En peligro de ejecución 28 personas, incluídos 3 menores de edad

Al menos 28 personas, tres de ellas menores de edad, podrían ser ejecutadas en relación con las protestas que se extienden por todo Irán. Las autoridades iraníes, utilizan la pena de muerte como herramienta de represión política para infundir miedo entre la población y poner fin al levantamiento popular. 

Amnistía Internacional teme que, además de las 28 personas cuya identidad se conoce, muchas otras corran peligro de ser ejecutadas, tras las miles de acusaciones formales presentadas. Este temor se agrava por las peticiones oficiales de juicios rápidos y ejecuciones públicas. De los nueve hombres juzgados, solo Mohammad Ghobadlou está acusado en relación con la muerte de un agente de policía. Por otro lado, Mohammad Boroughani está acusado de presunta participación en incendios provocados y de atacar a un funcionario del Estado y los siete restantes, de presuntos actos de vandalismo, incendio y destrucción de bienes públicos y privados.

Lo expuesto, constituye otra grave violación de las obligaciones de las autoridades de Irán en virtud del derecho internacional, según el cual sólo son punibles con la muerte “los más graves delitos” que impliquen homicidio intencional. 

Dentro de los detenidos, se encuentra el rapero disidente Toomaj Salehi quien fue acusado de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra ” (efsad-e fel arz), estos cargos parecen motivados únicamente por el carácter crítico de su música y sus publicaciones en redes sociales, en las que denuncia prácticas injustas del poder establecido en la República Islámica y pide libertad y derechos humanos para la población de Irán. Según fuentes bien informadas, ha sido torturado bajo custodia.

Por otro lado, Akbar Ghafari, detenido tras refugiar a manifestantes en el domicilio de su hermana en Teherán, está acusado de “enemistad con Dios” (moharebeh) por la muerte de un agente de seguridad en Teherán. Según una persona que estuvo detenida durante un breve periodo con él en la cárcel de Evin, a Ghafari, analfabeto, lo torturaron para obligarlo a firmar una declaración, que luego descubrió que lo incriminaba falsamente en el homicidio. 

Firma y exige sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte, y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte.