociedad civil de Sudán, que sufre un ataque sistemático del régimen contra su libertad de expresión y de reunión. Tras las recientes reformas de la Constitución, el grado de hostigamiento ha aumentado.”
“Las actuales constantes de violaciones ponen de relieve que la represión se está consolidando en Sudán. Ya es hora de que la Unión Africana, la Liga Árabe, la ONU y Estados miembros clave intensifiquen su presión sobre Sudán para que respete sus obligaciones y compromisos internacionales y regionales en materia de derechos humanos”, dijo Michelle Kagari.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Sudán que respete los derechos que garantiza su Constitución, así como sus compromisos internacionales y regionales con la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica adoptados en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, el gobierno debe investigar sin dilación todas las denuncias de intimidación y acoso de miembros de la sociedad civil y de la oposición política, y hacer comparecer ante la justicia a los presuntos responsables.