Las autoridades turcas no responden a los ruegos desesperados de más de 20 personas heridas, que llevan seis días refugiadas en el sótano de un edificio de Cizre, ciudad del sureste del país, en medio de continuos disparos e intensos bombardeos de artillería. Así lo ha comunicado Amnistía Internacional el viernes pasado.
“Es una situación desesperada: se trata de personas heridas, algunas de las cuales parecen estar sangrando profusamente, que corren grave riesgo de muerte si no reciben con urgencia atención médica”, ha manifestado Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.
Alrededor de 23 personas se encuentran atrapadas en el sótano de un edificio de Cizre, ciudad de la provincia de Þýrnak, donde buscaron refugio el 23 de enero en medio de constantes enfrentamientos entre el ejército e individuos armados afines al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).
Amnistía Internacional ha hablado con una de ellas, que afirma que han muerto 4 personas y hay otras 12 gravemente heridas en el edificio, mientras siguen cayendo proyectiles sobre él. La comunicación está ahora cortada, pero se cree que son ya 6 las personas muertas.
El edificio está a sólo unos centenares de metros de un centro médico. Sin embargo, las autoridades turcas afirman que no es seguro enviar ambulancias al lugar, que está bajo toque de queda las 24 horas del día.
“Hay vidas pendientes de un hilo, y resulta increíble que las autoridades no encuentren una solución. Cualesquiera que sean las circunstancias en que estos hombres han resultado heridos, tienen derecho a recibir una atención médica que puede salvarles la vida, y el Estado debe facilitarla, no impedirla”, ha añadido Andrew Gardner.
Según un abogado que representa a las personas heridas, les resulta imposible salir del edificio debido a los ataques con artillería de las fuerzas de seguridad.
El 23 de enero se presentó una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de las personas heridas para que se dictaran medidas provisionales exigiendo a las autoridades turcas que hicieran todo lo posible para proporcionarles atención médica urgente. El 26 de enero, el Tribunal Europeo instó al gobierno a tomar medidas apropiadas para proteger la vida de los solicitantes, a la vez que pedía más información e instaba a e elevar una petición al Tribunal Constitución de Turquía. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado aún.
Tras romperse el proceso de paz entre el gobierno y el PKK en julio de 2015, en el este y el sureste de Turquía se han venido imponiendo toques de queda durante las 24 horas del día en los barrios kurdos.
Según la información disponible, más de 150 personas han muerto en las zonas sometidas a toque de queda mientras las fuerzas estatales combaten contra individuos armados afines al PKK. Entre las víctimas hay mujeres, niños y niñas de corta edad, y ancianos y ancianas.
La ciudad de Cizre está sometida desde el 14 de diciembre a toques de queda durante las 24 horas del día, en los que, según sus habitantes, quedan cortados servicios esenciales, como el suministro de agua y electricidad.
“La negativa de las autoridades turcas a garantizar el acceso a servicios médicos es injustificable. Aunque es perfectamente legítimo que tomen medidas para garantizar la seguridad y detener a quienes parezcan atentar contra ella, esta operación pone de manifiesto una cruel falta de respeto por la vida humana”, ha señalado Andrew Gardner.