En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos en Chile y el mundo. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos en Chile y el mundo. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
La semana comienza mirando con horror la situación en Estados Unidos, con las manifestaciones masivas tras la muerte de George Floyd, y la brutal respuesta policial que han recibido. Probablemente muchísimas personas en Chile hemos recordado la crisis de derechos humanos que vivimos a partir de octubre 2019, y mirado con asombro cómo hay hechos, formas de actuar policial y discursos que se repiten, al igual que las desigualdades profundas que originan las protestas. En solidaridad, estamos apoyando una acción pidiendo justicia para George Floyd, que invitamos a firmar en nuestra página web.
En Chile, como Amnistía Internacional hemos seguido monitoreando la situación en materia de actuar policial y militar durante este tiempo y recibiendo denuncias. Hemos recibido alertas de situaciones de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, uso de gases lacrimógenos en sectores residenciales – con las consecuencias para la salud que ello implica en el contexto de la pandemia – y detención a periodistas y personas que registran manifestaciones. En algunos casos han existido humillaciones y amenazas, como por ejemplo, de “hacerlo desaparecer” o de llevarlo a un hospital “para que se le contagie el COVID”. Hemos estado en contacto directo con al menos dos casos graves, uno de ellos con resultado de muerte, y estamos buscando más información en varios más.
Las reformas estructurales que requiere carabineros de Chile, así como una revisión adecuada de las normas sobre uso de la fuerza están pendientes, y eso se refleja en el actual contexto también.Esto preocupa más aún dado que el gobierno le dio discusión inmediata al proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas protejan infraestructura crítica, que abre un nuevo flanco de posibles abusos. Reiteramos el llamado a que quienes sean víctimas de este tipo de violaciones de DDHH, lo denuncien. Pueden encontrar información para hacerlo en nuestra página web www.amnistia.cl o escribir al email crisischile@amnistia.cl.
Por otra parte, nos han sorprendido y alarmado profundamente declaraciones de autoridades de gobierno que parecen revelar que estaban tomando medidas de políticas públicas sin conocer adecuadamente la realidad del país. El Ministro de Salud reconoció haber desconocido los niveles de hacinamiento existentes en Santiago y el Ministro de Obras Públicas señaló desconocer la falta de agua en algunas comunidades. ¿Acaso el gobierno está manejando una pandemia, la peor crisis sanitaria que hemos tenido en décadas, sin contar con información precisa que le permita tomar políticas públicas adecuadas? ¿Cómo podría sostener una perspectiva de derechos humanos, si no conoce dónde están las brechas?
Esto se suma al hecho de que todavía no se han compartido datos desagregados que permitan evaluar de manera precisa el impacto del virus en comunidades más vulnerables.La información que existe proviene de esfuerzos desde la sociedad civil y de información de prensa, que están mostrando la gravísima situación en campamentos en distintos lugares del país, en comunidades sin agua, en personas migrantes que intentan volver a sus países y no tienen un lugar seguro donde estar, en pueblos indígenas. Hemos ya visto en prensa historias de personas que han fallecido solas en cités o en la calle. Si no estamos todas las personas seguras, nadie está seguro. Si hay sectores completos de la población que no están protegidos, nadie está protegido. Los derechos humanos deben ser para todas las personas por igual, y nadie debe quedar atrás.
La pandemia está revelando las enormes contradicciones y desigualdades de nuestras sociedades. A algunas personas nos parece, a pesar de nuestra posición privilegiada, que nuestra vida está en suspenso y que el mundo que conocíamos ha dejado de existir. No sabemos cómo será la “nueva normalidad”. Son tiempos aterradores, pero también son tiempos para la esperanza.
Vivimos tiempos realmente extraños. La pandemia está revelando las enormes contradicciones y desigualdades de nuestras sociedades. A algunas personas nos parece, a pesar de nuestra posición privilegiada, que nuestra vida está en suspenso y que el mundo que conocíamos ha dejado de existir. No sabemos cómo será la “nueva normalidad”. Son tiempos aterradores, pero también son tiempos para la esperanza.
Desde que comenzó la pandemia, hemos visto a vecinos y vecinas que se sonríen mutuamente, amistades y familias que hablan con más frecuencia, comunidades que apoyan a las personas más afectadas, supermercados que dan prioridad a clientes vulnerables, niños y niñas que ponen ositos de peluche y arcoíris en sus ventanas, personas y empresas que fabrican mascarillas y equipos de protección, voluntarios y voluntarias que ayudan en bancos de alimentos. Así podría ser el futuro: aumentan el cuidado y el apoyo mutuo; hay más solidaridad.
Durante el confinamiento, el distanciamiento social —distanciamiento físico, en realidad— parece haber reforzado la necesidad de conexión social, uniendo más a personas y comunidades, que se han organizado de formas nuevas: millones de personas que aplauden al unísono para mostrar su agradecimiento al personal sanitario y esencial; artistas musicales que actúan juntos en línea y componen canciones que celebran la humanidad y la resiliencia; teatros y eventos culturales abiertos en línea a un público más amplio; miles de memes humorísticos y sarcásticos como herramienta de resistencia para sobrevivir en este momento tan difícil.
La pandemia de COVID-19 y su respuesta están afectando a la gente de muchas formas y en muchos niveles diferentes. Como siempre, las personas más afectadas son las más vulnerables de nuestras comunidades. El impacto desproporcionado que está teniendo esta crisis en algunos sectores de la sociedad, especialmente en personas que ya viven en los márgenes, exige rediseñar nuestros sistemas en formas en las que nadie se quede atrás.
Esta situación va para largo, así que este es un momento crucial para que las organizaciones creemos movimientos más fuertes y diversos, en formas que reconozcan y superen la creciente brecha digital y otras desigualdades. Debemos atraer a nuevos simpatizantes y activistas facilitando las inscripciones y reduciendo los requisitos, y pidiendo a la gente que invite a participar a sus amistades. Debemos seguir cuidando de nuestras comunidades de simpatizantes y personas voluntarias y relacionándonos con ellas mediante reuniones virtuales, llamadas telefónicas y seminarios web para escuchar sus necesidades y sus ideas sobre cómo deberíamos organizarnos para apoyarlas, fortalecer sus capacidades y reconocer su papel y sus aportaciones. Debemos colaborar y crear alianzas en todo el sector.
Muchas personas se están ofreciendo para ser parte de este cambio, para definir alternativas. Están dando un paso adelante, incorporándose a movimientos y organizaciones o apoyándolos. Algunas fortalecen sus capacidades de organización y liderazgo para potenciar este poder y esta creatividad colectivos.
Movimientos, organizaciones y activistas redefinen también su trabajo y sus prioridades para abordar las necesidades actuales y para definir la “nueva normalidad” con el fin de prepararse para el mundo post-COVID-19, al mismo tiempo que vigilan infatigables la acción o la inacción de los gobiernos, las instituciones, las empresas y otros actores..
Esta crisis ofrece una enorme oportunidad para el cambio sistémico, empezando por reconocer y abordar las causas de la desigualdad. Durante este periodo, hemos visto decenas de manifiestos, declaraciones y compromisos que han congregado a movimientos, organizaciones y miles de personas en torno a sus llamamientos en favor de un cambio de dirección hacia un mundo más sostenible y equitativo.
Ahora más que nunca es hora de reforzar los derechos humanos para “renegociar nuestro contrato social” y tomar decisiones distintas para el futuro: un futuro que dé prioridad a las personas y al medio ambiente, sin dejar a nadie atrás.
“Las mujeres cisgénero y transgénero que ejercen trabajo sexual son sistemáticamente marginadas, estigmatizadas y enfrentan múltiples barreras al momento de ejercer sus derechos. La pandemia del COVID-19 agrava esta desigualdad de forma preocupante. Los Estados de las Américas tienen la obligación de proteger a todas las mujeres, sin importar su ocupación, de la violencia y la precarización que la discriminación basada en género causa”
Hoy, Día Internacional de la Trabajadora Sexual, Amnistía Internacional y la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) urgen a los Estados de las Américas a tomar medidas inmediatas que garanticen los derechos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en el contexto de COVID-19. En particular, deben garantizar el acceso a servicios de salud adecuados y sin discriminación, acceso a seguridad y protecciones sociales, así como protección frente a violaciones de derechos humanos, como la tortura que en este caso es basada en género, cometidas por fuerzas de seguridad en el marco de estados de excepción.
“Las mujeres cisgénero y transgénero que ejercen trabajo sexual son sistemáticamente marginadas, estigmatizadas y enfrentan múltiples barreras al momento de ejercer sus derechos. La pandemia del COVID-19 agrava esta desigualdad de forma preocupante. Los Estados de las Américas tienen la obligación de proteger a todas las mujeres, sin importar su ocupación, de la violencia y la precarización que la discriminación basada en género causa”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Ninguna mujer debe ser dejada atrás en el proceso de construir una región más equitativa en la respuesta durante y luego de la pandemia.”
En las Américas, donde la respuesta al COVID-19 ha requerido cuarentenas y toques de queda, muchas personas que laboran en la economía informal temen por sus medios de sustento, sus empleos y sus salarios, porque no pueden trabajar. A consecuencia de ello, a las trabajadoras sexuales les puede resultar más difícil protegerse frente a la exposición al COVID-19 si no cuentan con servicios de salud preventiva, o insumos de cuidado, como desinfectantes, o si la pérdida del empleo da lugar a desalojos de vivienda a causa de los atrasos en el pago del alquiler o la hipoteca.
“El 98% de las mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe sostenemos nuestros hogares, y en este momento de cuarentena no podemos trabajar. La pandemia por COVID19 ha puesto en evidencia las profundas desigualdades que vivimos en nuestra sociedad. Conmemoramos nuestra fecha en medio de una crisis mundial, la cual estamos enfrentando solas y entre nosotras ante el silencio de los gobiernos de la región. Ahora más que nunca queda demostrada la urgencia del reconocimiento del trabajo sexual”, dijo Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la RedTraSex.
Amnistía Internacional y la RedTraSex reiteran el llamado a los gobiernos de la región para que este contexto sirva para atender desafíos estructurales, incluida la ampliación del acceso a la seguridad social y a protecciones sociales, y hacerlo de manera inmediata para mitigar el impacto económico que las medidas de contingencia han tenido en miles de mujeres en la región que viven al día, como las trabajadoras sexuales, y no pueden trabajar desde casa durante la cuarentena.
Tanto la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado la obligación de los Estados de implementar políticas que reduzcan el impacto desproporcionado que esta pandemia puede tener en las mujeres y que atiendan a sus necesidades específicas, particularmente quienes participan del sector económico informal y enfrentan altos riesgos de vivir violencia basada en género, como las mujeres que ejercen trabajo sexual.
“Las amenazas y represalias contra plataformas que se limitan a verificar datos resultan aún más preocupantes cuando vienen de parte de un gobierno que continúa atacando a medios de comunicación y periodistas por desempeñar la función esencial de decir la verdad al poder.”
En respuesta a una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la que se señala a que a las empresas de redes sociales se las exime de responsabilidad por el contenido generado por los usuarios, Michael Kleinman, director de la Iniciativa Silicon Valley, ha manifestado:
“Todo el mundo debe tener acceso a la información, especialmente durante una pandemia, cuando la información correcta puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Más de 100.000 personas han muerto ya en este país, mientras el gobierno continúa empeñado en su mala gestión de la crisis. Ninguna persona debe morir por no haber recibido información correcta en medio de una emergencia mundial.»
“Las amenazas y represalias contra plataformas que se limitan a verificar datos resultan aún más preocupantes cuando vienen de parte de un gobierno que continúa atacando a medios de comunicación y periodistas por desempeñar la función esencial de decir la verdad al poder. No es el presidente quien decide la verdad. Seguir sacando provecho de los prejuicios es peligroso e irresponsable.»
“Jack ha asumido totalmente la responsabilidad de que Twitter tome al final medidas para proporcionar a sus usuarios información contextual en su plataforma Esta medida debería haberse tomado hace mucho tiempo, y deben tomarse muchas más para que Twitter convierta la plataforma en un espacio seguro para las personas que pasan miedo y sufren abusos a diario.»
Información general y contexto
Amnistía Internacional se ha esforzado por comprender y denunciar las consecuencias de la desinformación y la información incorrecta y los abusos en Internet, por ejemplo con la campaña Toxic Twitter, en la que se han utilizado herramientas punteras de inteligencia artificial y aprendizaje automático para medir la magnitud de la violencia y los malos tratos contra las mujeres en Twitter.
Amnistía Internacional ha alzado la voz anteriormente contar la recopilación de datos de Facebook, que pueden reutilizarse de varias formas para enviar publicidad selectiva, mensajes políticos y propaganda o para mantener a la gente en la plataforma amplificando el contenido abusivo, discriminatorio o de odio. La organización se ha ocupado también el uso indebido que hizo Cambridge Analitica de datos personales e íntimos de Facebook para microdirigirse al voto indeciso e influir en él en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.
En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos en Chile y el mundo. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos en Chile y el mundo. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
Mientras la extensión del virus en el país parece haberse descontrolado, las personas siguen buscando maneras de expresarse en el contexto de cuarentena. En este sentido, nos preocupa lo sucedido con DelightLab, quienes tras proyectar la palabra “hambre” en el marco de varias protestas ciudadanas debido a la falta de alimentos en el contexto de la cuarentena, acusan intentos de impedir la proyección en noches posteriores y, lo peor, denuncian haber recibido amenazas y hostigamiento. Este tipo de amenazas deben siempre ser investigadas a fondo, más cuando son represalias al ejercicio de la libertad de expresión. La necesidad de cumplir con las medidas sanitarias no significa que la libertad de expresión se haya suspendido – de hecho, no puede suspenderse.
Otro punto de grave preocupación es cómo crisis medioambientales que se arrastran de mucho tiempo atrás están agravando sus consecuencias con la pandemia. Por ejemplo, Quintero volvió a registrar peaks de dióxido de azufre, y vecinos han reportado mareos y dolores de cabeza. Las Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia han sacado declaraciones, señalando cómo vecinos de Ventanas, Horcón, Pucalan y Quintero han sentido fuertes olores a gas, y denunciando las medidas prometidas y aun incumplidas para disminuir la contaminación en la zona. Por otra parte, el INDH presentó un recurso de protección en favor de los habitantes de Petorca, debido a la falta de acceso al agua en el contexto de la pandemia y la afectación a su derecho a la salud, el cual lamentablemente fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones. El derecho a la salud no se limita al derecho a tener atención de salud cuando te enfermas, sino que incluye también contar con las condiciones generales adecuadas para permitir cuidar tu salud. En ejemplos como estos, este derecho está siendo negado, en el peor de los momentos.
Este lunes 25 de mayo se debatió en la Comisión de Derechos Humanos del Senado una reforma a la ley antidiscriminación, donde estuvimos presentando nuestra posición. Como hemos señalado a través de nuestra campaña “La Ley Antidiscriminación se Quedó Corta”, del proyecto Diversxs, esta reforma es imprescindible, más aún en el contexto de la pandemia, que solo ha profundizado las desigualdades existentes y puesto en mayor riesgo a las comunidades más vulnerables. Nos alegra que esta reforma empiece a avanzar, y estaremos atentxs a que se continúe en ello.
Finalmente mañana jueves 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Es buena oportunidad para recordar que la salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso al aborto legal, son servicios esenciales que no pueden suspenderse durante la pandemia. Acompañamos en esto a la Mesa Acción por el Aborto en Chile, para poner el énfasis en la necesidad de hacer más por asegurar los derechos básicos a todas las mujeres, niñas y personas gestantes y les invitamos a seguir nuestras redes sociales para apoyar en este esfuerzo de visibilización.
