Las restricciones al envío de ayuda humanitaria esencial para la población civil de Yemen están exacerbando la crisis humanitaria del país y ponen en peligro vidas, ha manifestado Amnistía Internacional, a la vez que ha pedido a todas las partes en el conflicto que permitan el acceso pleno y sin impedimentos de las organizaciones que suministran productos decisivos.
Una delegación de la organización visitó en mayo de 2016 varias zonas de Yemen controladas por lo huzíes y habló con 11 organizaciones locales e internacionales del ayuda humanitaria, que denunciaron restricciones ilícitas al envío de ayuda, tanto por parte de los huzíes como de las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí. Amnistía Internacional insta a que, antes de concluyan, esta semana, las conversaciones de paz que se están manteniendo en Kuwait, se dé máxima prioridad en ellas a la eliminación de los impedimentos al envío de ayuda humanitaria.
“Los impedimentos ilícitos impuestos a la ayuda humanitaria en Yemen están causando un sufrimiento terrible e impiden a la población satisfacer sus necesidades básicas en medio de un conflicto activo. Es absolutamente necesario que los negociadores den prioridad a este asunto y tomen medidas para garantizar que la ayuda llega a quienes más la necesitan y que los trabajadores humanitarios y sus operaciones no son objeto de ataques ni hostigamiento”, ha señalado Lama Fakih, asesora general de Amnistía Internacional sobre situaciones de crisis.
“Todas las partes en el conflicto armado tienen la obligación de permitir y facilitar el envío de asistencia humanitaria imparcial a los civiles que la necesitan. Bloquear tal ayuda es una violación del derecho internacional humanitario. Se debe permitir la llegada sin impedimentos de asistencia humanitaria a todas las personas que necesitan desesperadamente en Yemen alimentos, agua y saneamiento, y todas las partes tienen que dejar a los trabajadores humanitarios hacer su trabajo sin intromisiones ni obstáculos.”
Durante los días del Eid que siguieron al Ramadán al principio de este mes y precedieron la reanudación de las conversaciones de paz el 15 de julio, se intensificaron en varias partes del país los ataques aéreos y las hostilidades por tierra, dando lugar a más desplazamiento y al empeoramiento de una situación en que la mitad de los niños de Yemen padecen malnutrición crónica y menos de uno de cada 10 de esos niños viven hasta los cinco años de edad.
Los trabajadores humanitarios que hablaron con Amnistía Internacional describían constantemente obstáculos ad hoc e ilícitos al envío de asistencia humanitaria al país. Entre ellos figuraban los excesivamente complicados procedimientos establecidos por la coalición dirigida por Arabia Saudí para prevenir los ataques a las organizaciones humanitarias, en virtud de los cuales éstas debían informar a la coalición de todos sus movimientos y proporcionarles las coordenadas de sus operaciones.
Otros obstáculos identificados eran las amenazas y la intimidación a los trabajadores humanitarios, la obstrucción de sus actividades, la injerencia de las agencias de seguridad huzíes en las operaciones de ayuda y el cierre forzoso de programas humanitarios, así como la restricción excesiva y arbitraria de la circulación de productos y personal por el país y de su entrada a él y las injerencias destinadas a intentar comprometer la independencia de las operaciones de ayuda humanitaria.
Fracaso de la coalición a la hora de proteger al personal y las operaciones de ayuda humanitaria
En Yemen, los trabajadores humanitarios se enfrentan a diario a multitud de amenazas y riesgos por los combates constantes y los restos bélicos explosivos cuando intentan llegar a la población en situación de necesidad. A sus dificultades se suman la falta de receptividad y cooperación que muestra hacia ellos la coalición dirigida por Arabia Saudí, que supone una traba innecesaria, como consecuencia de la cual se producen retrasos en el envío de ayuda esencial, porque hace que resulte costoso y lento.
