TÚNEZ NO DEBE DAR LA ESPALDA A LAS PERSONAS SOBREVIVIENTES DE VIOLACIÓN Y ABUSO

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TÚNEZ NO DEBE DAR LA ESPALDA A LAS PERSONAS SOBREVIVIENTES DE VIOLACIÓN Y ABUSO

9, Dic. 2015 | Categoría:

coupable_d_avoir_été_violee_-_book_by_meriem_ben_mohamedAmnistiaInternacionalDe Magdalena Mughrabi, Amnesty International North Africa Researcher, 4 diciembre 2015

El caso de Meriem Mohamed, que fue acusada de “indecencia” tras denunciar a dos policías por violación en 2012, desató una oleada de protestas y una campaña nacional para la aplicación de reformas legales, lo que supuso un punto de inflexión en Túnez.

La terrible situación de Meriem se convirtió también en un símbolo de los numerosos obstáculos legales y sociales a los que se deben enfrentar las personas sobrevivientes de violencia sexual y de género en Túnez: leyes arcaicas y lesivas, actitudes discriminatorias, abusos policiales y corrupción, servicios médicos inadecuados y estigmatización.

En su último informe Amnistía Internacional entrevistó a 40 sobrevivientes de violación y abuso de todo el país, entre ellas a víctimas de violación conyugal, acoso sexual, violencia en el ámbito familiar y agresión física. Entre las sobrevivientes había mujeres solteras, casadas y divorciadas, pero también personas especialmente vulnerables a la violencia sexual y de género, como trabajadores y trabajadoras sexuales que trabajan de forma ilegal y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Aunque tienen vidas muy diferentes y proceden de entornos distintos, todas mostraron sentimientos similares: se sentían avergonzadas y responsables del abuso al que las habían sometido. De hecho, a muchas de las que buscaron ayuda en su familia o en el sistema de justicia les dijeron que debían “asumirlo” o, como le pasó a Meriem, las amenazaron con enjuiciarlas. “Agredidas y acusadas” fue el mensaje que transmitían una y otra vez los testimonios que recogimos.

A pesar de que Túnez ocupa en el mundo árabe un lugar destacado en materia de derechos de la mujer e igualdad de género y de que en los últimos años se han llevado a cabo reformas positivas, las leyes sobre violencia sexual siguen siendo arcaicas y no consiguen proteger los derechos de las víctimas. Al contrario, esas leyes reflejan actitudes discriminatorias y estereotipos de género perjudiciales que continúan presentes en la sociedad tunecina, además de hacer hincapié de forma desacertada en el “honor” y la “moralidad”.

Durante nuestra investigación conocimos a mujeres que habían estado atrapadas durante años en un ciclo de violencia física y abuso psicológico, porque no tenían dónde pedir ayuda. Se enfrentaron al rechazo de sus familias y la policía las disuadió de presentar denuncias. En muchos casos, les dijeron que debían anteponer la preservación de la reputación de la familia a su propia seguridad. Las que tuvieron el valor de denunciar a la policía la violencia que habían sufrido, con frecuencia retiraron después la denuncia porque dependían económicamente de sus esposos o porque las presionaban en su comunidad o familia.

Es precisamente este mismo propósito de salvaguardar el honor de la familia —que a menudo se fundamenta en la preservación de la virginidad de la niña— lo que genera una laguna legal en el Código Penal que permite que los violadores y secuestradores de mujeres adolescentes se libren de ser enjuiciados si se casan con su víctima.

Lo verdaderamente crucial es que las leyes actuales no tienen en cuenta la ausencia de consentimiento en la tipificación de la violación; no se trata solamente de que exista violencia, porque de ese modo tampoco se reconoce explícitamente la violación conyugal. Al contrario, se sobreentiende que el deber conyugal de la mujer es tener relaciones sexuales con su esposo siempre que él lo desee. Esto es particularmente problemático en una sociedad en la que la violencia intrafamiliar sigue estando muy extendida y todavía no se combate de forma efectiva.

Otras leyes criminalizan ciertas formas de relaciones sexuales consentidas entre adultos, como el adulterio y las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que enfrenta a las personas LGBTI y a los y las trabajadoras sexuales ante un riesgo mayor de sufrir violencia. La policía suele amenazar a las personas LGBTI diciéndoles que retiren las denuncias si no quieren ser enjuiciadas a su vez por mantener relaciones homosexuales. También conocimos a trabajadoras sexuales a quienes la policía había sometido a abusos sexuales o a chantaje amenazándolas con enjuiciarlas por adulterio.

El año pasado, las autoridades tunecinas dieron un paso hacia adelante al anunciar que estaban elaborando una ley integral para proteger a las mujeres y niñas frente a la violencia, que puede suponer un gran avance para abordar las lagunas legales que afectan a las personas sobrevivientes de violencia sexual y de género.

Sin embargo, y dado que los asuntos en materia de seguridad dominan cada vez más el discurso público en Túnez, existe el peligro de que en los próximos meses los derechos sexuales y las cuestiones de género se vean relegadas de nuevo a un segundo plano. Pero se trata de cuestiones que afectan a todos los tunecinos de a pie y es fundamental que no queden relegados a un segundo plano en la agenda política.

Lo que necesita ahora Túnez es una serie de reformas audaces para sacar partido del progreso logrado hasta ahora y para asegurar el acceso a la justicia a las personas sobrevivientes de violación y abuso. Ello requiere un liderazgo decisivo y valiente y la voluntad de plantar cara a las actuales normas sociales y de género, así como romper tabús sobre la violencia sexual y de género. Las autoridades deben seguir sacando adelante una ley integral que combata la violencia contra las mujeres y niñas, revocar una serie de leyes lesivas y cumplir las obligaciones internacionales que tienen contraídas en materia de derechos humanos.

Túnez no se puede permitir dar un paso atrás ahora que los avances están a su alcance.

Este artículo se publicó originalmente en Tunisia Live.

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