Ante el proyecto de Ley de Urgente Consideración ingresando al Parlamento el 23 de abril de 2020, Amnistía Internacional Uruguay manifesta su preocupación por el impacto negativo de este proyecto de ley en los derechos humanos y la regresividad en los estándares internacionales y regionales en derechos humanos.
Ante el proyecto de Ley de Urgente Consideración ingresando al Parlamento el 23 de abril de 2020, Amnistía Internacional Uruguay participó de una audiencia con la Comisión Especial, el pasado jueves 21 de mayo, para manifestar su preocupación por el impacto negativo de este proyecto de ley en los derechos humanos y la regresividad en los estándares internacionales y regionales en derechos humanos.
El contexto actual de emergencia sanitaria impide garantizar el desarrollo de una discusión plena y transparente que involucre a todas las partes interesadas y afectadas. Amnistía Internacional Uruguay solicitó al Parlamento dejar sin efecto la declaración de urgente consideración y disponer de inmediato la formación de comisiones legislativas, generando las condiciones para una amplia y profunda discusión.
La organización hizo hincapié en la sección referida a seguridad, en la cual se plantean diversas modificaciones en materia de legítima defensa, aumento de penas, incorpora nuevos agravantes de responsabilidad, limita la libertad anticipada, entre otros. Se señaló que tales cambios repercutirán directamente en el número de personas privadas de libertad y, por ende, en las condiciones de reclusión. Diversos informes realizados por Amnistía Internacional, el Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo señalan las condiciones críticas del sistema penitenciario como consecuencia de las alarmantes condiciones habitacionales, las altas tasas de homicidios y las pocas oportunidades de realizar tareas que promuevan la reinserción social.
Amnistía Internacional también manifiesta su preocupación por el alcance de dos artículos que podrían dar lugar a la criminalización de la protesta y al uso de la fuerza para disolverlas.
Ante esto, Lucia Pérez Chabaneau, Directora de Amnistía Internacional Uruguay, afirma que:
“Si bien se entiende que los oficiales de policía tienen derecho a la defensa y la obligación de proteger la seguridad pública; es importante recordar que el uso de la fuerza policial debe estar estrictamente limitado y debe ser proporcional a las situaciones en las que ésta es necesaria; siendo empleada como último recurso”.
Las modificaciones propuestas en torno a la regulación del accionar policial, favorecen potencialmente situaciones de abuso policial y afectan un conjunto de derechos tales como: el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho a la participación política, el ejercicio del derecho a la protesta, contemplados tanto a nivel Constitucional como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos en los cuales Uruguay es un Estado parte.
Para leer el posicionamiento completo ingresar acá.
En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos en Chile y el mundo. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
Autora: Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile
En el contexto de la pandemia, como Amnistía Internacional seguimos en un rol de constante vigilancia acerca de la situación de derechos humanos en Chile y el mundo. En esta editorial, destacaremos semanalmente algunos temas de preocupación o avances importantes que vemos en esta labor de monitoreo.
Era previsible: las profundas desigualdades en Chile se están viendo con claridad. Personas en sectores de menos recursos, que quieren hacer cuarentena, se enfrentan a que si lo hacen no tienen qué comer. El bono y las cajas de alimentos que se han aprobado llegarán tarde, y son por completo insuficientes.
No es de extrañar que la gente salga a protestar. Es fácil sencillamente condenar que salgan porque “no respetan las medidas sanitarias”. ¿Qué haces cuando tienes que elegir entre el virus y el hambre? Lamentablemente, una vez más las protestas han sido fuertemente reprimidas, habiendo denuncias de utilización de gases lacrimógenos en zonas residenciales y de chorro lanzaaguas directo al cuerpo de algunas personas.
Lo repetimos: cuarentenas y toques de queda no son excusa para violar derechos humanos. El uso de la fuerza debe ser proporcional. No olviden que pueden escribir a crisischile@amnistia.cl si necesitan orientación o apoyo para denunciar hechos de este tipo.
Nos ha preocupado por un tiempo ya la falta de claridad de las medidas del gobierno. La información acerca de cuáles son las medidas adoptadas y los datos en los cuales éstas se basan es poco clara y con frecuencia difíciles de encontrar. Múltiples organizaciones de la sociedad civil y la academia han reclamado la necesidad de que se publiquen más datos desagregados. En ese sentido, parece positivo el anuncio realizado por el Presidente Piñera el domingo, que señaló que se publicarán más datos por comuna, de manera de permitir a las autoridades locales tomar mejores decisiones. Pondremos atención a la implementación de esa medida.
Finalmente, empezamos cada vez más a leer señales de que nuestro sistema de salud estaría llegando al temido punto de colapso: personal médico, de enfermería y matronería, ha denunciado desde diferentes hospitales que ya no hay camas críticas disponibles y que los elementos de protección personal están escaseando. Ayer, 19 de mayo, Amnistía Internacional en todas las Américas lanzó la campaña #PrometoCuidarte, apoyando las demandas del personal de la salud en toda la región que está viéndose cada vez más afectado por la falta de insumos, la falta de condiciones laborales adecuadas, el estrés, la discriminación, y las represalias cuando denuncian lo que les sucede. Nos toca a todas las personas apoyarlos, haciendo nuestra parte y exigiendo que el Estado haga la suya.
Personas trabajadoras de la salud en las Américas: Más de 9 millones: Número de personas trabajadoras de la salud en América, incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal de hospitales (cálculos …
Personas trabajadoras de la salud en las Américas:
Más de 9 millones: Número de personas trabajadoras de la salud en América, incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal de hospitales (cálculos de Amnistía Internacional basados en datos de la OPS)
Al menos el 70%: Porcentaje de mujeres que constituyen la fuerza de trabajo de personal de salud en las Américas (cálculos de Amnistía Internacional basados en datos de la OMS y la OCDE)
COVID-19 en las Américas:
Más de 2 millones: Número de casos de COVID-19 confirmados en la región de las Américas, según la OMS/OPS (Cifras actualizadas hasta el 18 de mayo)
Personas trabajadoras de la salud afectadas por COVID-19:
Más de 9.000 – Número de personas trabajadoras de la salud positivos de COVID-19 en los Estados Unidos, según el CDC, última actualización del 9 de abril.
100 – Número de enfermeras que han muerto a causa de COVID-19 en los Estados Unidos, según el Sindicato Nacional de Enfermeras y Enfermeros – EE.UU. (cifras al 12 de mayo)
73 – Porcentaje de personas trabajadoras de la salud con COVID-19 en los Estados Unidos que son mujeres, según los CDC (última actualización 9 de abril)
2 – Número de personas trabajadoras de la salud que dijeron a Amnistía Internacional que disponían de equipos de protección personal (EPP) adecuados o casi adecuados, de 21 trabajadores de la salud entrevistados en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Paraguay.
5 – Número de dólares por día (USD) ganados por un limpiador de 70 años entrevistado por Amnistía Internacional, de un hospital público de la Ciudad de México con un número significativo de pacientes de COVID-19
Amnistía Internacional ha publicado hoy un informe sobre la deplorable situación del personal sanitario en las Américas. El informe insta a los países de la región a conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia y después de ésta, y hace un llamamiento a Estados Unidos para que tome medidas rápidas y contundentes para garantizar la continuidad de la financiación de la OMS.
Mientras representantes de los gobiernos se reúnen en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tomar decisiones fundamentales en relación con la respuesta internacional a la pandemia del COVID-19, Amnistía Internacional ha publicado hoy un informe sobre la deplorable situación del personal sanitario en las Américas. El informe insta a los países de la región a conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia y después de ésta, y hace un llamamiento a Estados Unidos para que tome medidas rápidas y contundentes para garantizar la continuidad de la financiación de la OMS.
El costo de curar: Los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID-19 y más allá documenta cómo quienes se enfrentan en primera línea a la pandemia trabajan a menudo en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes y se arriesgan a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian su situación, mientras que en algunos casos han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques físicos. El informe pide también a los gobiernos que garanticen unas condiciones de trabajo seguras para las personas que trabajan en el área de limpieza y otro personal de apoyo que está en situación de riesgo debido a su trabajo en instalaciones de atención de la salud y residencias de personas mayores.Reproductor de vídeo00:0000:28
“En estos tiempos difíciles, tenemos una inmensa deuda de gratitud con el personal de limpieza de hospitales y residencias de personas mayores, personal médico y de enfermería, auxiliares de enfermería, personal subalterno de hospitales y especialistas en epidemiología por su incansable trabajo para mantenernos seguros. Pero no basta con darles las gracias. Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar que no se vuelven a poner en un riesgo tan horrendo sus derechos básicos y su seguridad”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“En las Américas viven casi la mitad de las personas del mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar el COVID-19, con alrededor de 2 millones de casos confirmados. Mientras Latinoamérica sufre sus semanas más mortíferas, es de vital importancia que todos los países se unan para garantizar que la financiación de la salud no se ve menoscabada en este momento decisivo. Esta pandemia no conoce fronteras, y Estados Unidos debe apoyar una solución global uniéndose a otros países en la financiación de la Organización Mundial de la Salud para garantizar que su capacidad técnica y de personal experto se despliega donde más se necesita.”
De 21 entrevistas en profundidad realizadas por Amnistía Internacional con profesionales sanitarios en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Paraguay, sólo en dos casos dijeron a Amnistía Internacional que consideraban que tenían equipos de protección personal (EPP) adecuados o casi adecuados. El resto plantearon motivos de preocupación relativos a la falta de EPP adecuados. También plantearon inquietudes relativas a bajas por enfermedad, periodos de descanso y apoyo de salud mental inadecuado en el trabajo.
En el caso de Chile, se están dando señales de que el sistema de salud estaría llegando al temido punto de colapso: personal médico, de enfermería y matronería, ha denunciado desde diferentes hospitales que ya no hay camas críticas disponibles y que los elementos de protección personal están escaseando; situación que está siendo monitoreada desde Amnistía Internacional.
«En estos tiempos difíciles, tenemos una inmensa deuda de gratitud con el personal de limpieza de hospitales y residencias de personas mayores, personal médico y de enfermería, auxiliares de enfermería, personal subalterno de hospitales y especialistas en epidemiología por su incansable trabajo para mantenernos seguros «, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las directrices de la OMS sobre uso racional de los EPP establecen que el personal de limpieza y mantenimiento deben tener más EPP que muchos otros miembros del personal hospitalario, incluido el personal médico y de enfermería que pueden no tener contacto con pacientes del COVID-19. Sin embargo, Amnistía Internacional observó que a menudo el personal de limpieza está mal pagado, recibe prestaciones de seguridad social precarias, y en algunos casos trabaja para empresas que no garantizan el uso de EPP adecuados. Un médico de Honduras dijo a Amnistía Internacional que veía a personal de limpieza en su hospital realizar las tareas de limpieza con las manos desnudas en zonas que habían estado expuestas a pacientes con COVID-19.
Un limpiador de 70 años que ganaba poco más de 5 dólares de Estados Unidos al día trabajando para una empresa privada en un hospital estatal de Ciudad de México dijo a Amnistía Internacional que, cuando preguntó si podía dejar de limpiar las zonas donde están ingresados decenas de pacientes del COVID-19, ya que no tenía EPP alguno y corría un riesgo especial debido a su edad, su empleador accedió, pero le redujo el salario en 16%.
Numerosos profesionales de la salud expresaron su temor a sufrir represalias por denunciar condiciones de trabajo inseguras, y algunos de quienes hablaron con Amnistía Internacional habían sido despedidos de su empleo por denunciar irregularidades o habían sido objeto de procedimientos disciplinarios en el trabajo. Tainika Somerville, auxiliar de enfermería en una residencia de personas mayores, propiedad de una empresa privada en Chicago, fue despedida después de filmar una emisión en directo en Facebook en la que denunciaba la falta de EPP en su lugar de trabajo. Las personas que trabajan en residencias de personas mayores corren un riesgo especial, y medios de comunicación de Estados Unidos y Canadá han informado de que son epicentros de muertes relacionadas con el COVID-19.
En Nicaragua, el personal sanitario corre un riesgo especial porque el gobierno ha subestimado reiteradamente la magnitud de la pandemia del COVID-19 en el país. El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua dijo a Amnistía Internacional que no sólo se ha despedido a profesionales de la salud por usar EPP en el trabajo, sino que a veces se les ha despojado violentamente de su equipo de protección. Aunque la vicepresidenta de Nicaragua anunció el 28 de abril que podían usarse EPP y que comenzaría el distanciamiento social, el gobierno de Daniel Ortega sigue restando importancia a la pandemia, a pesar del aumento del número de casos. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido de medidas inadecuadas en Nicaragua, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado su preocupación respecto a los despidos injustos de profesionales de la salud que han expresado su opinión en el país.
«En las Américas viven casi la mitad de las personas del mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar el COVID-19, con alrededor de 2 millones de casos confirmados. Mientras Latinoamérica sufre sus semanas más mortíferas, es de vital importancia que todos los países se unan para garantizar que la financiación de la salud no se ve menoscabada en este momento decisivo», Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Las restricciones de la libertad de expresión han afectado también al derecho a la salud y al acceso de las personas a información relacionada con la salud. En Venezuela, donde las autoridades han encarcelado a periodistas por publicar información sobre la pandemia, los datos oficiales cuando se redacta este comunicado informan de solamente 541 personas infectadas con COVID-19 y 10 muertes, cifras que parecen inferiores a las reales.
“Es imposible proteger la salud de más de mil millones de personas que viven en las Américas si los gobiernos insisten en silenciar a quienes denuncian irregularidades, periodistas y profesionales de la salud que alzan su voz con valentía para denunciar condiciones de trabajo inseguras y exigen con justicia una respuesta adecuada y responsable a la pandemia”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
Los profesionales de la salud han sufrido también estigmatización, ataques físicos, amenazas de muerte y denegación de uso del transporte público en países como Colombia y México, e incluso lapidación pública en Bolivia. Mientras que algunos gobiernos han respondido a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilización para apoyar públicamente el papel que desempeñan las personas que trabajan en el área de la salud, otros dirigentes han tomado medidas para menoscabarlas.
A mediados de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vetó dos decretos que habrían reforzado la seguridad del personal sanitario en el trabajo, sólo unos días después de haber acusado a organizaciones de derechos humanos de trabajar “para lograr que mueran más humanos”. Esta declaración del presidente pasaba por alto el hecho de que la OMS indica expresamente que “[l]as violaciones o la inobservancia de los derechos humanos pueden conllevar graves consecuencias sanitarias”.
Todaslas personas que trabajan en las Américas en lugares donde se cuida nuestra saludcumplen un rol esencial. Ellas y ellos están poniendo su salud y su seguridad en peligro. Por eso, proteger sus derechos es esencial. Te invitamos a unirte al siguiente compromiso: ‘Al personal de la salud: Prometo Cuidarte’: https://amnistia.cl/acciononline/al-personal-de-la-salud-prometo-cuidarte/
Las autoridades de todos los Estados de las Américas deben evitar recurrir a medidas represivas y extralimitadas que impongan restricciones indebidas sobre los derechos humanos para “proteger” a la población de la COVID-19.
Las autoridades de todos los Estados de las Américas deben evitar recurrir a medidas represivas y extralimitadas que impongan restricciones indebidas sobre los derechos humanos para “proteger” a la población de la COVID-19; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, después de que su proyecto Evidence Lab y especialistas regionales hayan verificado casi 60 casos en la región en las últimas siete semanas que apuntan al uso de tácticas arbitrarias, represivas y punitivas por los gobiernos.
“Las imágenes grabadas en todo el continente americano que hemos verificado desde finales de marzo contienen indicios preocupantes de que los gobiernos están volviendo a recurrir a formas de represión que documentamos en 2019 y anteriormente, en esta ocasión para hacer cumplir las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para la Américas.
Personal investigador de Amnistía y su proyecto Evidence Lab han verificado vídeos en los que se observa el uso de la detención como primera medida y no como último recurso, el uso de fuerza innecesaria y excesiva para hacer cumplir el confinamiento por la COVID-19, y la imposición de cuarentenas en condiciones inhumanas. Los vídeos parecen indicar que quienes viven en la pobreza, las personas sin hogar y la población refugiada y migrante tienen mayores probabilidades de sufrir estas medidas punitivas.
“La COVID-19 nos afecta a todas las personas, pero no de la misma forma. Muchas de las que sufren represión en las Américas son personas marginadas que necesitan acceso a alimentación, asistencia médica y otros servicios básicos, no ser criminalizadas y sometidas a malos tratos. Los gobiernos se equivocan si piensan que con medidas represivas van a proteger a la gente de esta enfermedad”, ha dicho Erika Guevara Rosas.
La detención como primera medida para hacer cumplir el confinamiento
Desde principios de abril, muchos países de las Américas han declarado el estado de excepción y han impuesto cuarentenas y/o toques de queda con el objetivo de frenar la propagación de la COVID-19. Aunque las restricciones varían, algunos países están adoptando enfoques coercitivos para hacer respetar las restricciones, que incluyen el uso de la detención y otras medidas punitivas con carácter prioritario y no como último recurso.
Por ejemplo, las autoridades de República Dominicana declararon el estado de excepción e impusieron el toque de queda en marzo. Según informes de la Policía Nacional, las fuerzas del orden han practicado unas 27.000 detenciones del 8 de abril al 7 de mayo, al parecer por incumplimiento del toque de queda nocturno. A Amnistía Internacional le preocupa la decisión de las autoridades de detener a personas sólo por incumplir las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19, sobre todo porque hay muy poca información pública y accesible respecto a las condiciones de detención de estas personas. Tampoco está claro si las personas detenidas tienen acceso a representación legal y otras garantías del debido proceso. Escribimos a las autoridades para solicitar más información.
Los vídeos verificados apuntan a que la policía dominicana está practicando detenciones sistemáticas y recluyendo a gente sin distanciamiento físico por no llevar mascarilla. Las autoridades recurren con frecuencia al uso de fuerza innecesaria en las detenciones, tendencia que Amnistía Internacional ha documentado al investigar las reiteradas detenciones arbitrarias de trabajadoras sexuales y de jóvenes en informes anteriores sobre el país.
Igualmente, las autoridades de El Salvador, han detenido a miles de personas por presunta violación de la cuarentena en el domicilio y las han recluido en “centros de contención” del gobierno desde marzo. Amnistía Internacional ha examinado documentos jurídicos presentados para impugnar estas detenciones, en los que se afirma que algunas personas han sido detenidas sólo por salir de casa a comprar comida o medicamentos.
Amnistía Internacional ha verificado más vídeos grabados en Puerto Rico, México y República Dominicana en los que la policía parece estar interceptando o deteniendo a personas que se dirigen a comprar alimentos y otros artículos básicos.
Los Estados tienen la obligación de prohibir las detenciones arbitrarias, incluso durante un estado de excepción. Las sanciones por incumplir las restricciones dirigidas a combatir la COVID-19 deben imponerse como último recurso y ser proporcionadas a la protección de la salud pública. En lugar de imponer sanciones para hacer respetar las restricciones, los gobiernos deberían priorizar aquellas medidas que capacitan y apoyan a las personas para poder cumplirlas, incluidas políticas que garanticen el acceso general a la alimentación y otras necesidades básicas. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que muchas personas en estos países viven al día y no pueden evitar incumplir las restricciones. En anteriores emergencias de salud pública se ha demostrado que los enfoques coercitivos para hacer cumplir las normas, incluida la imposición de sanciones, pueden ser contraproducentes y tienen efectos desproporcionados en los grupos marginados.
Malos tratos como castigo por incumplir el confinamiento
En otros vídeos verificados por Amnistía Internacional se ve a la policía recurriendo con frecuencia a castigos humillantes y degradantes por el incumplimiento del confinamiento.
En Argentina, Amnistía Internacional verificó un vídeo donde se ve a la policía golpeando a una persona sin hogar, al parecer por estar en la calle durante el confinamiento. En el contexto de la COVID-19, los gobiernos deben habilitar centros para las personas sin hogar a fin de que puedan aislarse si es necesario, y garantizar que ninguna persona queda expuesta a contraer la enfermedad.
A finales de abril, las autoridades de El Salvador publicaron vídeos en redes sociales sobre el trato inhumano y degradante a personas detenidas que, según informes, pertenecen a organizaciones delictivas. Las autoridades adoptaron medidas punitivas en los centros de detención, como reclusión las 24 horas, aislamiento de varios presuntos dirigentes de organizaciones criminales y suspensión de la comunicación con el exterior. Según la ONU, con tales medidas se corre el peligro de agravar la propagación de la COVID-19.
Indicios de uso ilegítimo de la fuerza contra personas que protestaban por la falta de comida, agua y medicamentos
En abril, el Programa Mundial de Alimentos advirtió de posibles hambrunas de “dimensiones bíblicas” debido a la repercusión económica de la COVID-19, y nombró los 10 países con mayor riesgo, entre ellos Haití y Venezuela.
Amnistía Internacional ha visto a personas manifestándose por la falta de acceso a alimentos, agua y saneamiento en varios países durante la pandemia.
En Venezuela, donde una crisis humanitaria ha llevado a casi cinco millones de personas a huir del país, a pesar de la cuarentena, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en abril hubo 150 manifestaciones para pedir alimentos y 464 para reclamar acceso a servicios básicos como electricidad, agua y gas.
En algunos casos, como en este vídeo de Venezuela, hay indicios de uso excesivo e innecesario de la fuerza para disolver las manifestaciones, compatibles con la política de represión generalizada que viene aplicándose al menos desde 2017 para silenciar la disidencia.
El Comité de DDHH de La Guajira denuncia que funcionarios de la GNB dispararon en contra de indígenas wayuu que protestaban exigiendo alimentos, medicamentos, agua potable. #12Abrpic.twitter.com/w46VTXvmWL
En Honduras, la organización no gubernamental ACI Participa documentó 106 manifestaciones pacíficas para exigir alimentos, agua y medicamentos a las autoridades locales y nacionales en abril. Según sus informes, las fuerzas de seguridad reprimieron muchas de las protestas utilizando, entre otras medidas, gas lacrimógeno y armas de fuego contra quienes se manifestaban pacíficamente.
Cuarentenas obligatorias en condiciones inhumanas
Algunos gobiernos han impuesto cuarentenas a personas por incumplir el confinamiento en el domicilio, como en El Salvador, o a personas migrantes y refugiadas y otras que han vuelto a su país de origen, como en Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador y Paraguay.
Aunque las autoridades puedan estar legitimadas para imponer cuarentenas en respuesta a la COVID-19, deben garantizar unas condiciones humanas y no discriminatorias a las personas sujetas a tales medidas, implementar un sistema de seguimiento e inspección efectivo que proteja de los malos tratos y garantizar que las personas afectadas por la medida tienen acceso a asistencia médica y asesoramiento jurídico independiente.
Sin embargo, en múltiples vídeos examinados por Amnistía Internacional, personas en cuarentena obligatoria describen su confinamiento en centros que no están preparados para guardar el distanciamiento físico o donde la provisión de refugio, agua y saneamiento es insuficiente. Algunas afirman que no se les han hecho pruebas de la COVID-19 o no han recibido los resultados, lo que significa que personas que no tienen el virus pueden estar sufriendo privación de su libertad de manera arbitraria en un lugar donde corren mayor peligro de infectarse.
A mediados de abril, en el contexto de la pandemia, unas 6.000 personas venezolanas refugiadas volvieron a Venezuela de los países vecinos que las acogían, como Colombia, Perú y Ecuador, ante la precariedad del trabajo y la falta de seguridad social; estas personas han sido ubicadas en unos 97 centros y obligadas a guardar una cuarentena y a sufrir condiciones precarias y estigmatización. De acuerdo con varios informes, en el momento de redactar estas líneas, unas 33.000 personas venezolanas habrían regresado a su país en respuesta a la COVID-19.
En un vídeo se ve a personas venezolanas que habían regresado recientemente de Colombia protestando por la cuarentena en un recinto deportivo cerrado en Pueblo Nuevo, Tachira.
Otros materiales del 27 de abril muestran que el recinto ya ha sido desocupado.
Amnistía Internacional ha planteado motivos de preocupación parecidos a las autoridades de Paraguay, donde ha habido quejas por la imposición de cuarentenas en condiciones inadecuadas a personas paraguayas que habían regresado a su país tras desempeñar trabajos informales en Brasil y otros países vecinos. Estas personas afirman que no les han hecho pruebas de la COVID-19, que no hay mascarillas ni condiciones higiénicas suficientes y que no pueden adoptar medidas preventivas como el distanciamiento físico. Además, a Amnistía Internacional le preocupa un nuevo protocolo adoptado el 9 de mayo en relación con la cuarentena obligatoria y el hecho de que podría no reunir garantías suficientes frente a posibles violaciones de derechos humanos.
En otro vídeo grabado en El Salvador, donde miles de personas han sido confinadas en centros que no reúnen las condiciones necesarias, se ve cómo personas migrantes retornadas se enfrentan a una terrible tormenta en un refugio casi a la intemperie.
#DenunciaCiudadana | Reportan que salvadoreños retornados albergados en el Centro Recreativo Pedro Pablo Castillo han sido afectados por la lluvia. Llegaron desde el 24 de marzo y no les han realizado la prueba del Covid-19. pic.twitter.com/gOymMBAcuz
El 30 de abril, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos escribieron al presidente de El Salvador para expresar su preocupación por su aparente desprecio de una resolución del Tribunal Constitucional según la cual las autoridades no podían privar de su libertad a las personas por incumplir la orden de cuarentena en el domicilio, y que el confinamiento forzoso sin pruebas de síntomas o exposición a la COVID-19 es inconstitucional.