“Las organizaciones humanitarias tienen que superar ya las dificultades que plantea la destrucción de la infraestructura y las peligrosas condiciones de trabajo, por lo que es absurdo que el envío de ayuda tenga que depender de las normas ad hoc de la coalición, porque son vidas lo que está en juego”, ha añadido Lama Fakih.
La coalición dirigida por Arabia Saudí exige información sobre el personal y los vehículos y mapas excesivamente detallados. Estos onerosos requisitos consumen considerables recursos y tiempo. Como consecuencia de ello, algunas ONG no pueden proporcionar esa información u optan por no hacerlo, con lo que su personal y sus suministros corren grave peligro.
“La coalición tiene la obligación de garantizar que no ataca a civiles ni bienes civiles, incluidos trabajadores humanitarios y suministros de ayuda. Se debe permitir a los trabajadores humanitarios el acceso sin restricciones para que distribuyan asistencia humanitaria independiente a la población atrapada en medio del sangriento conflicto de Yemen. La coalición y los huzíes deberían estar haciendo todo lo posible para facilitar las operaciones de socorro, no para que dificultarlas”, ha afirmado Lama Fakih.
Hostigamiento de los huzíes a trabajadores humanitarios
Las organizaciones humanitarias informan también de haber sido objeto de amenazas verbales o físicas, detenciones e interrogatorios de diversos comités huzíes y entidades alineadas con los huzíes, como la Oficina de Seguridad Nacional y la Oficina de Seguridad Política, entre otras. En algunos casos se ha detenido o intimidado a su personal a punta de pistola y se ha obligado a las organizaciones humanitarias a detener sus actividades sobre el terreno por no acceder a peticiones irrazonables, como facilitar los nombres de los beneficiarios de su ayuda.
Restricciones burocráticas
La agobiante sucesión de procedimientos burocráticos impuestos por los ministerios controlados por los huzíes también retardan el proceso de aprobación del envío de ayuda. Por ejemplo, el Ministerio de Planificación ha pedido a organizaciones humanitarias que presenten planes de viaje para periodos de tres meses, lo que puede resultar sumamente difícil en el inestable contexto de un conflicto armado donde los planes pueden cambiar con muy poca antelación.
Las autoridades huzíes de facto han impuesto también diversas restricciones a los trabajadores humanitarios internacionales, como negarles arbitrariamente el acceso, retrasar la concesión de visados e imponer permisos de circulación interna excesivamente onerosos tanto al personal nacional como al internacional. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en febrero, el Ministerio del Interior, que tiene su sede en Saná, denegó el permiso de viaje a tres misiones distintas organizadas bajo la dirección de la ONU desde Saná a Ibb y Taiz – el 79% de la población de Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen, necesita ayuda humanitaria–.
Injerencia en la independencia de las operaciones de ayuda
En algunos casos, las autoridades locales huzíes, entre ellas el Ministerio de Planificación, han retrasado y, a veces, impedido la evaluación de las necesidades humanitarias y el seguimiento de los programas. También han intentado influir en las decisiones de las organizaciones humanitarias sobre a quién contratar y a quién distribuir la ayuda. Esta actitud va en contra de los principios humanitarios de independencia e imparcialidad, así como de la buena práctica aceptada internacionalmente. También dificulta las operaciones humanitarias efectivas, desde la planificación hasta el envío.
El plan de respuesta humanitaria para Yemen de 2016 solicita 1.800 millones de dólares estadounidenses, pero al final de junio sólo se habían recibido el 25% de los fondos.
“Yemen se enfrenta a una crisis humanitaria desesperada, y los fondos para las organizaciones de ayuda con esenciales. Es fundamental que se lleven a cabo sin injerencias las debidas evaluaciones de las necesidades”, ha añadido Lama Fakih.
Según el derecho internacional humanitario, todas las partes en el conflicto deben garantizar a los trabajadores humanitarios la libertad de circulación y protegerlos de los ataques, el hostigamiento y la detención arbitraria. Deben también garantizar el envío rápido y sin impedimentos de ayuda humanitaria imparcial a la población civil que la necesita.