El grupo armado huzí que controla partes de Yemen debe garantizar de inmediato la liberación de los 27 miembros de la religión bahaí que llevan una semana detenidos sin cargos en la capital, Saná, en lo que constituye un caso flagrante de persecución de una fe minoritaria. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Unos agentes armados y cubiertos con pasamontañas, pertenecientes a la Oficina de Seguridad Nacional de Yemen, que trabaja conjuntamente con las autoridades huzíes armadas, irrumpieron en un taller de jóvenes bahaís en Saná el 10 de agosto y detuvieron, sin orden judicial, a 65 personas, entre ellas 14 mujeres y 6 menores de 18 años. Ayer se practicaron más detenciones.
“Las detenciones arbitrarias de bahaís simplemente por asistir a un evento comunitario pacífico son totalmente injustificables. Es tan sólo el ejemplo más reciente de la persecución a la que las autoridades someten a las religiones minoritarias”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Los huzíes deben poner fin a su acoso contra las minorías, y deben respetar el derecho a la libertad de culto, un derecho consagrado tanto en la Constitución del propio país como en el derecho internacional.”
Algunos de los participantes en el taller detenidos fueron puestos en libertad, mientras que los hermanos Al Sakkaf –esposos de dos mujeres detenidas– fueron citados más tarde a comparecer ante la Oficina de Seguridad Nacional y fueron también detenidos. Aún hay 27 personas que permanecen bajo la custodia de la Oficina sin acceso a abogados o a visitas de su familia.
Las detenciones de bahaís a causa de su fe violan las obligaciones contraídas por Yemen en virtud del derecho internacional, y parecen formar parte de una represión más amplia de las minorías por parte de las autoridades huzíes. Los bahaís también sufrieron persecución a consecuencia de su fe durante el gobierno del ex presidente Ali Abdullah Saleh, antes del conflicto armado.
Los hermanos Al Sakkaf ya habían sido detenidos anteriormente por las autoridades huzíes en marzo de 2015 y habían permanecido recluidos dos días, durante los cuales fueron interrogados sobre su fe y sobre otros miembros de la comunidad. Quedaron en libertad sin cargos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Yemen en 1987, garantiza el derecho de todas las personas a tener o adoptar la religión o las creencias que elijan, y a practicar su religión “individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.
Sin embargo, el código penal de Yemen impone penas por el “delito” de apostasía, así como por intentar convertir a personas musulmanas a otra fe.
La reclusión de bahaís durante una semana sin cargos y sin comparecer ante un tribunal infringe también la disposición de la Constitución de Yemen que establece que toda persona detenida debe comparecer ante el tribunal en un plazo de 24 horas desde el momento de la detención.
En otro caso diferente, está previsto que el bahaí Hamed Haydara comparezca ante su vista judicial definitiva el 25 de septiembre de 2016. Fue detenido en diciembre de 2013 y acusado de intentar convertir a personas musulmanas a la fe bahaí.
También está acusado, entre otras cosas, de apostasía, de trabajar en favor del gobierno israelí y de socavar la independencia del Estado yemení, cargos todos ellos castigados con la pena de muerte preceptiva según la legislación de Yemen.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción.