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Los países ricos han acaparado dosis suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población.

Un grupo de organizaciones de campañas ha advertido hoy de que casi 70 países pobres sólo podrán vacunar a una de cada diez personas contra la COVID-19 el año que viene si los gobiernos y la industria farmacéutica no toman medidas urgentes para garantizar la producción de dosis suficientes.

En cambio, las naciones más ricas han comprado dosis suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población antes del final de 2021 si se aprueba el uso de las vacunas que están actualmente en la fase de ensayos clínicos. Canadá encabeza la lista con vacunas suficientes para vacunar cinco veces a cada canadiense. Los datos actualizados muestran que los países ricos, que representan sólo el 14% de la población mundial, han comprado hasta el 53% de las vacunas más prometedoras hasta la fecha.

Las organizaciones —Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam—, que forman parte de una alianza que reclama una “vacuna del pueblo”, utilizaron datos recopilados por la empresa de información y análisis científicos Airfinity para analizar los acuerdos alcanzados entre países y las ocho primeras vacunas candidatas y hallaron que 67 países de ingresos bajos y medianos bajos podrían quedarse atrás mientras los países ricos avanzan hacia la salida de esta pandemia. De estos 67, cinco –Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán y Ucrania– han notificado en total casi 1,5 millones de casos.

Anna Marriott, responsable de políticas de salud de Oxfam, declaró: “Nadie debería quedarse sin una vacuna que salva vidas por el país en el que vive o por la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo. Pero, a menos que algo cambie radicalmente, miles de millones de personas en todo el mundo no recibirán una vacuna segura y efectiva contra la COVID-19 en los próximos años”.

Por su parte, Heidi Chow, de Global Justice Now, afirmó: “Todas las grandes empresas farmacéuticas e instituciones de investigación que están trabajando en una vacuna deben compartir la ciencia, los conocimientos tecnológicos y la propiedad intelectual relativos a su vacuna para que se puedan producir suficientes dosis seguras y efectivas. Los gobiernos deben asimismo garantizar que la industria farmacéutica antepone la vida de las personas a los beneficios”.

La vacuna Pfizer /BioNTech ya ha sido aprobada en Reino Unido y esta semana comienzan las vacunaciones. Es probable que, en unos días, reciba la aprobación de otros países, incluido Estados Unidos. Se prevé que otras dos posibles vacunas, la de Moderna y la de Oxford en asociación con AstraZeneca, estén en espera de la autorización reglamentaria o la soliciten. La vacuna rusa Sputnik ha obtenido resultados positivos y otras cuatro candidatas están en la fase 3 de ensayos clínicos.

Hasta ahora, todas las dosis de Moderna y el 96% de las de Pfizer/BioNTech han sido adquiridas por países ricos. En cambio, Oxford/AstraZeneca se ha comprometido a proporcionar el 65% de sus dosis a poblaciones de países en desarrollo. No obstante, a pesar de las medidas adoptadas para ampliar el suministro, el año que viene sólo podrán llegar al 18% de la población mundial como máximo. Además, Oxford/AstraZeneca ha suscrito la mayoría de sus acuerdos con algunos de los grandes países en desarrollo, como China e India, mientras que la mayoría de estos países no han firmado ningún acuerdo y tienen que compartir entre ellos las vacunas del fondo común del COVAX.

Esto demuestra que una sola empresa no puede esperar abastecer a todo el mundo y que sólo el intercambio abierto de tecnología entre productores de vacunas puede hacerlo posible.

La Alianza Vacuna del Pueblo pide a todas las empresas farmacéuticas que trabajan en vacunas contra la COVID-19 que compartan su tecnología y la propiedad intelectual abiertamente a través del Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para que puedan fabricarse miles de millones de dosis más y haya vacunas seguras y efectivas para todas las personas que las necesiten.

La Alianza pide también a los gobiernos que hagan todo lo que esté en su mano para garantizar que las vacunas contra la COVID-19 son un bien público mundial gratuito para la población, distribuido equitativamente y basado en las necesidades. Un primer paso sería apoyar la propuesta que han hecho esta semana Sudáfrica e India al Consejo de la Organización Mundial del Comercio de renunciar a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, ensayos y tratamientos contra la COVID-19 hasta que toda la población esté protegida.

Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, dijo: “El acaparamiento de vacunas socava activamente los esfuerzos mundiales para garantizar que todas las personas, en todas partes, puedan estar protegidas contra la COVID-19. Los países ricos tienen obligaciones claras en materia de derechos humanos: no sólo deben abstenerse de acciones que puedan perjudicar el acceso a las vacunas en otros países, sino que han de cooperar y prestar asistencia a los países que la necesiten.

“Al comprar la inmensa mayoría del suministro de vacunas del mundo, los países ricos incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos. En cambio, trabajando con otros para compartir los conocimientos y ampliar el suministro, podrían contribuir a poner fin a la crisis mundial de la COVID-19”.

Las vacunas desarrolladas por AstraZeneca/Oxford, Moderna y Pfizer/BioNTech han recibido más de 5 000 millones de dólares de financiación pública, lo que, según la Alianza, hace a estas empresas responsables de actuar en beneficio del interés público mundial..

La doctora Mohga Kamal Yanni, de la Alianza Vacuna del Pueblo, ha declarado: “Los países ricos tienen dosis suficientes para vacunar a todo el mundo casi tres veces, mientras que los países pobres ni siquiera tienen para llegar a los profesionales sanitarios y personas de riesgo.

“El sistema actual, en el que las empresas farmacéuticas usan financiación gubernamental para la investigación, conservan derechos exclusivos y mantienen su tecnología en secreto para aumentar los beneficios, podría costar muchas vidas”.

Lois Chingandu, directora de Frontline AIDS, manifestó: “Esta pandemia es un problema global que exige una solución global. La economía mundial seguirá sufriendo mientras el mundo no tenga acceso a una vacuna.

“Tenemos que dejar de lado los beneficios de la industria farmacéutica durante esta pandemia sin precedentes para salvar tanto a la humanidad como la economía”.

Aumenta el impulso para una vacuna del pueblo, que ya ha sido respaldada por sobrevivientes de la COVID, especialistas en salud, activistas, dirigentes y exdirigentes mundiales, dirigentes religiosos y economistas, como Cyril Ramaphosa, Imran Khan, Ellen Johnson Sirleaf, Gordon Brown, Helen Clark, Mary Robinson, Joseph Stiglitz, John Nkengasong y Thomas Piketty.

El mes pasado, en Estados Unidos, más de cien dirigentes de alto nivel de organizaciones de salud pública, religiosas, de justicia racial y sindicales se unieron a exmiembros del Congreso, economistas y artistas para firmar una carta pública en la que piden al presidente electo Biden que aproveche este extraordinario momento y su poder como presidente de Estados Unidos para apoyar una vacuna del pueblo.

La Alianza Vacuna del Pueblo es una coalición de organizaciones y activistas globales y nacionales unidos con el objetivo común de hacer campaña a favor de una “vacuna del pueblo”. La petición de una vacuna del pueblo está respaldada por dirigentes y exdirigentes mundiales, especialistas en salud, dirigentes religiosos y economistas. Si desean más información, visiten: https://peoplesvaccine.org

En respuesta a la noticia de que la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca ha presentado en ensayos clínicos una eficacia del 70%, que podría aumentar al 90% si se modifica la dosificación, Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“Oxford y AstraZeneca han prometido ‘acceso amplio y equitativo’ a esta vacuna, lo que da muchas esperanzas a la gente en todo el mundo. El bajo costo de esta vacuna y su fácil almacenamiento hacen posible una distribución justa, y es además la primera que va acompañada de considerables acuerdos de distribución a países de ingresos bajos. No obstante, hay que hacer mucho más aún para que, dondequiera que vivan, las personas puedan acceder a estos productos esenciales, por lo que, si no se toman más medidas, el suministro de la vacuna a países de ingresos bajos seguirá siendo peligrosamente insuficiente.

“Esta es la tercera vacuna que ha dado resultados prometedores en las últimas semanas, y muchos países ricos han comprado ya enormes dosis de estos productos para vacunar a toda su población. Los gobiernos y las empresas tienen que empezar dar prioridad al acceso del resto del mundo, compartiendo ampliamente tecnologías y llegando a acuerdos para garantizar que se dispone de existencias suficientes para proteger a todas las personas que lo necesiten, cualquiera que sea el lugar donde vivan.”

Información complementaria

Oxford/AstraZeneca ha declarado que puede producir 3.000 millones de dosis en 2021, y actualmente es el único creador de vacunas que tiene un acuerdo con la iniciativa global COVAX, de la que dependerán la mayoría de los países de ingresos bajos y medios para recibir gran parte de su suministro de vacunas. En junio, Oxford/AstraZeneca se comprometió a producir 1.000 millones de dosis para países de ingresos bajos y medios por medio de una asociación con el Serum Institute de India. Ha prometido vender la vacuna sin ánimo de lucro –por entre dos y tres dólares estadounidenses por dosis– durante todo el tiempo que dure la pandemia.

Estados Unidos se ha asegurado ya pedidos de más de 1.000 millones de dosis –más de tres dosis por persona– de las tres vacunas sobre las que se han anunciado resultados hasta ahora, mientras que Reino Unido, Canadá y Japón se han asegurado más de dos dosis por persona de las tres vacunas, además de alcanzar acuerdos para otras vacunas aún en desarrollo. Aunque la vacuna de Oxford/AstraZeneca dará un enorme impulso al acceso de varios países, los suministros acordados para la mayoría de los países de ingresos y bajos sólo alcanzan todavía para una pequeña parte de sus poblaciones.

Son muchos los países que han efectuado ya pedidos de dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, entre ellos la UE (400 millones), Estados Unidos (300 millones), China (200 millones) Japón (120 millones), Reino Unido (100 millones) Brasil (100 millones), Indonesia (100 millones), Australia (33,8 millones), Egipto (30 millones), Argentina (22 millones) y Canadá (20 millones). Se ha alcanzado también un acuerdo con México y Argentina para producir vacunas para países de Latinoamérica.

Las empresas farmacéuticas y los institutos de investigación desempeñan una función decisiva en lo que respecta a facilitar el disfrute del derecho a la salud. De acuerdo con el derecho internacional, tienen la obligación de respetar los derechos humanos, lo que incluye, entre otras cosas, garantizar que sus vacunas contra la COVID-19 son accesibles y asequibles para el mayor número posible de personas.

Hace dos semanas, un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU instaron a los gobiernos a poner fin al acaparamiento de suministros de vacunas y pidieron a las empresas farmacéuticas que compartieran sus innovaciones a fin de garantizar que todas las personas pueden tener acceso a las pruebas, tratamientos y vacunas para la COVID-19.

Este año, el lema del Día Mundial del Hábitat (“Vivienda para todos — Un mejor futuro urbano”) no podría ser más adecuado, dada la actual situación de avances y retrocesos de la pandemia de COVID-19. Habida cuenta de que el 90% de los casos conocidos de COVID-19 se produce en áreas urbanas, y teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre pobreza y contagio, resulta imperioso analizar, desde un punto de vista crítico, las deficiencias de nuestras ciudades y comunidades.

Como ya apuntó la anterior relatora especial de la ONU sobre vivienda adecuada, el acceso a ésta se ha convertido, más que nunca, en un asunto de vida o muerte. La vivienda es uno de los principales factores determinantes del grado de vulnerabilidad de una persona al peligro de verse o no afectada gravemente por la COVID-19. Es casi imposible protegerse, y proteger a otras personas del virus, si no se tiene un lugar estable y seguro en el que vivir. En todo el mundo, hay unos 1.800 millones de personas sin techo o con viviendas “manifiestamente inadecuadas”. Tener un lugar en el que vivir no reduce de manera significativa el peligro de contagio si éste no reúne unas condiciones mínimas. Quienes viven en viviendas inadecuadas no suelen tener más remedio que vivir o trabajar en estrecho contacto con otras personas y compartir espacios de por sí masificados, por ejemplo a la hora de acceder al agua y a instalaciones sanitarias.

Las personas que viven y trabajan en esas situaciones pertenecen a algunos de los grupos más marginados de nuestras sociedades, y a menudo sufren discriminación por uno o más motivos. Estos grupos incluyen, entre otros, a personas LGBTI, niños y niñas que viven en la calle, personas de edad avanzada, pueblos indígenas, población refugiada y migrante, personas discriminadas por cuestiones de género, ascendencia y empleo, personas con discapacidades o mujeres y niñas, entre otros.

Desde el principio mismo de la pandemia, activistas y personas expertas han resaltado la importancia de hacer valer los derechos humanos a la hora de responder a la COVID-19 y de planificar e recuperación. Ya en marzo de 2020, la entonces relatora especial de la ONU sobre vivienda adecuada instó a los Estados a tomar medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la vivienda, de manera que todo el mundo pudiera protegerse de la pandemia. Sin embargo, la actuación de los gobiernos de todo el mundo con respecto al derecho a una vivienda adecuada puede calificarse, en el mejor de los casos, de errática y cortoplacista, y en otros muchos, simplemente, de cruel y temeraria.

En junio de 2020, Amnistía Internacional envió información al relator especial de la ONU sobre vivienda adecuada, en la que resaltaba las decisiones de distintos Estados en materia de vivienda —o ausencia de ésta— en el contexto de la pandemia. Dichas disposiciones iban desde medidas a corto plazo para dar refugio a personas sin techo hasta las suspensiones de desalojos, pasando por sanciones contra personas sin techo por incumplimiento de las medidas de confinamiento o por desalojos forzosos.

En la actualidad, siete meses después del inicio de la pandemia, apenas ha habido cambios, y prosiguen los desalojos forzosos, mientras que algunas de las personas más marginadas de nuestras sociedades viven en condiciones cada vez más precarias y se ven empujadas a vivir en la calle.

Desalojos forzosos

Demolición de viviendas de Dagoretti Corner (Nairobi, Kenia)

El 11 de mayo, cinco días después del desalojo forzoso de Kariobangi North, el presidente de Kenia anunció —a través del ministro del Interior y de Coordinación del Gobierno Nacional— que “hasta que el país no haya vencido a la COVID-19, no habrá desalojos”.

Asimismo, comunicó que se habían dado órdenes a la policía para que detuviera todos los desalojos, y se había pedido a los agentes de policía que consultaran con la Fiscalía General cualquier orden judicial de desalojo. Sin embargo, esa suspensión ha sido reiteradamente violada, con escasa consideración por los derechos humanos de las personas afectadas y por su exposición a la pandemia.

El caso más reciente se produjo el 1 de octubre, día en que la población residente del asentamiento de Dagoretti Corner fue sometida a un despiadado desalojo forzoso que dejó sin techo a unas 3.000 personas. La demolición de edificios y estructuras, incluidos unos 200 pequeños negocios, se llevó a cabo a instancias de la Empresa Keniana de Energía y Electricidad y de la Compañía Ferroviaria de Kenia —ambas propiedad del Estado—, que reclamaban las tierras ocupadas por el asentamiento. Las personas afectadas, que perdieron sus hogares y medios de sustento, aseguraron a Amnistía Internacional que no habían sido avisadas del desalojo, y que tampoco habían recibido ninguna indemnización ni viviendas alternativas.

“Vivo aquí desde hace casi 20 años, y en cuestión de minutos han echado abajo tanto mi casa como mi negocio. No he tenido tiempo de salvar mis pertenencias, porque no he recibido ningún aviso”, Joyce Wangari, residente de Dagoretti Corner y propietaria de un negocio en el asentamiento.

Residentes del asentamiento informal de Kaloleni (Nairobi) sentados frente a sus viviendas demolidas. © Sheila Wairimu

De igual forma, los días 23 y 24 de septiembre, casi mil residentes del asentamiento informal de Kaloleni (Nairobi) fueron desalojados a la fuerza por la Compañía Ferroviaria de Kenia. Las comunidades de esa zona habían sido ya víctimas de brutales demoliciones de viviendas a manos de la Compañía Ferroviaria de Kenia en agosto de 2018. Al carecer de otras opciones de vivienda, muchas de ellas no tuvieron más remedio que volver a la zona en la que habían vivido y volver a construir a partir de cero. En conversación con Amnistía Internacional, Magdaline Njeri, residente de Kaloleni explicó:

“Desde las demoliciones de 2018 en Kaloleni, no vivimos en paz. No tuvimos otra opción que volver a construir nuestras viviendas en la misma zona. ¡Sencillamente, no tenemos otro lugar adónde ir! Ni siquiera tuvimos tiempo de salvar nuestras pertenencias. Las demoliciones del 23 y el 24 de septiembre llegaron por sorpresa a las 9.30 de la mañana; nadie nos había avisado. Soy una trabajadora eventual, y la COVID-19 está afectando a casi todos los lugares donde me ganaba la vida; la falta se vivienda se ha convertido en una dura realidad para mí Además, tengo un hijo con necesidades especiales, y me resulta muy difícil resistir. No tengo padres ni ningún sitio adonde ir.”

Sin embargo, durante la pandemia, los desalojos forzosos no se han limitado a un país o una región en concreto. Tanto Amnistía Internacional como otras organizaciones los han documentado y denunciado en distintas partes del mundo.

En Italia, pese a ciertas reformas jurídicas y políticas por las que se ha dado la orden de suspender los desalojos durante la pandemia —la última, hasta el 31 de diciembre de 2020—, las autoridades locales han seguido llevando a cabo desalojos forzosos de romaníes. El 11 de agosto, la población residente en el asentamiento informal de Via del Foro Italiaco 531, en Roma, fue desalojada a la fuerza. Asimismo, en Turín, entre agosto y septiembre de 2020, familias romaníes sufrieron en tres ocasiones desalojos forzosos de sus hogares. Estos recientes desalojos forzosos vienen a sumarse a las ya habituales violaciones de los derechos de vivienda de la población romaní perpetradas por las autoridades italianas. Según los medios de comunicación, a lo largo de las últimas semanas, las autoridades locales han anunciado varios desalojos más de campos o asentamientos informales, por lo que preocupa la futura situación habitacional de cientos de personas romaníes, tanto adultos como menores.

Asimismo, resulta significativo que, mientras la localidad indonesia de Surabaya acoge este año el Día Mundial del Hábitat, en otros lugares del país —como Ancol (Yakarta Septentrional) y Tangerang— se lleven a cabo desalojos masivos.

Personas refugiadas en Moria

Aunque no se enfrenten a desalojos forzosos en masa, para las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Grecia la COVID-19 ha traído consigo una nueva serie de problemas relativos a la vivienda. A consecuencia de una ley de marzo de 2020, las personas refugiadas y las beneficiarias de protección subsidiaria en Grecia sólo disponen de 30 días desde el momento de su reconocimiento legal para dejar el alojamiento que se les ha proporcionado y buscar vivienda en el mercado de alquiler privado. Antes de marzo de 2020, disponían de un periodo de seis meses para conseguir una vivienda alternativa. El gobierno empezó a implementar este plan desde principios de junio de 2020. Miles de personas refugiadas tuvieron que abandonar los campos en los que se alojaban, a pesar de que en muchas de esas instalaciones todavía había restricciones a la circulación en vigor a causa de la COVID-19. El ACNUR “ha venido expresando continuamente su preocupación ante el hecho de que la asistencia para muchos refugiados reconocidos finalice de manera prematura, antes de que tengan un acceso efectivo a al empleo y a los programas de bienestar social previstos por la ley griega”.

La agencia también ha señalado que las personas refugiadas se enfrentan a “barreras para acceder a la ayuda”. Además, ha subrayado los obstáculos con los que se encuentran muchas personas refugiadas para encontrar trabajo y vivienda en el contexto de las restricciones debidas a la COVID-19. Según varias ONG que trabajan en Grecia, la operación del gobierno puso a muchas personas en peligro de encontrarse sin hogar y en la miseria. MSF lo explicaba así: “tenemos pacientes con cáncer, supervivientes de tortura, madres solteras con enfermedades crónicas y mujeres en avanzado estado de gestación a quienes esencialmente les están diciendo que duerman al raso, sin ninguna ayuda”.

El fuego arrasa el campo de Moria el 9 de septiembre de 2020. © AFP vía Getty Images

Para empeorar aún más las cosas, el 8 y 9 de septiembre, el superpoblado campo de refugiados de Moria —en la isla de Lesbos, Grecia— fue arrasado por incendios devastadores que lo redujeron a cenizas. Aunque no se registraron víctimas mortales, de la noche a la mañana casi 13.000 personas perdieron el escaso refugio y saneamiento que tenían, así como documentos, objetos personales y medicamentos.

“Conseguimos salvar la vida y sacar de la tienda unas cuantas mantas […] Yo perdí mi tarjeta de asilo y mi tarjeta bancaria, (sólo tengo) el papel que me dio la policía”. M, solicitante de asilo afgano que vivía con su familia en Moria antes de su destrucción.

“Ahora mismo estamos atrapados entre dos grupos de policía, que tratan de empujarnos cada uno hacia el otro grupo; desde hace dos días no tenemos acceso a comida ni instalaciones de aseo adecuadas”, contó P*, solicitante de asilo, tras los incendios.

A partir de mediados de septiembre, las personas residentes en Moria afectadas por el incendio fueron trasladadas gradualmente a un nuevo campo temporal en Lesbos. Sin embargo, durante varios días tras la tragedia, miles de ellas se vieron obligadas a dormir al raso en un tramo de carretera acordonado por fuerzas policiales, sin refugio ni saneamiento adecuados, y con una distribución de comida escasa. En el momento del incendio, al menos 35 solicitantes de asilo habían dado positivo en COVID-19. A medida que se trasladaba a la gente al nuevo campo y, en la entrada, les hacían pruebas de COVID-19, unas 240 personas dieron positivo.

Sin hogar

No cabe duda de que, sin un lugar adecuado en el que vivir, resulta casi imposible poner en práctica cualquiera de las medidas de protección contra la COVID-19 dictadas por los gobiernos y los expertos en salud pública. Para la gente que se queda sin hogar, la COVID-19 constituye una amenaza grave e inmediata para su salud y su vida. Aunque algunos gobiernos han tomado medidas temporales para proteger a quienes carecen de ningún tipo de vivienda (por ejemplo, quienes duermen al raso), el presente y el futuro de estas personas siguen siendo precarios.

Por ejemplo, en marzo, el gobierno de Reino Unido, responsable de las cuestiones de vivienda en Inglaterra y Gales, anunció financiación para que las autoridades locales pudieran ofrecer alojamiento de emergencia y otros tipos de apoyo a quienes no tenían donde dormir. Según cifras gubernamentales, para mediados de abril se había ofrecido alojamiento de emergencia a más del 90% de las personas que dormían al raso en Inglaterra, y para mayo casi 15.000 personas habían recibido alojamiento de emergencia por parte de las autoridades locales. La mayoría de las personas que tenían que dormir al raso en Escocia e Irlanda del Norte también recibieron alojamiento de emergencia. Sin embargo, al llegar agosto, las organizaciones de beneficencia y los medios de comunicación informaron de un notable incremento del número de personas que dormían al raso debido a una serie de factores, como el regreso de algunas personas a las que se había pedido que abandonaran su alojamiento de emergencia a causa de su conducta antisocial, y la creación de un nuevo grupo de personas que se habían quedado sin hogar a causa del cierre de los servicios de apoyo de los que normalmente dependían. Varios expertos han manifestado que el aumento de las cifras podría atribuirse al creciente desempleo y a la incapacidad de quienes realizaban trabajos precarios de pagar sus alquileres.

Groundswell, una organización que trabaja con personas sin hogar, informó que la pandemia había provocado cambios notables en las operaciones de los servicios de apoyo: se habían cerrado albergues nocturnos, habían cesado servicios clave como la evaluación cara a cara para las ayudas por motivos de salud y discapacidad, y se habían interrumpido las citas en las oficinas de empleo para las personas que buscan trabajo. Uno de los principales problemas a los que se enfrentaban quienes eran alojados en hoteles y otros lugares de emergencia era el acceso a comida suficiente, a menudo porque no tenían ingresos (al haber dejado de cobrar los pagos de prestaciones porque ya no reunían determinadas condiciones) o porque recibían comida que tenía que ser cocinada y en su alojamiento no tenían manera de cocinarla. La organización informó también de que muchas personas sin hogar sentían que su salud mental y física se había deteriorado durante el confinamiento.

Aunque los cambios legales introducidos en Escocia e Irlanda del Norte ampliaron los periodos de preaviso para el desalojo de una vivienda de alquiler hasta marzo de 2021, el levantamiento en septiembre de la prohibición de realizar desalojos en Inglaterra y Gales ha suscitado preocupación por la posibilidad de que se produzca otra oleada de desalojos de personas que en los últimos meses se han retrasado en el pago del alquiler. En ausencia de suficientes viviendas asequibles, es probable que miles de familias se enfrenten a la pérdida de hogar.

Tal como señaló el doctor Steven Platts, director general de Groundswell: “Todo el mundo tiene derecho a un hogar seguro. En todo Reino Unido, las barreras existentes en el sistema significan que, para muchas personas, quedarse sin hogar es una realidad. Ahora que nos encaminamos al invierno con el problema añadido de la COVID-19 propagándose por el país, tenemos que utilizar los conocimientos y lecciones que hemos aprendido en los últimos seis meses para diseñar una respuesta efectiva que proteja el derecho de las personas a un hogar, a salud adecuada, bienestar y acceso a alimentos”.

Reconstruir mejor

No cabe duda de que unas soluciones sostenibles y a largo plazo para el problema de la vivienda son uno de los elementos fundamentales para conseguir “Un futuro urbano mejor”. La inacción de los Estados a la hora de planificar adecuadamente y proporcionar viviendas adecuadas ha contribuido a la proliferación de viviendas terriblemente inadecuadas, asentamientos informales y pérdidas de hogar, todo lo cual ha contribuido a una sociedad sumamente desigual y fracturada.

Lo que se necesita ahora va mucho más allá de poner fin a los desalojos forzosos e impedir que la gente duerma al raso, aunque abordar esas violaciones tan extremas del derecho a la vivienda sería un primer paso bien recibido.

A más largo plazo, los gobiernos tienen que comprometerse a proporcionar los recursos necesarios para incrementar el número viviendas sociales y hacer que la vivienda sea asequible y accesible para todas las personas, sin discriminación. Los planes de recuperación de la COVID-19 deben incluir estrategias nacionales de vivienda elaboradas con la participación significativa de todas las partes, incluidos los sectores más marginados, como los residentes de los asentamientos informales, las personas refugiadas y solicitantes de asilo y las personas que se han quedado sin hogar.

Si queremos salir de esta pandemia como comunidades más fuertes y más justas, más resilientes a futuras crisis, los gobiernos de todos los niveles deben evaluar sus medidas de respuesta a la COVID-19 a través de una lente de derechos humanos, y deben emprender acciones para garantizar que las medidas de recuperación no terminan afianzando aún más los patrones de pobreza y discriminación.

• Entre otros fallos importantes, se tomó la decisión de trasladar a miles de pacientes de hospitales a residencias de la tercera edad sin someterlos a la prueba del virus y se impusieron órdenes generales de no reanimar.
• La dirección y el personal de las residencias afirman que no tuvieron asesoramiento, equipos de protección individual (EPI) ni acceso a las pruebas de detección.
• Amnistía pide que se lleve a cabo inmediatamente una investigación completa, pública e independiente y que se revisen las actuales directrices de restricción de visitas.

Una serie de decisiones “escandalosamente irresponsables” del gobierno pusieron en peligro la vida de decenas de miles de personas mayores y dieron lugar a múltiples violaciones de sus derechos humanos en residencias de la tercera edad; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, a raíz una investigación de su equipo de respuesta a las crisis.

El informe de Amnistía, As If Expendable: The UK Government’s Failure to Protect personas mayores in residencias de la tercera edad during the pandemia de COVID-19, revela que en los primeros momentos de la pandemia se abandonó a personas a su suerte en residencias de la tercera edad.

Del 2 de marzo al 12 de junio de este año se registró un “exceso” de 28.186 muertes en residencias de la tercera edad en Inglaterra, con la confirmación de más de 18.500 fallecimientos por COVID-19 en estos centros durante ese periodo.

Dirección y personal de residencias describieron a Amnistía un “colapso total” de los sistemas durante las primeras seis semanas de respuesta a la pandemia. Hablaron de esperas para recibir instrucciones, dificultades de acceso a equipos de protección individual (EPI), y falta de acceso a pruebas de detección, a pesar de tener que atender a pacientes infectados a quienes habían dado de alta urgentemente en el hospital.

Increíblemente, el 17 de marzo, cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la COVID-19 una pandemia mundial, el gobierno ordenó trasladar a 25.000 pacientes de hospitales a residencias de la tercera edad, incluidas personas infectadas o sospechosas de estar infectadas de COVID-19.

El 2 de abril, el mismo día que la OMS confirmó la existencia de casos de transmisión presintomática de COVID-19, el gobierno reiteró que “no se requieren pruebas de resultado negativo para ingresar a personas en residencias de la tercera edad o trasladarlas allí” desde hospitales.

Varias personas responsables de residencias contaron a Amnistía que no habían tenido casos de COVID-19 en sus centros hasta que recibieron pacientes desde hospitales. El director de una residencia de Yorkshire comentó:

“Al ver lo que pasaba en Italia y España, dejamos de autorizar visitas el 28 de febrero y adquirimos equipos de protección individual. No tuvimos ningún caso hasta el 28 de marzo, cuando nos trajeron a una persona del hospital con COVID-19.”

Estas y otras decisiones adoptadas por el gobierno dieron lugar a violaciones de derechos humanos de las personas mayores ingresadas en residencias de la tercera edad durante la pandemia, principalmente de su derecho a la vida, su derecho a la salud y su derecho a no sufrir discriminación.

Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, ha declarado:

El gobierno tomó una serie de decisiones de una irresponsabilidad asombrosa que llevaron a que personas ingresadas en residencias de la tercera edad quedaran abandonadas a su suerte.

Dadas de alta sin ser sometidas a la prueba del coronavirus, miles de personas mayores fueron enviadas a residencias de la tercera edad con grave riesgo para ellas mismas y para el resto de las personas residentes y el personal de los centros.

La demoledora cifra de muertes fue totalmente evitable; es un escándalo de proporciones monumentales.

Cuando el país se enfrenta a una segunda ola de coronavirus, urge llevar a cabo una investigación completa, pública e independiente sobre el escándalo de las residencias de mayores, para aprender de la experiencia y proteger a la población residente de estos centros antes de que se pierdan más vidas.”

Amnistía Internacional Reino Unido ha lanzado una campaña para pedir una investigación completa e independiente sobre la pandemia, que debería comenzar de inmediato con una fase provisional centrada en la población de las residencias de mayores.

La organización de derechos humanos pide asimismo al gobierno que:

• ordene una revisión exhaustiva de los formularios para dar orden de no reanimar incluidos en los historiales médicos y los planes asistenciales de las residencias de mayores, y así garantizar que no se imponen sin el debido proceso;
• garantice a la población residente en centros de la tercera edad pleno acceso a los servicios de atención a la salud a los que tienen derecho;
• garantice la disponibilidad de pruebas de detección regulares a quienes visitan las residencias así como al personal y a la población residente;
• garantice que las instrucciones para las visitas a centros de mayores consideran prioritario el interés superior de la población residente en el centro, y que las restricciones se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas, teniendo presentes todas las medidas posibles para mitigar los riesgos, como realizar pruebas de detección con mayor frecuencia al personal, la población residente y las visitas.

Mayor peligro para las 400.000 personas residentes en centros de la tercera edad

Desde el principio se sabía que la COVID-19 presentaba un riesgo desproporcionadamente elevado de causar enfermedad grave y muerte a las personas de avanzada edad, y que las 400.000 personas residentes en centros de mayores en Reino Unido —muchas de ellas con múltiples problemas de salud, dependencia física, demencia y fragilidad— corrían aún mayor peligro.

A pesar de ello, el gobierno no adoptó medidas para proteger a la población de las residencias de la tercera edad. Hasta el 13 de marzo, dos días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la COVID-19 una pandemia mundial, la Autoridad de Salud Pública de Inglaterra aconsejó lo siguiente: “De momento no es necesario actuar de manera diferente en ningún entorno asistencial”.

Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, ha declarado:

“Al parecer, se considera que las personas residentes en centros mayores son prescindibles. A pesar de haber miles de camas vacías, no se consideró que sus casos fueran prioritarios en el acceso a tratamiento hospitalario, y se les impusieron órdenes de no reanimar sin el debido proceso. Tales abusos son profundamente alarmantes.

“Es imprescindible aprender la lección para no cometer los mismos errores, y que se obligue a rendir cuentas a las personas responsables de decisiones tan catastróficas.”

Denegado el ingreso en hospitales

Amnistía ha recibido informes sobre múltiples casos en que se ha denegado a residentes de centros de la tercera edad el derecho a recibir asistencia médica, incluidos el acceso a servicios médicos generales y el ingreso en un hospital, durante la pandemia. Personal de residencias y familiares de residentes contaron a Amnistía que se desaconsejaba o se denegaba directamente su envío a un hospital.

El hijo de un hombre residente en un centro para mayores de Cumbria que había fallecido contó que ni siquiera se había considerado la posibilidad de enviar a su padre al hospital:

“Desde el primer día, la residencia afirmó categóricamente que con toda probabilidad era COVID-19 y que iba a morir si no era ingresado en un hospital. En ese momento sólo tenía tos. Tenía 76 años y estaba en muy buena forma física. Le encantaba salir a la calle y no habría sido un problema para él ir al hospital. Me llamaron de la residencia y me dijeron que tenía síntomas, algo de tos, y que el médico lo había examinado por teléfono y no iban a llevarlo al hospital. Horas más tarde hablé con el médico y me dijo que no podía ser trasladado a un hospital pero que le darían morfina si sufría dolor […] Murió una semana más tarde.”

Datos oficiales demuestran que los traslados a hospitales desde residencias de la tercera edad disminuyeron considerablemente durante la pandemia: en marzo y abril hubo 11.800 casos menos que en años anteriores.

