Cientos de solicitantes de asilo, refugiados y trabajadores migrantes han sido expulsados e incluso secuestrados para ser devueltos desde Rusia a Uzbekistán, donde han sido sometidos a tortura, ha declarado Amnistía Internacional en un documento que ha dado a conocer hoy.
El informe, titulado Fast-track to Torture: Abductions and Forcible Returns from Russia to Uzbekistan, examina la cooperación de las autoridades rusas con Uzbekistán en centenares de casos de expulsión, a pesar del riesgo evidente de que las personas afectadas fueran torturadas tras su devolución. En los casos poco frecuentes en que Rusia ha denegado las peticiones de extradición, se ha dado carta blanca a las fuerzas de seguridad de Uzbekistán para secuestrar a las personas buscadas en suelo ruso.
“Las autoridades rusas no sólo están haciendo la vista gorda a la tortura y la injusticia en Uzbekistán, sino que están prestando su ayuda”, dijo John Dalhuisen, director para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Rusia debe poner fin a estos secuestros y expulsiones, que violan sus obligaciones en materia de derechos humanos, y garantizar que no se devuelve a Uzbekistán a nadie que corra riesgo de sufrir tortura. Hay que ejercer toda la presión posible sobre Uzbekistán para que deje de usar la tortura y otros malos tratos y garantice que todos los juicios se celebran con imparcialidad y cumplen plenamente las normas internacionales.”
Tortura y represión en nombre de la seguridad
Las autoridades de Uzbekistán invocan habitualmente la “lucha contra el terrorismo” y las actividades “contra el Estado” para justificar los enjuiciamientos injustos de opositores políticos, críticos y presuntos miembros o simpatizantes de grupos islamistas prohibidos. Todos ellos corren grave riesgo de ser torturados una vez que están en manos del sistema de justicia penal de Uzbekistán.
En 2013, las autoridades rusas denegaron la petición de Uzbekistán de extradición del productor cinematográfico y empresario uzbeko Mirsobir Khamidkariev, acusado de fundar un grupo islamista ilegal después de que le oyeran en una reunión informal expresar su apoyo a que las mujeres llevaran hiyabs.
Sin embargo, en junio de 2014, Mirsobir fue secuestrado y recluido en régimen de incomunicación en Moscú y entregado posteriormente por funcionarios del Servicio Federal de Seguridad ruso a agentes de seguridad uzbekos. Después fue sometido a devolución.
Las fuerzas de seguridad uzbekas obtuvieron una “confesión” de Mirsobir, a quien rompieron siete dientes y dos costillas antes de ser enviado a un campo penitenciario donde permaneció varias semanas en celdas de castigo.
Durante su estancia en el campo, lo ataron cabeza abajo a una barra adosada a la pared de la sala de interrogatorios y lo golpearon repetidamente. Posteriormente lo declararon culpable de delitos de extremismo basándose en la “confesión” forzada y fue condenado a ocho años de prisión. Saldrá en libertad en 2022.
En muchos otros casos, las víctimas han sido sometidas a juicios injustos en los que se les han impuesto largas penas de prisión que cumplen en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado al menos 17 sentencias en los tres años anteriores a marzo de 2016, en todas las cuales se denunciaba el traslado forzoso de personas a Uzbekistán.
Familias amenazadas
También es habitual que las autoridades uzbekas acosen y amenacen a las familias para que incriminen a un pariente o revelen el paradero de un “sospechoso”.
En enero de 2016, Artur Avakian estuvo detenido cuatro semanas y fue torturado hasta que incriminó a su hermano mayor, Aramais Avakian, piscicultor, de actos “terroristas”. Los agentes de policía ataron a Artur de manos y pies, le pusieron electrodos en los lóbulos de las orejas y le dieron descargas hasta que la lengua se le quedó pegada a las encías.
La familia y los amigos de Aramais creen que éste fue enjuiciado porque las autoridades locales estaban interesadas en apoderarse de su exitosa piscifactoría. Lo llevaron ante el tribunal en una camilla después de casi cinco meses de reclusión y fue condenado a siete años de cárcel basándose en cargos fabricados de “terrorismo”.
Aramais declaró ante el Tribunal Penal Regional de Dzhizakh que lo habían torturado para obligarlo a “confesar” que era un simpatizante del Estado Islámico.
Los familiares de las personas detenidas suelen ser reticentes a pedir ayuda a abogados o a organizaciones de derechos humanos porque es habitual que las fuerzas de seguridad amenacen con empeorar las condiciones en que están sus seres queridos si lo hacen.
“Las autoridades uzbekas harán todo lo posible para lograr la devolución de sus ciudadanos y que sean llevados ante la ‘justicia’, y las autoridades rusas están más que dispuestas a complacerlas”, concluyó John Dalhuisen.
“Tanto las autoridades uzbekas como las rusas deben poner fin de inmediato a la tortura y los secuestros, y hacer que los perpetradores respondan ante la justicia por estas abominables violaciones de derechos humanos.”