Mientras algunos gobiernos implementan medidas de protección social sumamente necesarias para mitigar el impacto de la COVID-19, medidas que incluyen la distribución de ayuda alimentaria a familias sin recursos económicos y a las personas que han perdido sus ingresos, en algunos países del África austral están surgiendo patrones de distribución partidista de los alimentos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
“La distribución de alimentos según líneas de partidos políticos es totalmente inaceptable y socava las medidas de protección que los gobiernos se han comprometido a implementar para defender el derecho de todas las personas a la alimentación”, ha manifestado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
“Millones de personas se enfrentan a la amenaza de la hambruna y ya se encuentran en una situación precaria, pues han perdido sus ingresos a consecuencia de los regímenes de confinamiento actualmente vigentes para combatir la propagación de la COVID-19. El hambre no debe utilizarse para hacer campaña política. A todas las personas que carezcan de medios para ganarse la vida se les debe proporcionar comida, independientemente de su presunta afiliación política.”
En Angola, los informes sobre la distribución partidista de la ayuda alimentaria surgieron después de que el gobierno anunciara medidas de alivio para auxiliar a empresas, a personas que trabajan en el sector informal y a familias afectadas por los actuales regímenes de confinamiento. El país lleva desde el 23 de marzo bajo un estado de emergencia que durará al menos hasta el 10 de mayo. Después de que el gobierno anunciara una ayuda nacional de más de 550.000 dólares estadounidenses a través del Ministerio de Acción Social, Familia y Promoción de las Mujeres, comenzó la distribución de raciones de artículos tales como maíz, arroz, pasta, azúcar y aceite para cocinar.
Las organizaciones de la sociedad civil expusieron su preocupación por la falta de transparencia respecto a los alimentos distribuidos mediante la ayuda humanitaria gubernamental. Según la información recopilada por Amnistía Internacional, hubo familias de las provincias de Luanda y Benguela que denunciaron que no se las estaba informando adecuadamente sobre quién tenía derecho a recibir la ayuda alimentaria y de qué manera decidía el gobierno quién obtenía la ayuda en las comunidades. La distribución de alimentos no llegó a algunas familias a las que se consideraba en necesidad acuciante de alimentos en las provincias del sur tras años de sequía y desviación de tierras en comunidades dedicadas al pastoreo. En abril, Amnistía Internacional expuso su preocupación por la falta de ayuda gubernamental al pueblo san en la provincia de Cuando Cubango, pero a día de hoy las comunidades no han recibido ayuda.
En Zimbabue, la distribución partidista de alimentos ha afectado a los grupos en situación más vulnerable y marginada, como las personas de edad avanzada, las familias encabezadas por menores de edad, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad. Algunas de estas personas han informado de que se mantenían únicamente con una comida al día, según observadores de la sociedad civil. Los miembros de una comunidad de Sakubva, Mutare, han denunciado que la distribución de ayuda alimentaria por parte del gobierno en la zona se realizó de forma partidista.
En Mutasa, Regai Tsunga, parlamentario de oposición del Movimiento por el Cambio Democrático-Alianza, fue detenido y acusado de contravenir el Instrumento Reglamentario 83 de 2020, que prohíbe la circulación innecesaria durante el confinamiento nacional, por distribuir alimentos a personas sin recursos económicos y dirigirse a los residentes que denunciaban la distribución partidista de la ayuda alimentaria proporcionada por el gobierno. Esto contrasta con lo sucedido con los miembros del partido gobernante en otras circunscripciones a los que se ha permitido distribuir alimentos sin imponerles ninguna sanción. Antes de la COVID-19, más de cuatro millones de personas sufrían inseguridad alimentaria en Zimbabue a causa de la sequía. La cifra ha subido ahora hasta 7,7 millones, según el Programa Mundial de Alimentos, que ha exigido una respuesta que no deje a nadie atrás por motivos partidistas.
En Sudáfrica, se ha acusado a algunos representantes del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC), de saquear paquetes de alimentos dirigidos a la población pobre. Esto ha llevado al presidente Cyril Ramaphosa a pedir una acción contundente contra los presuntos responsables, y el ANC ha pedido la detención de los representantes implicados. Según la información publicada por los medios de comunicación, se han denunciado incidentes de corrupción y saqueo de alimentos en ocho provincias en las que la distribución de alimentos en las comunidades locales se había encomendado a representantes del ANC. En lugar de distribuir los alimentos a quienes lo necesitaban, parece ser que estos representantes se los quedaron para ellos y para sus familiares y amigos. Esto ha desatado protestas en comunidades como Alexandra, en el norte de Johannesburgo, y en Ciudad del Cabo.
“La COVID-19 ha hecho asomar el feo rostro de la corrupción y la desigualdad en toda la región. En estos momentos de desesperación, no debe negarse a nadie el alimento a causa de su afiliación política”, ha manifestado Deprose Muchena.
“Los políticos deben estar por encima de sus ambiciones y motivos políticos y deben garantizar que todo el mundo tiene comida.”