Amnistía recibió múltiples informes de todo el país, de personal médico que se negaba a entrar en residencias de la tercera edad y que sólo estaba disponible para consultas por teléfono o videollamada, sin tener en cuenta los síntomas del residente enfermo, ni siquiera en los casos de necesidad de apoyo terminal.

Un miembro del personal de un importante grupo de centros para mayores contó a Amnistía en septiembre:

“Aunque no ha sido igual en todo el país, personal médico y de enfermería no ha acudido a la mayoría de nuestros centros desde el comienzo de la pandemia. Ni siquiera para desempeñar funciones básicas.”

Uso indebido de los formularios para dar orden de no reanimar

A lo largo de la pandemia se han planteado reiteradamente motivos de preocupación sobre el uso inadecuado de los formularios para dar orden de no reanimar. Directores de residencias informaron a Amnistía sobre casos de consultorios médicos o grupos de comisión clínica (CCG, por sus siglas en inglés) locales que habían solicitado como norma general la introducción de formularios para dar orden de no reanimar en los historiales médicos de los residentes.

La investigación de Amnistía puso al descubierto que, el 23 de marzo de 2020, un grupo de seis CCG de Sussex había dado instrucciones relativas a la orden de no reanimar a 35 consultorios médicos y 98 residencias de la tercera edad. El documento daba a todos los profesionales médicos la instrucción de “detectar en su sistema clínico a todos los pacientes de residencias de mayores que no tengan habilitada una orden de reanimación (o de no reanimación) y proceder a su habilitación”.

También hacía referencia al ingreso en hospital, y pedía a los profesionales médicos que se aseguren de que “los pacientes que no tienen ya una orden de ‘no derivar a hospital’ sean prioritarios y tengan habilitada una orden”.

Acceso insuficiente a las pruebas de detección

Las residencias de la tercera edad han tenido graves dificultades para acceder a pruebas de detección adecuadas que les permitan identificar, gestionar y prevenir eficazmente las infecciones por COVID-19.

Hasta el 7 de junio no se ofreció la realización de pruebas a las personas de edades superiores a 65 años en todas las residencias. La introducción de pruebas sistemáticas en residencias no se anunció hasta el 6 de julio.

Según la directora de un centro para mayores de Durham que habló con Amnistía a mediados de agosto, la provisión de pruebas de detección distaba mucho de ser suficiente:

“No está más claro ahora; he intentado tener acceso a pruebas de detección. Hemos acudido a todos los proveedores. Al principio hacíamos pruebas repetidas… después fue una diferente. Hubo algunas pruebas para residentes y personal de residencias, pero ni idea de lo que pasará las próximas semanas.”

Equipos de protección individual insuficientes

Aunque se prometió a los servicios de asistencia médica “lo que haga falta, al precio que sea” para hacer frente al brote de coronavirus, las residencias de la tercera edad tuvieron serias dificultades para conseguir equipos de protección individual (EPI). La mayor parte del personal y los equipos directivos de residencias entrevistados por Amnistía dijeron que habían tenido muchas dificultades para conseguir los EPI a través de sus proveedores habituales. A algunos les dijeron que las provisiones se reservaban a los servicios médicos. Según contó el director de una residencia de Norfolk:

“[En marzo] intentamos hacer un pedido de EPI. Normalmente tenemos delantales y guantes a mano, pero no teníamos las cantidades necesarias. Nos pusimos en contacto con nuestros proveedores habituales, pero nos dijeron que no podían suministrárnoslos porque eran para los servicios de salud.”

Tal abandono de las necesidades de los centros de la tercera edad pone en peligro a su población residente y a su personal, muchos de cuyos miembros también sufren las consecuencias, con altos índices de infección y tasas desproporcionadas de mortalidad.

Efectos devastadores del aislamiento prolongado

Aunque los niveles de transmisión de la COVID-19 descendieron de forma acusada durante el verano y se reanudaron las visitas hasta cierto punto, los devastadores efectos del aislamiento en la salud física y mental de las personas mayores que han sobrevivido en residencias de la tercera edad se han hecho más patentes. Las consecuencias son trágicas en algunos casos: reducción de la movilidad y las funciones cognitivas, pérdida del apetito, depresión y pérdida general de la voluntad y el deseo de vivir.

Una persona describió así el deterioro de su madre:

“No he podido visitar a mi pobre madre en seis meses. Está postrada en la cama y su habitación está en la primera planta, así que no es posible verla a través de la ventana. Su habitación está junto a una salida de incendios, por lo que podría acceder a ella sin tener que atravesar la residencia, pero no están permitidas las “visitas a las habitaciones”. [La dirección] me ha informado por correo electrónico de que sólo podré visitarla cuando se esté muriendo.”

Las personas que viven en residencias de la tercera edad no deberían ser sometidas a restricciones generales sobre su vida privada y familiar, excepto si son adecuadas a sus circunstancias concretas y se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas que tengan en cuenta las repercusiones para su salud física y mental.