William Nee, investigador sobre China de Amnistía Internacional.
La cuenta atrás ha comenzado en Pekín. En tan sólo unos pocos días los máximos dirigentes del Partido Comunista Chino deberán decidir si ordenan la liberación o la detención oficial de 14 abogados y activistas, recluidos injustamente en detención secreta desde que en julio de 2015 las autoridades iniciaran una campaña de represión sin precedentes contra abogados de derechos humanos y sus colaboradores.
Estas 14 personas permanecen recluidas bajo una forma de detención secreta, conocida oficialmente como “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, que permite a la policía mantener a presuntos delincuentes hasta seis meses fuera del sistema de detención formal.
El vencimiento del plazo de seis meses es una coyuntura crítica para la justicia en China. Las autoridades pueden bien admitir su error y liberar sin condiciones a estas 14 personas, bien seguir empleando la legislación como arma predilecta para acallar a supuestos agitadores.
El hecho de que la decisión sea política lo dice todo sobre el estado actual del sistema judicial chino.
La puesta en libertad incondicional de las 14 personas lanzaría el mensaje de que las autoridades están dispuestas a rebajar su ataque contra la comunidad jurídica. Sería una decisión de calado para una cultura política que raras veces admite sus errores, pero sería la decisión justa. Cualquier otra acción pondría de manifiesto la falsedad de la afirmación del gobierno de que “dirige el país con arreglo a la ley”.
Hasta la fecha, la idea central de la causa de las autoridades contra los abogados y activistas es que su labor constituye una amenaza para el “orden social”. En el peor de los casos, estas 14 personas enfrentarían hasta 15 años de prisión por poner en peligro la seguridad nacional.
Los medios de comunicación estatales han llegado a calificar de “importante banda delictiva” a Fengrui, el bufete de abogados de Pekín. Seis de sus trabajadores, incluida la abogada Wang Yu, permanecen en detención secreta.
Utilizar la ley para defender los derechos de ciudadanos chinos no tiene nada de delictivo. Los abogados, en colaboración con activistas y firmantes de peticiones, han ejercido presión sobre las autoridades en casos de denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza en tiroteos letales de la policía, a desalojos forzosos, libertad religiosa, y a la defensa de los derechos de las personas que se concentran para recordar a las víctimas de la sangrienta represión de la plaza de Tiananmen en 1989.
Su labor no hace sino reforzar el sistema jurídico chino; la persistente persecución por parte de las autoridades es lo que lo socava.
Si el gobierno insiste en la línea de argumentación que sostiene que los abogados y activistas perturbaron el orden social con manifestaciones y actividades en Internet, seguirá habiendo un problema fundamental: el caso de China no se ajustará al derecho y las normas internacionales de los derechos humanos.
En primer lugar, reunirse pacíficamente e intercambiar puntos de vista en las redes sociales está protegido por el derecho internacional. El derecho a la reunión pacífica está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), suscrito por China, que además ha afirmado en reiteradas ocasiones su intención de ratificarlo.
En segundo lugar, el artículo 19 de la DUDH establece: Todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin injerencias y el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio y con independencia de las fronteras. El PIDCP también protege el derecho a la libertad de expresión. Cualquier excepción a esta norma debe cumplir unos estrictos requisitos.
En tercer lugar, esta represión contraviene el derecho internacional en lo relativo al papel que desempeñan los abogados. Los abogados no deben ser procesados ni sancionados por ejercer su labor de conformidad con sus deberes, normas y ética profesionales.
La investigación penal de las autoridades chinas contra los abogados se debe en parte a que éstos se ocupan de “casos delicados”, un eufemismo para los casos que no gustan al gobierno.
Por último, sería absurdo que las autoridades presentaran cargos por “poner en peligro la seguridad nacional” contra abogados simplemente por su trabajo de defensa de los derechos humanos. Los gobiernos invocan cada vez más la seguridad nacional y la emplean como cortina de humo para ahogar el debate legítimo y proteger del bochorno político a quienes ostentan el poder.
Los abogados de derechos humanos no constituyen ninguna amenaza para la seguridad nacional de China. Simplemente aceptaron llevar casos que exponían actos indebidos y abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno, precisamente el tipo de labor que protegen el derecho y las normas internacionales.
¿Se están socavando las propias reformas de Xi Jinping?
En gran medida, el presidente Xi Jinping ha vinculado su legado a largo plazo a promover “el gobierno de la nación conforme a derecho”. Ha llegado incluso a declarar que un caso resuelto erróneamente puede destruir la imagen positiva cimentada en 99 casos resueltos de manera apropiada.
Sin embargo, la persecución de los abogados ha hecho añicos esa imagen. Si un sólo error judicial empaña la buena imagen de 99 casos tramitados correctamente, perseguir a un amplio e importante sector de la comunidad jurídica china ha dañado enormemente la imagen internacional del país. Las autoridades siguen sin mostrar reparos en ignorar el debido proceso en los casos que consideran “delicados”.
El destino que aguarde a los 14 abogados en los próximos días será una prueba de fuego para la justicia china y tendrá profundas consecuencias para el desarrollo jurídico del país. La cuestión es: ¿tendrá el gobierno chino la inteligencia y el coraje de rectificar y comenzar a infundir confianza en su sistema judicial?